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Horas después de aterrizar en Miami el miércoles, tras huir de Brasil desafiando una orden de la Corte Suprema, Flávio Bolsonaro, el candidato fascistizante derrotado en la segunda vuelta presidencial del domingo, publicó una carta en la que se proclamaba “el verdadero presidente electo de Brasil”. Más tarde ese mismo día difundió una versión revisada en la que se presentaba como “el líder de Brasil”.

“Los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, declara la carta. Dirigiéndose a los senadores, diputados y gobernadores a cuya elección contribuyó, Bolsonaro escribió: “Dirigiré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), ganó por 4,4 millones de votos. La acusación de fraude se basa en una ampliación del horario de votación que había solicitado el propio Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Según el tribunal electoral, solo se emitieron unos 34.000 votos después de las 17:00. Tanto el PL como el compañero de fórmula de Bolsonaro han reconocido el resultado.

El Departamento de Estado anunció el martes que expediría visados a los Bolsonaro. Donald Trump, quien declaró que la votación “parecía otra elección amañada”, dijo que “aprobaría” su ingreso.

Lo que se está desarrollando es otro intento de golpe de Estado contra el Gobierno electo del segundo país más poblado del hemisferio, llevado a cabo abiertamente por Washington. Tras más de un año de guerra económica, Washington ahora acoge en su territorio a una dirección paralela que opera bajo protección estadounidense, a la vista de todo el mundo.

El año pasado, la Administración Trump ya había anunciado un arancel del 50 por ciento sobre “todos y cada uno de los productos brasileños”, impuesto con el objetivo de detener el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por encabezar un intento de golpe fascista para anular la victoria de Lula en 2022.

A continuación llegaron sanciones contra el juez Alexandre de Moraes y la revocación de visados para jueces de la Corte Suprema. Este año, Washington designó a las dos mayores bandas criminales de Brasil como organizaciones terroristas, recibió a Flávio en la Casa Blanca en plena campaña electoral, revocó el visado del embajador brasileño y, en julio, impuso nuevos aranceles del 25 y del 12,5 por ciento.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, denuncia en su carta una “caza de brujas” y “censura”, afirma que se persigue “incluso a ciudadanos estadounidenses” y elogia a Trump como “un gran defensor de la libertad de expresión”. La carta es un planteamiento de la siguiente etapa de la intervención.

La carta también revela lo que Bolsonaro pretendía hacer si llegaba al poder. Moraes, escribe, “muy probablemente estaría en prisión si no hubieran impedido mi investidura”. El sentido es claro: una presidencia de Bolsonaro habría encarcelado al juez de la Corte Suprema que supervisó el procesamiento de su padre.

Pide a sus aliados que elijan a Rogério Marinho como presidente del Senado, cargo que determina si se inician procedimientos de destitución contra jueces de la Corte Suprema.

Según escribe, el tribunal está “capturado por la organización criminal del PT”, preparando así el terreno para que Washington intensifique su operación de cambio de régimen y declare criminal o “narcoterrorista” a la Administración de Lula.

“Esto es solo el comienzo de nuestra lucha”, escribe Bolsonaro, haciendo un llamamiento a las “instituciones brasileñas” para “restablecer el equilibrio entre los Poderes”.

El llamamiento no es vago. Desde hace años, el bolsonarismo sostiene que el artículo 142 de la Constitución convierte a las Fuerzas Armadas en un “poder moderador” con derecho a intervenir cuando chocan las ramas del Gobierno. La Corte Suprema rechazó por unanimidad esa interpretación en 2024. El llamado a “restablecer el equilibrio entre los Poderes” está dirigido a los generales.

Tanto la fuga como el golpe siguen el guion de su padre. Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, mientras sus partidarios acampaban frente al cuartel general del Ejército y exigían una intervención militar. El 8 de enero, irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

Su condena, junto con las de altos generales y un almirante, castigó a ciertos individuos, pero preservó a las Fuerzas Armadas como institución. Como advirtió en octubre el Grupo Socialista por la Igualdad: “En una república donde los militares se han arrogado el papel de árbitro desde su fundación, la intervención militar sigue siendo una opción sobre la mesa para la clase dominante”.