Lo que debe saber sobre los cambios en la guía de criterios de carga pública

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció el martes la entrada en vigor de una nueva guía para determinar si un extranjero que solicita un ajuste de su estatus al de residente permanente tiene probabilidades de convertirse, en un momento determinado, en una carga pública.

La norma anunciada el 16 de julio de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deroga las regulaciones de la era Biden sobre la inadmisibilidad por ser una carga pública.

“La guía actualizada se ajusta a la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de los beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”, aseguró el USCIS en un comunicado.

El USCIS informó que todos los extranjeros que soliciten el ajuste de su estatus al de residente permanente legal “están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública, a menos que presenten su solicitud en una categoría migratoria que esté exenta”.

La nueva norma de carga pública entró en efecto el martes 18 de agosto de 2026, por lo que todas las personas que han aplicado a la residencia antes de esa fecha quedarán exentas de la nueva regulación.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define qué es una ‘carga pública’ ni qué significa que una persona pueda convertirse en una en algún momento, USCIS dijo que sus funcionaros deben considerar cinco factores legales al tomar decisiones sobre la inadmisibilidad para entrar en este umbral: la edad del extranjero; su salud; su situación familiar; sus bienes, recursos y situación financiera; y su educación y habilidades.

Además, UCIS avisó que puede tomar en cuenta el Formulario I-864, la Declaración jurada de manutención conforme a la Sección 213A de la INA, que es firmado por una persona que se compromete a utilizar sus recursos financieros para mantener al extranjero.

Si en algún momento un oficial de inmigración considera que usted va a ser una carga pública existe la opción de pagar una fianza.

La abogada de inmigración, Kathia Quirós, aseguró que este pago sería una garantía de que no solicitará ningún apoyo del Gobierno por los primeros cinco años con la residencia.

“El pago puede empezar en 1,000 dólares y no tiene un límite. Puede llegar a los 100,000 o más porque dependerá de cuántos beneficios puede pedir”, agregó Quirós. “Si una persona está enferma o es un adulto mayor es más probable que sea una carga pública que una persona joven que esté sana”.

Quirós invitó a todos los afectados a conseguir asesoría legal, ya que “todavía es posible que nuestros hijos puedan tener seguro médico subsidiado por el Gobierno y que el papá o la mamá no se ha considerado carga pública”.

La experta precisó que, aunque a la hora de solicitar un ajuste de estatus migratorio no mostró tener mucha solvencia económica, el hecho de no haber estado por debajo del nivel de pobreza puede ser suficiente para conseguir beneficios.

Añadió que no es el momento de desestimar las ayudas públicas por miedo a ser considerado carga pública, “sino de hablar con un abogado para tener la mejor estrategia” y no entrar en este nuevo umbral.

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