El ‘carretaxe’ que Feijóo no menciona: las mayorías gallegas bajo la sombra del fraude electoral, de eso no dice ni muah..?

Mientras el PP y Vox proyectan sobre el Gobierno de Sánchez un supuesto “bulo” de manipulación electoral, en Galicia existe un historial documentado de acarreo de votantes dependientes, voto por correo fraudulento y sanciones simbólicas que acompañó durante más de una década las mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijóo. La máxima popular —¿cree el ladrón que todos son de su condición?— resume con precisión la paradoja: quienes denuncian sin pruebas un “pucherazo” nacional son los herederos políticos de un territorio donde el “carretaxe” tiene nombre propio, casos judiciales y una impunidad estructural que nunca ha llegado a condena penal firme.

Feijóo gobernó la Xunta durante cuatro legislaturas consecutivas —2009, 2012, 2016 y 2020— con mayorías absolutas que presentó siempre como refrendo incontestable de su gestión. Esa lectura, sin embargo, omite una realidad que la prensa gallega y estatal ha documentado desde al menos 2012: la existencia de un entramado de prácticas de manipulación del voto de personas mayores, muchas de ellas con demencia o alzhéimer, residentes en asilos y residencias, que fueron trasladadas a los colegios electorales con papeletas ya seleccionadas. Es lo que en Galicia se conoce como “carretaxe” (acarreo).

La periodista Yolanda Díaz lo resumió con crudeza en el Congreso en junio de 2025, cuando Feijóo cuestionaba el sistema electoral: “En Galicia votaban los vivos y los muertos. Con Fraga y Feijóo votaban los vivos y los muertos, ¿se acuerdan del carretaxe? El señor Feijóo habla de algo que conoce muy bien en Galicia”. No era una hipérbole. Era la síntesis de una década de denuncias, informes forenses y autos judiciales que, aunque casi nunca terminaron en condena, sí dejaron un reguero de hechos probados y de advertencias institucionales desoídas.

El caso más elocuente sigue siendo el de las elecciones autonómicas de octubre de 2012 en Lugo. Una denuncia del entonces diputado de AGE Ramón Vázquez puso el foco sobre el traslado de residentes del asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados al colegio electoral situado a apenas 200 metros. La instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo se apoyó en fotografías del día de la votación y, sobre todo, en informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que acreditaron que varios votantes “carecían de capacidad para comprender y decidir el sentido de su voto” debido a demencia senil o alzhéimer.

La investigación condujo, en junio de 2016, a la apertura de juicio oral contra cuatro dirigentes y cargos del PP provincial, entre ellos el ex presidente provincial José Luis Iravedra, que también había sido miembro del consejo de administración de la CRTVG. El procesamiento describía una operación coordinada para llevar a votar a personas legalmente incapacitadas para emitir un sufragio consciente. Sin embargo, en abril de 2017 la Audiencia Provincial de Lugo archivó la causa. El auto no negó los hechos: reconoció expresamente que hubo “carretaxe” y compartió el “reproche ético y social” que merecía, pero concluyó que las conductas no encajaban en los delitos electorales tipificados entonces en la LOREG, al no constituir “actos de propaganda electoral” ni uso indebido de papeletas o sobres. Fue la constatación judicial de una brecha: los hechos existieron, pero el Código Penal electoral no estaba hecho para castigarlos.

Once años después, el ‘carretaxe’ mutó de forma. En las municipales del 28 de mayo de 2023, el municipio ourensano de Castro Caldelas —unos 1.100 electores donde la alcaldía se decidía por un puñado de votos— se convirtió en el epicentro de un escándalo de voto por correo. Correos alertó de “incidencias” en la tramitación de sufragios de residentes de la residencia local, algunos con alzhéimer. La Junta Electoral de Zona anuló los votos afectados y llegó a devolver la facultad de votar en urna a cuatro mayores a los que se les había tramitado el voto sin garantías. Pero el problema fue más allá: los 118 votos por correo permanecieron una semana en un despacho antes del recuento, lo que rompió la cadena de custodia. La Junta Electoral Central anuló los comicios y obligó a repetirlos el 26 de noviembre de 2023.

La causa penal, sin embargo, murió en febrero de 2024. El Juzgado de Instrucción número 1 de A Pobra de Trives sobreseyó provisionalmente al no apreciar indicios de delito electoral. El archivo se sustentó en la declaración de la responsable de reparto de Correos, que había decidido no entregar la documentación a receptores que consideró sin capacidad, pero el destino final de la investigación interna de Correos nunca se hizo público. De nuevo, la sombra de la manipulación fue real —hasta el punto de invalidar una elección—, pero la respuesta penal fue el silencio.

