El cartel en la puerta: el caso Fate sería muy diferente en Rusia, Alemania o EE UU

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Andrea Rocha

Los obreros de Fate llegaron a la planta de San Fernando a cumplir el turno y ahí mismo se enteraron de que la fábrica cerraba. En el asfalto ardían dos fogatas chicas. Detrás del portón quedaban 157.000 metros cuadrados cubiertos sobre 40 hectáreas, con capacidad para cinco millones de cubiertas por año. Afuera, 920 despedidos. Alguien cercano a la empresa lo resumió en dos palabras: cubiertas chinas.

En Llavallol la escena se repite en la puerta de Dánica. Según el sindicato aceitero, no llegaron telegramas ni cartas documento. El único papel es un cartel. Frente a la planta hay una carpa y una guardia que se turna día y noche.

Lo que pasa en el conurbano tiene una causa que se repite en otras latitudes. Las cubiertas que desplazaron a Fate, los eléctricos que presionan a Volkswagen, el stock de marcas chinas que, según se queja el jefe de AvtoVAZ, no baja nunca. Occidente habla de subsidios orientales escondidos, por debajo de los costes en una guerra comercial desleal; Pekín, de escala, eficiencia y globalización.

El consumidor que paga menos rara vez sale a protestar. La diferencia está en lo que hace cada Estado cuando la ola llega a la puerta de la fábrica.

Una norma vigente desde principios de 2025, impide en los hechos que las automotrices chinas vendan o fabriquen autos de pasajeros en el país. El argumento es de seguridad nacional: la conectividad de los vehículos, del bluetooth a la red celular, permitiría enviar a China datos de los conductores. A eso se suman aranceles de más del 100% a los eléctricos chinos. Su participación en el mercado estadounidense es casi nula.

Aun así, la puerta no está trabada. Trump dijo que aceptaría que empresas chinas fabriquen autos en suelo estadounidense. El 18 de septiembre, en la antesala de su encuentro con Xi Jinping, seis cámaras que representan a General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis y Tesla le escribieron para pedirle que la mantenga cerrada. Sostienen que una planta china no crearía empleo nuevo: se lo quitaría a quienes invirtieron durante generaciones en el país. Una senadora demócrata de Michigan y el republicano que preside la comisión sobre China en la Cámara de Representantes, que no suelen coincidir en nada, advirtieron lo mismo. En el Congreso ya hay un proyecto para endurecer la prohibición.

Pero regula el camino hacia el despido. En una empresa de más de diez empleados, pasados seis meses de antigüedad, todo despido tiene que estar socialmente justificado y la prueba corre por cuenta del empleador. Antes hay que consultar al consejo de fábrica; si el despido es masivo, también avisar a la Agentur für Arbeit. Sin esos pasos, es nulo. Además se negocia un acuerdo de intereses, que casi siempre trae un plan social. No existe una indemnización legal general, aunque la referencia habitual es medio sueldo por año trabajado. Después viene el seguro: 60% del último neto, 67% con hijos, durante 12 meses para los menores de 50 y hasta 24 para los mayores con más aportes.

Volkswagen muestra cómo funciona. En julio, el consejo de supervisión rechazó por 12 a 7 un plan que incluía cerrar cuatro plantas en Alemania. El 3 de septiembre aprobó por unanimidad otro, con 50 mil recortes adicionales que llevan el total a 100 mil hasta 2030. La mitad del consejo representa a los trabajadores, y Baja Sajonia controla el 20% de los votos por una ley de 1960. Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm siguen sin definición, con plazo hasta fines de junio de 2027. Los alemanes también cierran, pero con años de margen y firmas de los dos lados.

El Código Laboral exige dos meses de preaviso ante un cierre o una reducción de personal. El despedido cobra un sueldo promedio, un segundo mes si no consigue trabajo y un tercero si se anotó en el servicio estatal de empleo dentro de las dos semanas. En sectores clave, como equipamiento médico, ningún fabricante puede frenar la producción sin avisarle al regulador con seis meses de anticipación. Cuando el mercado se enfrió, AvtoVAZ, GAZ y Kamaz pasaron a semanas de cuatro días durante el verano. La automotriz lo presentó como defensa del empleo; el Kremlin, mientras tanto, exhibe cada nuevo mínimo de desocupación.

La Argentina de Milei eligió otro camino. El gobierno bajó aranceles y desarmó trabas a la importación con la idea de que la competencia “abarate precios” y “ordene la economía” para evitar “cazadores en el zoo”. La reforma laboral no se ocupó del momento previo al despido sino de su costo. Desde junio, cada empleador deposita el 1% de la masa salarial, o el 2,5% si es pyme, en un Fondo de Asistencia Laboral que durante los primeros seis meses acumula pero no puede usarse. Nada obliga a consultar a nadie antes de cerrar. Cobrado el cheque, el obrero queda en la calle.

Ahí lo espera el seguro de desempleo: el 75% del mejor sueldo neto de los últimos seis meses, con un piso de unos 125 dólares y un techo de unos 250, exactamente un salario mínimo. Todo lo contrario de lo que regulan Alemania o Estados Unidos. Para un operario argentino con veinte años de planta, es caer de golpe al piso del mercado de trabajo.

Cuatro países ante la misma presión. Estados Unidos no deja entrar. Alemania interviene antes del despido y amortigua después. Rusia estira la permanencia. La Argentina abre la puerta, desnuda.

En Llavallol faltan cuatro días para el 30 de septiembre. Desde el jingle de 1973, una nena salta la soga en la imagen de Dánica. Si el país no puede sostener abierta una fábrica de margarina, cabe preguntarse qué piensa fabricar. «

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