Ayuso sigue quemando 'grasa burocrática': Madrid suma 738 medidas contra la hiperregulación y prepara una ley

Ayuso quiere poner freno a la maraña regulatoria: cada nueva carga para las empresas deberá compensarse con la eliminación de otra y las obligaciones se concentrarán en dos fechas al año.

La Comunidad de Madrid quiere seguir quitando peso a la burocracia que soportan empresas y ciudadanos. Una cuestión que se ha convertido casi en una obsesión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien considera que los trámites y el papeleo dilatan demasiado los plazos. Y es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acumula ya 738 medidas de simplificación normativa y prepara una nueva ley para profundizar en esta estrategia contra la ‘hiperregulación’, con la que pretende facilitar la actividad empresarial y atraer nuevas inversiones.

La norma, anunciada por la consejera de economía y hacienda, Rocío Albert, incorporará mecanismos para evitar que la regulación siga creciendo de forma acumulativa. Uno de ellos será la llamada regla de compensación, por la que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá ir acompañada de la eliminación de otra de coste equivalente.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es que la aprobación de nuevas normas no termine generando, con el paso del tiempo, un entramado burocrático cada vez más difícil de gestionar que además suponga que se emplee un tiempo en gestiones que pudiera emplearse en aumentar la competitividad de la empresa. La futura ley también introducirá cláusulas de caducidad para determinadas normativas de organización, de manera que aquellas reglas que hayan dejado de resultar útiles no permanezcan vigentes simplemente por inercia.

Otro de los cambios que plantea Madrid afecta al calendario de entrada en vigor de las nuevas obligaciones para las empresas. La Comunidad quiere que estas solo puedan comenzar a aplicarse el 2 de enero o el 1 de julio, salvo las excepciones que establezca la propia regulación. Una simplificación para las empresas.

La medida busca dar mayor previsibilidad a las compañías, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que podrán concentrar sus esfuerzos de adaptación y evitar tener que responder durante todo el año a cambios regulatorios que la Comunidad de Madrid califica como “dispersos”. El modelo está inspirado en el sistema británico y pretende que las empresas conozcan con antelación cuándo tendrán que adaptarse a nuevas exigencias administrativas.

La futura ley también contempla la creación de entornos controlados de pruebas, conocidos como sandboxes, para que empresas y proyectos innovadores puedan ensayar soluciones que todavía no encajan completamente en la normativa vigente. Entre los ámbitos que se están explorando figuran la digitalización, el turismo, el comercio innovador y las tecnologías de la salud.

La Comunidad vincula esta estrategia con la competitividad económica. Según el Ejecutivo regional, la evidencia de organismos como la OCDE apunta a que las regiones con una regulación de mayor calidad presentan mayores niveles de crecimiento y productividad.

La nueva norma también reforzará la Aceleradora de Inversiones, que contará con procedimientos de tramitación preferente y plazos reducidos para aquellos proyectos considerados de especial interés para la región.

La intención, según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, es reducir los tiempos administrativos de determinadas inversiones y facilitar su puesta en marcha en Madrid. A ello se sumarán los entornos controlados de pruebas, con los que la Comunidad pretende que las empresas puedan experimentar bajo supervisión en ámbitos donde todavía no existe una regulación plenamente adaptada.

La ofensiva contra la burocracia se complementará con el nuevo Plan Industrial 2026-2030, que contempla una inversión de 850 millones de euros, un 65% más que el plan anterior. El Ejecutivo de Ayuso pretende además concentrar la actividad industrial madrileña en cinco distritos especializados, vinculados a las fortalezas económicas de cada zona de la región, lo que permitirá generar sinergías entre empresas por su cercanía entre sí.

El Norte estará orientado a la biotecnología, las ciencias de la vida y el audiovisual; el Este, a la logística y la automoción en el Corredor del Henares; el Sur se especializará en industria avanzada, aeronáutica y defensa; el Oeste tendrá como ejes la ciberseguridad y la inteligencia artificial; y la capital concentrará servicios avanzados y digitalización.

El plan contempla 85 medidas y seis grandes ejes de actuación. Entre ellas figuran 110 millones de euros en ayudas a pymes, 66,5 millones para proyectos colaborativos entre empresas, universidades y centros de investigación y otros 50 millones destinados a inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica. La Comunidad también prevé poner en marcha un Laboratorio 6G, un Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales y destinar 16 millones de euros al ecosistema de drones.

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