El patrón se repitió en las elecciones gallegas del 18 de febrero de 2024. En Vigo, Cambados y Lugo se fotografió y denunció a religiosas de residencias de mayores acompañando a residentes a votar con la papeleta ya en la mano o introduciéndola directamente en el bolsillo de los ancianos. El PSOE de Lugo llevó los hechos a la Junta Electoral. Pero el testimonio más revelador llegó desde Vigo: una hermana de las Hijas de María Inmaculada, encargada de la logística del transporte, admitió ante El Salto que solo había ofrecido a las residentes papeletas de PP, Vox, PSOE y BNG, excluyendo deliberadamente al resto de candidaturas. “Les puse las papeletas que llegaron a casa”, declaró.

Las consecuencias legales de estos episodios han sido, hasta la fecha, inexistentes o puramente testimoniales. No consta ninguna resolución judicial o electoral que haya impuesto sanción alguna a las congregaciones o a las personas implicadas en el traslado organizado de votantes dependientes durante la campaña gallega de 2024.

El caso de Amoeiro (Ourense, 2015) ilustra con precisión quirúrgica el nivel de castigo que el sistema reserva a estas prácticas. Dos trabajadoras de ayuda a domicilio —una de ellas candidata del PP y otra hermana de otro candidato— visitaron fuera de horario laboral a ancianos a su cargo para inducirles a delegar el voto por correo, prometiéndoles que “harían todos los trámites y mandarían un notario gratis”. La Junta Electoral de Zona consideró “acreditado” que vulneraron la LOREG y las expedientó. La sanción final fue de 90 euros a cada una. Ninguna condena penal. Ninguna inhabilitación. Ninguna consecuencia política relevante.

Ese es el patrón que se repite: denuncia, cobertura mediática, expediente o instrucción, archivo por atipicidad o multa irrisoria, y vuelta a empezar en el siguiente ciclo electoral. El propio Tribunal Supremo, en el caso Melilla de 2008, describió el voto por correo como un sistema de “trámites fácilmente manipulables”, y la LOREG sigue sin tipificar específicamente el acarreo de votantes dependientes cuando no media suplantación de identidad. La consecuencia es una asimetría evidente: mientras asuntos menores reciben respuestas rápidas, las denuncias por manipulación del voto de mayores en Galicia se acumulan en juzgados y juntas electorales sin desenlace condenatorio conocido.

Sobre este trasfondo, las acusaciones de Feijóo y Abascal contra el Gobierno de Pedro Sánchez adquieren un tono cuando menos paradójico. El líder del PP ha sostenido en el Congreso que el Ejecutivo está “solo pendiente de manipular el censo con la ley de nietos” y que pretende “fabricar dos millones y medio de votantes” mediante nacionalizaciones, una “ingeniería social” que, según él, no tiene “objetivos inocentes”. Abascal, por su parte, ha convertido la sospecha de fraude en un mensaje recurrente: ha pedido a los ciudadanos que no voten por correo, ha alertado de un supuesto “pucherazo” y ha llegado a afirmar que Sánchez “pretende robar estas elecciones”.

El líder de Vox ha ido aún más lejos al sumarse explícitamente a la narrativa del “bulo” sobre el voto por correo, animando al voto presencial para evitar una presunta manipulación que nunca ha documentado. Sánchez le respondió en el Congreso que sus acusaciones eran “una excusa ante su próxima derrota” y propias de una “conspiración judeomasónica”, recordándole que desde 2018 se han celebrado más de 40 procesos electorales “de forma modélica”.

La ironía es que el partido que durante años ha sido señalado por el ‘carretaxe’ en Galicia es precisamente el que ahora exige limpieza democrática al resto de España. Yolanda Díaz lo expresó sin rodeos: “¿Cómo se atreve Feijóo a reclamar limpieza, si el PP de Galicia es el partido con experiencia demostrada en comprar y carretar votos?”. El dicho popular encaja: quien tiene experiencia en la manipulación del voto de los más vulnerables es propenso a creer que todos los demás hacen lo mismo.

Las mayorías de Feijóo en Galicia no han sido declaradas ilegales. Pero la acumulación de casos documentados —Lugo 2012, Castro Caldelas 2023, Vigo, Cambados y Lugo 2024, Amoeiro 2015— dibuja un ecosistema en el que el voto de personas dependientes fue tratado como un recurso electoral disponible, y en el que la respuesta institucional fue sistemáticamente la mínima expresión. Mientras tanto, Feijóo y Abascal han construido un relato nacional de “fraude” y “bulo” que carece de pruebas firmes y que, aplicado a su propio historial, resulta profundamente incómodo.