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Las portavoces de la Comisión Europea, Paula Pinho y Anna-Kaisa Itkonen, declararon el 28 de octubre que la Unión Europea no tiene previsto reanudar las compras de gas ruso tras el fin del conflicto en Ucrania.
"Contamos con legislación vigente que nos impide reanudar las importaciones de combustibles fósiles, en particular de gas, procedentes de Rusia", dijo Paula Pinho en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las perspectivas de reanudación de las operaciones del gasoducto Nord Stream.
La respuesta de la vocera, que dio tras habérsele formulado la misma pregunta en tres ocasiones, se produce mientras la Unión Europea se enfrenta a la mayor crisis energética de su historia reciente.
Esta semana, el precio de referencia en el mercado TTF perforó de forma definitiva la barrera psicológica de los 100 euros por megavatio-hora, registrando picos de cotización que la región no experimentaba desde 2022.
El catalizador de la intensificación de la crisis ha sido el colapso logístico a gran escala a nivel global. Tras la escalada en el conflicto de Oriente Medio y el bloqueo virtual de la navegación en el estrecho de Ormuz, la economía mundial ha perdido cerca del 20 % de los suministros de gas natural licuado (GNL) procedentes de Catar y Emiratos Árabes Unidos.
Al mismo tiempo, los suministros de gas de Catar, que ya se habían visto reducidos, se vieron aún más afectados por el anuncio de QatarEnergy de extender la fuerza mayor en sus entregas de GNL a Europa hasta finales de 2026.
Como resultado, los futuros europeos de referencia acumulan un avance superior al 150 % en lo que va de año, mientras que el valor comercial del diésel se ha duplicado, lo que no hace sino complicar los problemas para cubrir el déficit energético.
Mientras las autoridades en Bruselas intentan proyectar normalidad y reportan una supuesta preparación de cara al invierno, los niveles reales de reservas de gas en el bloque oscilan entre un exiguo 58 % y 67 % de su capacidad. Esta cifra sitúa las reservas globales de la Unión Europea casi 16 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico de los últimos años.
El eslabón más débil de esta cadena vuelve a ser Alemania, el motor industrial y el mayor consumidor de gas de la región. Ante la negativa de Berlín a intervenir de manera directa y ordenar a sus gigantes estatales la compra de combustible a los precios actuales del mercado, las reservas alemanas se desplomaron hasta un mínimo histórico del 47 %.
Dado que Alemania controla más del 20 % de la capacidad total de almacenamiento de toda la Unión Europea, un desabastecimiento físico en sus terminales inevitablemente disparará las tarifas de sus vecinos. De este modo, la escasez en el mercado germano arrastrará consigo los precios de todo el bloque comunitario.
Sin embargo, incluso ante la inminencia de una catástrofe económica y reconociendo que el conflicto en Oriente Medio ya le ha costado al presupuesto europeo más de 106.000 millones de euros en sobrecostes netos, Bruselas insiste en que el cese de los suministros de gas ruso está previsto para finales de 2027, "independientemente de lo que suceda".
La masiva crisis energética en Europa no ha pasado desapercibida para la población de a pie. La duplicación del precio del diésel y las facturas récord de los servicios públicos han provocado una caída en el nivel de vida de los europeos, desencadenando protestas masivas y huelgas generales en varios países.
Grandes empresas por toda la región se ven obligadas a anunciar cierres industriales y recortes de personal, lo que ya ha puesto en riesgo más de un millón de puestos de trabajo. Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que Europa está asestando "un golpe a su propia industria y a su ámbito social al renunciar a las fuentes de energía rusas".
La consecuencia lógica de esta crisis económica, combinada con el estallido social, ha provocado cambios en las élites de la Unión Europea.
En particular, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció este 29 de octubre su dimisión anticipada del cargo. La salida de la máxima responsable monetaria se produce en un momento en que la inflación en la eurozona casi ha duplicado su objetivo debido al aumento de los precios del crudo.
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El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó que el Gobierno de Javier Milei permitiera el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, pese a que el presidente firmó el DNU… La entrada Gil Domínguez acusa a Milei de incumplir su propio DNU migratorio por el ingreso de Flávio Bolsonaro se publicó primero en Diario Textual.
