La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades financieras, contables y administrativas en la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), tras auditar su gestión entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024. Los procesos de compras y contrataciones más sensibles ascienden a RD$628,367,484, mientras el informe también señala fallas en cuentas bancarias, inventarios, vehículos, terrenos, bienes institucionales y pagos de viáticos.
La Contraloría reanudó la publicación de auditorías internas a instituciones del Estado después de que el presidente Luis Abinader instruyera divulgar más de 125 fiscalizaciones realizadas entre 2020 y 2025.
El período fiscalizado comprende parte de la gestión del mayor general retirado Leonel Amílcar Muñoz Noboa (2020-2022) y los dos años encabezados por el mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez (2022-2024), quien actualmente se desempeña como viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales.
Los hallazgos más sensibles involucran compras no planificadas por RD$ 335.5 millones, contratos de urgencia por RD$230.9 millones pese a estar previstos y una adjudicación de RD$61.7 millones señalada por posible conflicto de interés.
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El informe pone bajo examen un aspecto central de la gestión pública, la forma en que una institución militar planificó, justificó y ejecutó sus compras durante el período fiscalizado. Aunque la auditoría también detectó debilidades financieras, bancarias, contables, patrimoniales y de inventario, el capítulo de compras y contrataciones reúne los hallazgos administrativos más relevantes y expone las fallas más visibles del control interno.
Según la fiscalización, la revisión no se limitó a comprobar expedientes. También evaluó el cumplimiento de leyes, normas básicas de control interno y procedimientos aplicables a entidades estatales. El resultado fue una relación de hallazgos que la Contraloría mantuvo vigente aun después de recibir la réplica institucional de la FARD.
De acuerdo con el informe, las irregularidades de mayor peso se concentran en el sistema de compras y contrataciones, con procesos fuera del Plan Anual de Compras y Contrataciones, procedimientos de urgencia aplicados a necesidades previamente programadas y un caso con indicios de conflicto de interés por vínculos familiares entre miembros de la institución y el proveedor adjudicado.
Frente a esos señalamientos, la FARD respondió que varias observaciones se encuentran en proceso de subsanación y que ha adoptado medidas para fortalecer la planificación de compras, la revisión de posibles conflictos de interés y los controles internos aplicables a los procesos de contratación pública.
La fiscalización luego amplía el alcance a otras áreas de control. Entre las debilidades señaladas figuran la falta de estados financieros conforme a la normativa, cuentas bancarias registradas a nombre de la FARD pero administradas por otras unidades, ausencia de manuales para ingresos y cuentas por cobrar, registros incompletos bajo el método del devengado e inconsistencias en los formularios remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Sobre esos puntos, la institución alegó que trabaja en la elaboración anual de sus estados financieros, en la formalización de políticas para ingresos y cuentas por cobrar y en la regularización de cuentas bancarias administradas por dependencias operativas. La Contraloría, sin embargo, mantuvo los hallazgos y reclamó planes de acción verificables.
El informe también identifica irregularidades en inventarios y bienes institucionales, entre ellas almacenes sin políticas formales, entradas y salidas sin documentación suficiente, artículos sin codificación física, diferencias entre conteos y reportes internos, vehículos sin matrícula o registrados a nombre de terceros, activos sin códigos de Bienes Nacionales y terrenos institucionales sin titularidad plenamente regularizada.
En su defensa, la FARD sostuvo que avanza en una herramienta tecnológica para inventarios, con códigos de barras y QR, y que gestiona ante los órganos correspondientes la regularización de vehículos, activos y terrenos. También atribuyó parte de las diferencias a errores humanos, omisiones documentales o trámites pendientes. La Contraloría mantuvo las observaciones al considerar que las medidas anunciadas aún requerían evidencias de cumplimiento.
La parte más sensible de la auditoría aparece en el área de compras. De una muestra de quince procesos revisados por un monto global de RD$ 3,994,941,807, la Contraloría verificó que cuatro, ascendentes a RD$ 335,583,684, no estaban incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones. El dato revela una falla de origen, con compras ejecutadas al margen del instrumento que debe ordenar las necesidades, anticipar los gastos y dar previsibilidad a los oferentes y a los órganos de fiscalización.
En una institución militar, la planificación no es un requisito menor. Buena parte de sus adquisiciones está vinculada a operaciones, logística, seguridad, mantenimiento, combustibles, infraestructura o abastecimiento. Cuando ese punto de partida falla, las decisiones quedan más expuestas a la improvisación, a la discrecionalidad administrativa y a procesos menos transparentes.
