La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) emitió este jueves tres nuevas licencias generales con las que administra su política de sanciones a Venezuela, para permitir ciertas operaciones de la aerolínea estatal Conviasa.
La OFAC también prorrogó hasta el 4 de agosto la protección indirecta sobre Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), amenazada de embargo por acreedores de la República y de la petrolera estatal.
La licencia general 5X reemplaza a la 5W, del 4 de mayo pasado, y establece que toda transacción relacionadea con el bono de deuda PDVSA 2020 al 8,5% estará prohibida, de acuerdo a la orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018.
Como el bono PDVSA 2020 tiene como garantía colateral el 50,01% de CITGO, esto significa que los tenedores de ese papel, acreedores de la petrolera estatal, no pueden ejercer el derecho a materializar su garantía apropiándose de la filial en EEUU.
El Departamento del Tesoro ha venido prorrogando periódicamente esta protección. Esto ha ayudado a salvar a Citgo, que por otra parte enfrenta otras amenazas de otros acreedores de la República que quieren embargarla en tribunales, en pago por confiscaciones masivas decretadas por Hugo Chávez hace unos 20 años.
Por otra parte, la OFAC emitió la licencia 59, que permite a Conviasa "el despacho de aduana y los servicios de entrega; la venta, suministro, instalación, inspección, pruebas, mantenimiento, reparación, reemplazo, o la mejora de piezas, componentes, equipos, software y tecnología de aeronaves".
También le permite actualizaciones de software; soporte técnico; y otros servicios relacionados con el mantenimiento, la reparación, la actualización, la renovación, la mejora, la seguridad o la aeronavegabilidad de aeronaves en las que Conviasa o una entidad de Conviasa tenga participación.
Pero la OFAC le prohibe a Conviasa emprender cualquier de estas operaciones empleando personal u organizaciones que se rijan bajo las leyes de Rusia, Irán, China, Corea del Norte o Cuba.
La lciencia 24A por su parte actualiza sanciones anteriores para autorizar al gobierno venezolano a ejecutar ciertas operaciones vinculadas a telecomunicaciones y servicios postales. Esto permite el intercambio de comunicaciones y el envío de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela.