Por:
Gastón Rodríguez
@Soyelpapadeleon
“Las madres de Pergamino se llevaron a sus casas la confirmación de que sus hijos e hijas sufrieron la exposición a cocteles de venenos que, como en el caso de los hijos de Sabrina Ortiz, fueron hallados en sus venas; también el mantenimiento de una cautelar de emergencia, pero en lo central, el fallo les dio la espalda. La Justicia huyó por la ventana trasera. El tribunal eligió el camino cómodo de la corporación: solo condenó a los funcionarios públicos municipales y mandó a investigar al intendente, pero blindó la impunidad material del agronegocio”, reflexiona, todavía indignado, el abogado de la querella Fernando Cabaleiro.
El juicio por fumigaciones en Pergamino, núcleo sojero de la Provincia de Buenos Aires, recibió el rótulo de “histórico” porque fue el primer proceso federal que sentó en el banquillo a productores rurales y funcionarios municipales por delitos de contaminación ambiental y daño genético a la salud humana. La expectativa era enorme. Pero la realidad, se sabe, suele deparar resultados inesperados.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvieron a los productores, aplicadores y técnicos Fernando Cortese, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Mario Reinero Roses, Cristian Taboada y Víctor Hugo Tiribó por considerar insuficiente la prueba para determinar la existencia de un delito penal.
A pesar de reconocer que «existen evidencias científicas serias respecto de que los fitosanitarios pueden generar daños ambientales y de salud en poblaciones cercanas», el Tribunal concluyó que «no se pudo acreditar la responsabilidad directa e intencional» de los acusados por falencias en las constataciones.
La fiscalía había solicitado penas de prisión de más de cuatro años, inhabilitación para el ejercicio de la actividad agropecuaria durante ocho años y el decomiso de los cinco establecimientos involucrados por infringir la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos al causar contaminación continua en la zona periurbana de Pergamino.
Solo recibieron penas de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos los empleados municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini. Se los culpó de no haber atendido los reiterados reclamos de los vecinos damnificados ni haber ejercido su rol de fiscalización.
“Es un veredicto –explica Cabaleiro– con extremos opuestos que lo hace contradictorio y peligroso y por eso habrá que neutralizarlo en Casación. Por un lado, logramos probar los impactos que provocan los agrotóxicos al ambiente y la salud humana, y con ello el Tribunal condenó a los funcionarios públicos que permitieron una práctica sistemática de contaminación y daño; pero, por otro lado, absolvió a sus autores materiales, que son los productores agroindustriales”.
“El Tribunal –insiste el abogado– blindó la impunidad del agronegocio porque blindó a quienes usan estos venenos cerca de la población, ya que el mensaje es ‘sigamos como hasta ahora porque después no pueden imputarnos individualmente los venenos’ por esa imposibilidad fáctica insalvable”.
En el mismo sentido opina María José Venancio, abogada del área Tierra, vivienda y justicia económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “El fallo de Pergamino que absolvió a los productores que utilizaron agrotóxicos a pesar de las sobradas muestras de que causaron daños irreparables a salud y al ambiente es un mensaje peligroso de impunidad para quienes no cumplen con el deber de respetar los derechos humanos”.
En abril de 2024, el CELS, junto a organizaciones de Brasil, Paraguay y Bolivia, presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la empresa Bayer AG responsabilizándola por los graves impactos en el ambiente y los Derechos Humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica.
Los representantes de Argentina argumentaron la afectación a la salud asociada a los productos de la empresa Bayer con la lucha de Sabrina Ortiz, que empezó junto a su familia en 2011 con las alergias y afecciones respiratorias causadas por las fumigaciones en los campos de soja linderos a su casa. Además, perdió un embarazo de cinco meses y tuvo dos accidentes cerebrovasculares. Los análisis clínicos posteriores dieron cuenta que tanto ella como sus hijos tenían altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en sus cuerpos. La lucha de Sabrina derivó en el juicio histórico que en su veredicto no tuvo, paradójicamente, nada que se parezca a la justicia.
“Esto evidencia –concluye Venancio– que es urgente que el Poder Judicial y todo el Estado garanticen mecanismos de acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de actividades empresariales que dañan el ambiente y salud. En un contexto de avance del extractivismo y reformas que solo benefician a las empresas, la debida diligencia en derechos humanos y la obligación de reparar los daños deben ser ineludibles”.
Desde junio, los derechos de exportación para el trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Además, se estableció un esquema de reducción gradual mensual para la soja que comenzará en enero de 2027. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la actividad agrícola ya se había consolidado como el principal motor de la economía argentina. Según datos del INDEC, el sector registró un alza interanual del 18,1% en el primer trimestre, siendo el de mayor incidencia positiva en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).
Las cifras oficiales también señalan que el agronegocio representó más del 55% del total de las exportaciones del país en los primeros meses del año, confirmando su rol destacado de generador de divisas en un contexto de caída abrupta de otros sectores históricamente fuertes como la industria o el comercio.
