Gobierno de Trump impone aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 países: lo que debes saber

Los aranceles o derechos de aduana son un impuesto sobre los productos comprados en el exterior, y son implementados por prácticamente todos los países.

El presidente Donald Trump impuso el jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12.5% a las importaciones procedentes de 60 países, que representan el 99% de los productos que llegan a Estados Unidos desde el extranjero.

El gobierno de Trump justificó la medida al señalar que esos países no han hecho lo suficiente para aplicar prohibiciones a bienes producidos mediante trabajo forzado.

"Estados Unidos tiene desde hace casi un siglo una prohibición a las importaciones vinculadas al trabajo forzado y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La medida entra en vigor cuando expiran los aranceles temporales del 10% que Trump había aplicado tras el revés que sufrió su política arancelaria en la Corte Suprema.

Ahora, el mandatario recurrirá a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles a países que incurran en prácticas comerciales consideradas "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias".

Además, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre 16 países por presunta sobreproducción que, según Washington, perjudica a las empresas estadounidenses.

Según un alto funcionario del gobierno, algunos países endurecieron recientemente sus medidas contra el trabajo forzado, lo que les permitió acceder a aranceles más bajos. Como ejemplo, indicó que India pasó de un gravamen previsto del 12.5% al 10%.

El congresista demócrata Richard Neal calificó la justificación del gobierno como "demasiado conveniente" y afirmó que el trabajo forzado "nunca debería rebajarse hasta convertirse en un pretexto para una política arancelaria".

Brasil, que enfrentará un arancel del 12.5%, calificó la decisión de "arbitraria e injustificada", anunció que evalúa represalias comerciales y que presentará una queja ante la Organización Mundial del Comercio.

Chile también defendió sus estándares laborales y aseguró contar con instituciones sólidas para prevenir y erradicar el trabajo forzado.

Canadá, por su parte, señaló que la medida "no es inesperada" y aseguró que seguirá colaborando con Estados Unidos para impedir que bienes producidos mediante trabajo forzado ingresen a la cadena de suministro.

Los aranceles son pagados por las empresas estadounidenses que importan productos del extranjero, las cuales suelen trasladar parte del costo a los consumidores mediante precios más altos.

Especialistas en derechos humanos consideran que existen razones para mostrarse escépticos sobre la justificación del gobierno, aunque reconocen que la amenaza de estos aranceles ya ha llevado a algunos países a reforzar sus políticas contra el trabajo forzado.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 27.6 millones de personas fueron sometidas a trabajos forzosos en todo el mundo en 2021. Expertos consultados señalaron que las prohibiciones de importación pueden contribuir a combatir ese problema, aunque advirtieron que los países necesitan tiempo para desarrollar mecanismos efectivos de aplicación.