La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva con la que Donald Trump pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para determinados niños nacidos en el país.
Con una votación de seis magistrados frente a tres, la Corte confirmó las decisiones de tribunales inferiores que habían bloqueado la medida antes de que pudiera entrar en vigor. El fallo supone un importante revés político para Trump y refuerza la interpretación tradicional de la Constitución sobre quién tiene derecho a ser ciudadano estadounidense desde el momento de su nacimiento.
La resolución llega, además, en el cierre del periodo anual de sesiones del tribunal y pocos días antes de la celebración del 4 de julio, una fecha de fuerte simbolismo para el país por conmemorarse el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
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La orden ejecutiva fue firmada por Trump el mismo día en que regresó a la Casa Blanca como parte de un amplio paquete de medidas para endurecer la política migratoria.
Hasta ahora, cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones muy limitadas.
La orden pretendía eliminar ese derecho para los hijos de personas que se encontraran en Estados Unidos de forma irregular o cuya estancia fuera únicamente temporal, como estudiantes extranjeros, trabajadores con visados, turistas o visitantes.
De haber entrado en vigor, las autoridades federales habrían dejado de reconocer como ciudadanos estadounidenses a esos recién nacidos, obligando a miles de familias a demostrar el estatus migratorio de los padres para acreditar la nacionalidad de sus hijos.
Diversos expertos estimaban que la medida podría afectar cada año a unos 250.000 bebés, además de generar incertidumbre jurídica para millones de familias inmigrantes.
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El debate jurídico se centró en la interpretación de la 14.ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil estadounidense.
"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".
Esta disposición fue incorporada para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos tras la abolición de la esclavitud y para revertir el histórico fallo Dred Scott de 1857, que había negado ese derecho a las personas afroamericanas.
Con el paso del tiempo, esa cláusula se convirtió en el fundamento constitucional del principio conocido como ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship), uno de los pilares del sistema migratorio estadounidense.
La Casa Blanca defendía una interpretación mucho más restrictiva de la expresión "sujetas a su jurisdicción".