Ceuta: la apuesta de Marruecos que EEUU e Israel no compraron

La estabilidad del Mediterráneo pesa más en Washington que cualquier otro tipo de alternativas estratégicas

La reciente crisis de Ceuta ha dejado una conclusión estratégica mucho más importante que cualquier incidente fronterizo. Marruecos parecía confiar en que la excelente relación construida durante los últimos años con Estados Unidos e Israel le proporcionaría, si no un respaldo explícito, al menos una actitud de comprensión o de pasividad ante una estrategia de presión sobre España. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, ninguno de los dos estuvo dispuesto a respaldar la posición de Rabat. Comprender por qué ocurrió exige entender primero qué es realmente Marruecos y cuál era el contexto político en el que se produjo esta escalada.

El primer error consiste en analizar Marruecos como si fuera una democracia parlamentaria homologable a las democracias liberales occidentales. No lo es. Aunque dispone formalmente de una Constitución, un Parlamento y elecciones multipartidistas, las grandes decisiones del Estado —política exterior, defensa, seguridad, inteligencia y asuntos religiosos— permanecen bajo el control efectivo de Mohammed VI y del Makhzen, la compleja red política, militar, económica y administrativa que sostiene a la Corona.

La legitimidad del régimen tampoco descansa únicamente en el poder político. Mohammed VI ostenta constitucionalmente el título de Amir al-Mu’minin, Comendador de los Creyentes, y la dinastía alauí basa históricamente su legitimidad en proclamarse descendiente directa del profeta Mahoma. La autoridad política y la autoridad religiosa convergen así en la misma persona, otorgando a la monarquía un peso institucional excepcional.

A ello se añade un elemento igualmente decisivo: el control económico. A través de Al Mada, controlado por el holding patrimonial Siger, la familia real participa en algunos de los mayores bancos, empresas mineras, grupos de distribución, compañías energéticas e industriales del país. Diversos estudios sitúan bajo la influencia directa o indirecta de la Casa Real aproximadamente entre un tercio y cerca de la mitad de la capitalización bursátil de Casablanca. Son pocos los Estados donde el jefe del Estado concentra simultáneamente semejante poder político, religioso y económico.

Por ello, las elecciones legislativas previstas para septiembre deben interpretarse con cautela. Existe competencia entre partidos, pero los comicios deciden quién administra el Gobierno, no quién determina la dirección estratégica del Reino. Esa sigue siendo una prerrogativa esencial de la monarquía. Precisamente por eso estas elecciones adquieren especial importancia. Todo apunta a una recuperación significativa del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), de orientación islamista, y a un fortalecimiento del nacionalismo conservador de Istiqlal. Ambos mantienen posiciones claramente más próximas a la causa palestina y considerablemente menos receptivas hacia Israel que los partidos más cercanos al establishment. El PJD continúa rechazando la normalización con Israel, mientras que Istiqlal mantiene una retórica marcadamente pro-palestina, aunque termine aceptando las grandes decisiones estratégicas de la Corona.

En ese contexto, la reciente tensión sobre Ceuta admite una interpretación política plausible. La reivindicación de Ceuta y Melilla constituye uno de los pocos asuntos capaces de generar consenso entre prácticamente todas las fuerzas políticas marroquíes. En vísperas de unas elecciones potencialmente complicadas para el establishment, elevar la presión sobre España podía contribuir a desplazar el debate público desde los problemas económicos y sociales hacia una cuestión de soberanía nacional, reforzando la cohesión en torno a la monarquía.

Ese cálculo pudo verse reforzado por una determinada lectura del contexto internacional. Durante los últimos años, Rabat ha estrechado sus relaciones con Washington y ha construido una cooperación estratégica sin precedentes con Israel en materia de defensa, inteligencia y tecnología. A ello se unía la percepción de un Gobierno español profundamente debilitado, tanto por su situación política interna como por el deterioro de sus relaciones con algunos de sus principales aliados occidentales. Desde la perspectiva marroquí, podía parecer un momento propicio para aumentar la presión sobre España.

Sin embargo, esa lectura ha demostrado tener límites muy claros. Estados Unidos mantiene diferencias evidentes con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sus intereses estratégicos son mucho más permanentes que cualquier coyuntura política. La estabilidad del Estrecho de Gibraltar, la seguridad del flanco sur de la OTAN y la utilización de las bases españolas continúan siendo prioridades fundamentales para Washington. Ninguna administración estadounidense tiene interés en favorecer una crisis permanente en uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.

Algo similar ocurre con Israel. La cooperación con Marruecos responde a intereses estratégicos reales y probablemente seguirá desarrollándose. Pero Israel conoce perfectamente la realidad política y social marroquí. Las encuestas de Arab Barometer muestran que Marruecos se encuentra entre los países árabes con menor apoyo popular a la normalización. Tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, apenas alrededor del 13 % de los marroquíes apoyaba mantener relaciones diplomáticas con Israel. La distancia entre la política de la monarquía y la opinión pública es enorme.

Precisamente por ello resulta significativo que, durante la crisis de Ceuta, ni Washington ni Jerusalén respaldaran oficialmente las posiciones marroquíes. Más allá de declaraciones aisladas o de comentarios de actores políticos sin capacidad de decisión, no existió ningún apoyo institucional a la estrategia seguida por Rabat. Es razonable pensar que la diplomacia marroquí desplegó un importante esfuerzo para obtener una posición más favorable de sus dos principales socios estratégicos. Sin embargo, ese respaldo nunca llegó. Y esa ausencia probablemente dice mucho más que cualquier comunicado oficial.

Existe una explicación de fondo. Si la relación con la monarquía marroquí se considera hoy suficientemente consolidada, tanto la Administración Trump como el establishment estratégico israelí parecen conceder una importancia creciente a preservar la posibilidad de reconstruir una excelente relación con un futuro Gobierno español. La actual confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede ser coyuntural; la importancia geopolítica de España, en cambio, es permanente. Ni Washington ni Jerusalén tienen interés en hipotecar esa relación por una cuestión como Ceuta.

La crisis deja también una lección para España. Marruecos depende extraordinariamente de la Unión Europea. Aproximadamente dos tercios de sus exportaciones tienen como destino el mercado europeo y buena parte de su inversión, financiación y crecimiento dependen del acceso privilegiado a la economía de la Unión. Esa dependencia constituye una poderosa palanca de influencia que España apenas ha utilizado. En lugar de convertir la presión sobre Ceuta y Melilla en una cuestión plenamente europea, Madrid ha permitido que la crisis siguiera percibiéndose en gran medida como un problema bilateral.

Sin embargo, en Bruselas empieza a abrirse paso una idea cada vez más clara: la presión sobre Ceuta y Melilla ya no afecta únicamente a España. Afecta a las fronteras exteriores de la Unión Europea, a la política migratoria común y a la estabilidad del Mediterráneo occidental. Cuanto antes se asuma esa realidad, mayor será la capacidad europea para disuadir futuras crisis.

La reciente escalada deja, en definitiva, una conclusión estratégica de gran alcance. Marruecos ha comprobado que su excelente relación con Estados Unidos e Israel no constituye un cheque en blanco. Washington y Jerusalén distinguen perfectamente entre cooperar con la monarquía alauí y respaldar iniciativas que puedan desestabilizar el Mediterráneo occidental o deteriorar las relaciones con España. Esa diferencia, probablemente, será una de las principales lecciones geopolíticas que deje la crisis de Ceuta.