La medida, que entró en vigor el 22 de septiembre, abarca importaciones, compras por correo y servicios de intermediación comercial.
La Corte Internacional de Justicia, declaró ilegal la ocupación continuada de territorios por parte de Israel, adhesión a la que se unen un grupo creciente de países. Foto: EFE.
Las autoridades neerlandesas iniciaron la aplicación formal de una normativa que impone responsabilidad penal de hasta seis años de prisión por infracciones deliberadas.
La medida, que entró en vigor el 22 de septiembre, abarca tanto a personas jurídicas como a particulares y se extiende a bienes traídos en equipajes personales, compras por correo o comercio electrónico y servicios de corretaje o intermediación comercial.
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Las violaciones no intencionadas o por negligencia conllevan una sanción máxima de un año de prisión. Además, la Aduana neerlandesa procede a la incautación de bienes identificados bajo los códigos postales designados de los asentamientos y redacta el acta oficial correspondiente para la tramitación judicial.
El Gobierno neerlandés fundamenta esta decisión en la opinión consultiva dictada en 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual declaró ilegal la ocupación continuada de territorios por parte de Israel y exigió a los Estados no prestar auxilio ni asistencia al mantenimiento de dicha situación.
Países Bajos prohibirá el comercio con asentamientos israelíes ilegales
La acción unilateral de los Países Bajos se debe a la falta de consenso necesario para aplicar un veto unificado en el marco de la Unión Europea.
Esta medida se alinea con pronunciamientos coordinados emitidos por un bloque de naciones, entre ellas Canadá, Francia, España, Irlanda, Bélgica, Noruega y Dinamarca, destinadas a limitar el comercio procedente de los asentamientos e instar a la paralización de proyectos de expansión como el plan E1.
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En el ámbito internacional, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, oficializó el veto a la importación de productos provenientes de los asentamientos y declaró formalmente que la ocupación en su totalidad es «ilegal» en consonancia con el dictamen de la CIJ.
Además, el Reino Unido prohibió la publicidad o promoción inmobiliaria de dichas colonias y anunció la ampliación de restricciones sobre la venta de licencias de armas que contribuyan a la ocupación, al tiempo que sumó sanciones contra individuos y entidades involucradas en la violencia o expansión de asentamientos en Cisjordania. Esta postura representa un nuevo giro en la política tradicional de Londres respecto a la situación regional.
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