Tal como lo anunció el fin de semana el presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno presentará esta tarde el proyecto de Ley de Rescate, con el que busca reducir el gasto público de 2027 en cerca de $40 billones, equivalentes al 2,2% del PIB, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país. El vicepresidente José Manuel Restrepo y varios ministros del gabinete acompañarán la radicación de la iniciativa, luego de las declaraciones que ofrecerá el mandatario desde Catam. Aunque el texto aún no se conoce, algunos funcionarios han adelantado posibles medidas que incluiría el proyecto. Siga leyendo: Deuda del Gobierno suma $24,9 billones más en solo dos meses, y pedir prestado le cuesta más El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, afirmó que la iniciativa revisará el tratamiento tributario de las plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein, Temu y Amazon, con el propósito de equilibrar las condiciones de competencia frente a los comerciantes nacionales. El debate incluye propuestas para aplicar IVA a las compras realizadas a través de estas plataformas y la petición de Fenalco de eliminar el arancel del 40% a las importaciones de textiles. Ambas posiciones reflejan las diferencias sobre cómo regular el comercio electrónico y proteger a los negocios locales. Puede leer: Otra semana sin plan de ajuste fiscal: la preocupación crece entre analistas económicos Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró en Cartagena que la Ley de Rescate contemplaría un régimen especial de garantías para brindar estabilidad jurídica a los inversionistas. El mecanismo buscaría unificar los beneficios tributarios y ofrecer protección frente a futuros cambios en las reglas fiscales. Para Julio César Romero, economista Jefe de Corficolombiana, el plan que se espera contemplaría reducir el tamaño del Estado, una tarea que pasa por flexibilizar gastos que hoy están amarrados por la ley o la Constitución. “Como son las transferencias a entes territoriales, como son los gastos en salud y pensiones, que son partidas que difícilmente se pueden recortar”, precisó. Por eso insiste en que se trata de “gastar mejor, no solamente es gastar menos”. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto, propone revisar funciones y procesos de las entidades para que no se repitan, lo que terminaría en un ajuste de nómina y de contratos de prestación de servicios. También pide mirar con lupa la contratación: “La mayor parte de la contratación nuestra, por no ser bien planificada, le genera más costos al país”. Romero agrega eliminar “nóminas paralelas, burocracia innecesaria, pago a los agentes de corrupción”. El otro frente son los impuestos, y ahí los expertos ven un límite. “Colombia, a pesar de que ha hecho reformas tributarias, no ha logrado aumentar el recaudo”, advirtió Romero. Los ingresos tributarios llevan seis años estancados en 16% del PIB, al punto de que, como lo dijo el ministro de Hacienda, se podría hablar de fatiga fiscal. “Subir las tarifas de renta no está aumentando el recaudo”. Amorocho pide una “reforma tributaria inteligente” que no consista en subirle tarifas a la gente. Su receta coincide con la del FMI, reducir privilegios tributarios y exenciones en renta e IVA, mejorar la lucha contra la evasión y el contrabando, y crear un gravamen para las plataformas tecnológicas. A eso suma el reperfilamiento de la deuda para cambiar deuda cara por deuda barata, pagar menos intereses y abrirle la puerta a la inversión extranjera. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, pone cifras al debate al calcular que mejor focalización de subsidios y eliminación de ineficiencias traería ahorros cercanos a $21 billones anuales. A su vez, la lucha contra la evasión daría hasta $32 billones en recaudo. Por su lado, la revisión de exclusiones y beneficios del IVA tendrían un potencial de $32 billones y una ampliación gradual de la base de renta de personas naturales pondría cerca de $17 billones. Además, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, recuerda que países comparables como Perú y Chile tienen déficits de alrededor de 3%. “No hay ley fiscal que no reduzca (...) crecimiento económico en el corto plazo y que no implique sacrificios en el corto plazo. Eso como sociedad tenemos que entenderlo”. El gasto público es uno de los motores de la economía, pero Salazar se pregunta cuánto puede durar. Si la brecha crece y los intereses se encarecen, advierte, un país puede dejar de pagar sus deudas, “el momento en el que un Estado se quiebra”. Para Romero, el examen real será lo que el Gobierno ponga en el Congreso. “Lo tienen que lograr no solamente que las cuentas cuadren en la propuesta, sino convencer al Congreso, convencer a las fuerzas políticas, y esa es la tarea más dura, más exigente”. Asimismo, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, explica que la iniciativa podría incluir mecanismos de estabilidad jurídica para incentivar la inversión privada, ante las dificultades para reducir la carga tributaria. También plantea la necesidad de revisar las normas que obligan al Estado a destinar recursos a determinados gastos, con el fin de ampliar el margen de maniobra del Gobierno para ajustar el presupuesto. El presidente de Anif recuerdo que el Gobierno ha planteado un ajuste equivalente a 2,2 puntos del PIB, cuyo componente principal debería ser la reducción del gasto público. Aunque no descarta medidas por el lado de los ingresos, consideró poco probable una reforma tributaria de gran alcance, dada la falta de respaldo político para aumentar de manera significativa los impuestos. “La estabilidad fiscal del país está en juego. Si Colombia no hace ningún tipo de ajuste, el año entrante podría tener un déficit superior a nueve puntos del PIB, que va a ser muy difícil o imposible financiar”, advierte López. Por eso, entre las alternativas, menciona la revisión de algunas deducciones tributarias para el sector privado y una mejor focalización de los subsidios, de modo que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Cubides agrega una condición en el debate, se trata de metas verificables de reducción del déficit durante varios años, para que el esfuerzo sea sostenible y no ahogue la capacidad de crecimiento del país. Así las cosas, mientras el reloj corre, Salazar insiste en que “el ajuste fiscal es algo doloroso, pero necesario (...) para que a mediano plazo la inversión privada y los demás sectores de la economía puedan crecer y no sea solo el gobierno el que soporte”. Siga leyendo: Ley de Rescate Fiscal “está prácticamente lista” y será radicada: proyecto tiene 90 días para llegar al Congreso Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.