Adrián Luna Vázquez tiene algo que decir para explicar el rechazo de CRA al Visec: “Una cosa es cumplir una exigencia externa y otra, muy distinta, aceptar que una plataforma privada se convierta en árbitro”

El Reglamento (UE) 2023/1115, con un fundamento ambiental impone una barrera paraarancelaria que perjudica a uno de los productores más eficientes del mundo y que pasa por encima de nuestro orden jurídico, al punto de descalificar campos que la ley argentina y las provincias habilitaron legalmente. El canciller Pablo Quirno lo llamó “neoproteccionismo ambiental”, y coincidimos.

Que un comprador imponga condiciones no las vuelve justas. Oponerse a la norma en los discursos y, en los hechos, alinearse sin chistar detrás de una plataforma privada no es una postura: es una resignación. Para CRA, el gremialismo no consiste en acomodarse a lo que conviene, sino en sostener principios aunque resulten incómodos.

Ahora bien, mientras la norma rija, el productor que quiera vender a Europa debe poder hacerlo sin quedar cautivo de nadie. Y aquí aparece la confusión de quienes defienden Visec: una cosa es cumplir una exigencia externa y otra, muy distinta, aceptar que una plataforma privada se convierta en árbitro de quién puede vender y en qué condiciones. Lo primero lo impone Europa. Lo segundo no surge de ninguna norma: es una decisión de parte.

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El Reglamento, aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, pone la diligencia debida en cabeza de los operadores que introducen los productos en el mercado europeo. No obliga al productor argentino a inscribirse en Visec, no la designa autoridad de validación ni crea un sistema privado único. Europa exige información. No exige Visec. Presentar esa adhesión como consecuencia inevitable de la norma es confundir una obligación legal con una solución comercial privada.

Tampoco faltan alternativas. La Secretaría de Agricultura creó, por Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación precisamente para promover la pluralidad, y la plataforma Santa Fe Produce Sustentable demuestra que las provincias pueden construir herramientas públicas con sus propios registros. El propio canciller defendió la libertad de cada productor para elegir el sistema con el que acredita la trazabilidad ante el importador europeo, y la competencia entre soluciones como forma de bajar costos. Entonces, ¿por qué se pretende instalar que sólo una plataforma privada es válida?

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La respuesta está en el precio. Según los reclamos que constantemente recibe CRA, frigoríficos exportadores estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en Visec Carne, con descuentos sobre el valor de toda la res. ¿Cuál es la justificación, si a Europa van sólo determinados cortes?

En la soja, los esquemas diferenciados reconocieron premios; en la carne, el productor recibe un castigo. No cuestionamos que un producto diferenciado valga distinto: cuestionamos que un grupo de frigoríficos use su posición de compra para imponer una adhesión privada. La libertad de elegir no existe si quienes concentran la mayor parte de los embarques aceptan una sola plataforma y castigan a quien elige otra. Esas prácticas merecen ser analizadas desde la defensa de la competencia, y CRA no descarta promoverlo.

Hay además cuestiones institucionales que se omiten. La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales (art. 124) y la Ley 26.331 les asigna el ordenamiento de los bosques nativos y la autorización de los cambios de uso del suelo. Son ellas las que determinan, con actos administrativos, la legalidad de lo que se produce en su territorio, y el propio Reglamento europeo admite evaluar el riesgo por países «o partes de ellos». Cuando una asociación civil desconoce o reemplaza lo que decide una autoridad provincial competente, desconoce también la organización federal del país.

Lo mismo vale para el acuerdo Visec-UATRE sobre una “constancia de legalidad laboral”. El control de la legislación laboral corresponde a las autoridades administrativas del trabajo, dentro del Sistema Integral de Inspección del Trabajo de la Ley 25.877, y la Ley 23.551 sólo permite al delegado acompañar a los inspectores oficiales como veedor. La función gremial no es poder de policía, y la adhesión a una plataforma no puede ser una vía indirecta para crear facultades que la ley no reconoce.

Frente a todo esto, el Estado nacional no puede mirar desde afuera. Cuando hubo que acreditar condiciones para acceder a mercados -protocolos sanitarios, cuotas Hilton y 481, establecimientos habilitados- fue el Estado quien validó su cumplimiento. ¿Por qué ahora debe limitarse a ceder datos de sus registros -con un consentimiento difícilmente libre en los términos de la Ley 25.326, cuando negarlo significa no poder vender- y dejar que los particulares definan las reglas? Sin validación pública, el poder de compra se convierte en poder de regulación. Paraguay Brasil y Uruguay ya desarrollaron herramientas públicas. Y es, al menos, contradictorio que el Estado reconozca a las exportaciones agropecuarias como su principal fuente de divisas y de recursos fiscales, y luego delegue en otros la validación de las condiciones que permiten generarlos.