RIGI y súper RIGI: Argentina apunta a convertirse en una «economía de enclave»

Por:

Guadalupe Desalvo

@GuadaDesalvo

El gobierno nacional consiguió los votos y se encamina a sancionar un nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones. Con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como los tucumanos que siguen al gobernador Osvaldo Jaldo o los sanjuaninos que se enmarcan con Marcelo Orrego, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados y sigue su camino hacia el Senado.

El nuevo régimen tendrá una vigencia de cinco años para que las empresas presenten la adhesión de proyectos. Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de prolongarlo por un año más. Conviene recordar que el RIGI se sancionó con un plazo de dos años, y el gobierno ya hizo uso de su facultad de extenderlo por 12 meses más.

Una vez aprobado, los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios tendrán un plazo de 30 años.

El rasgo que más se destaca del súper RIGI es la nueva reducción del Impuesto a las Ganancias. Si para una pyme o un trabajador este ítem implica el pago de una alícuota del 35%, para los proyectos adheridos al RIGI el impuesto es del 25%. Ahora, quienes se adhieran al súper régimen pagarán sólo el 15 por ciento.

Bajo el lema de que “los impuestos son malos”, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía alivian a grandes jugadores económicos a costa de desfinanciar al Estado.

En cuanto al comercio exterior, los proyectos del súper RIGI suman tres ventajas: no estarán obligados a traer al país las divisas de sus exportaciones, no pagarán retenciones desde el primer día (en el RIGI ese beneficio llegaba al tercer año) y podrán importar cualquier bien sin pagar impuestos aduaneros.

El monto mínimo de las inversiones deberá ser de U$S 1000 millones en actividades económicas de “frontera tecnológica” consideradas nuevas o experimentales. Se mencionan industrias vinculadas a minerales críticos (litio, uranio), el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno verde, el impulso de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares o reactores nucleares. Pero todo parece indicar que está dirigido hacia la instalación de megacentros de datos (data centers en inglés) para el funcionamiento de la inteligencia artificial.

Los centros de datos son infraestructuras altamente automatizadas: demandan mucha inversión en equipamiento pero generan pocos puestos de trabajo locales. El momento de mayor empleo es la construcción; una vez operativos, el monitoreo se realiza de forma remota y el personal estable es mínimo.

A contramano del discurso oficial, los últimos datos del Indec muestran una caída consecutiva de cuatro trimestres en la inversión. Al mismo tiempo, el PBI tuvo un leve aumento motivado por las exportaciones.

“El agro, la minería y el petróleo pueden aportar exportaciones, divisas e inversión puntual, pero generan relativamente poco empleo directo y tienen menores efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economía que sectores como la industria manufacturera, la construcción o algunos servicios”, argumenta un informe del think tank Misión Productiva.

Entre los motivos que explican la baja de inversiones se destacan la reducción generalizada de salarios y la paralización de la obra pública. Muchas inversiones no se realizan si no existe la infraestructura logística, energética o urbana para que sean rentables. Así, su ausencia reduce la inversión privada que suele elegir dirigirse a países vecinos.

“Hoy existen dos Argentinas, una que tiene importantes beneficios como el RIGI, y el grueso, el 80% de la economía, que no recibe ningún estímulo y tiene problemas de crecimiento, de generación de empleo y de inversión”, analiza el economista Martín Alfie. “La agenda de inversión se vuelve incompleta y queda sesgada a un sector reducido”, agrega el también referente de Misión Productiva.

El centro de estudios Fundar sostiene que regímenes que dan tantos beneficios con escasas contraprestaciones conllevan el riesgo de construir economías de enclave. Se habilita que empresas extranjeras utilicen la energía local, la tierra, el agua con fin exportador y no paguen impuestos, contraten mínima mano de obra local y no aporten divisas para el país.

Carlos Freytes, investigador de Fundar, señala que todos los organismos internacionales recomiendan que este tipo de regímenes estén atados a metas comprobables y a evaluaciones periódicas de tres o cinco años, nunca de 30. Un objetivo comprobable podría ser que la reducción de Ganancias esté condicionada al desarrollo de proveedores locales o metas de inversión en I+D.