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Las autoridades federales estadounidenses anunciaron el miércoles que habían incautado 90 cargamentos de biodiésel con destino a Cuba en Port Everglades, Florida, y en el puerto de Houston, Texas. Fue la segunda incautación de combustible destinado a la isla anunciada en una semana.

Los aproximadamente 620.000 galones, valorados en 2,8 millones de dólares, estaban destinados a ENETEC, una empresa mayoritariamente estatal de La Habana a la que Washington impuso sanciones en julio. En virtud del bloqueo de combustible impuesto en enero, solo las empresas privadas cubanas pueden recibir combustible de Estados Unidos.

“Un esfuerzo de esta magnitud para socavar las sanciones estadounidenses no ocurre por accidente”, dijo José Figueroa, agente de Investigaciones de Seguridad Nacional a cargo en Miami, y advirtió que los demás “deberían tomar nota”.

Días antes, la Guardia Costera había revelado que un equipo táctico abordó con armas desenfundadas el carguero Grace, con bandera de Comoras, el 5 de septiembre, en aguas internacionales entre México y Cuba. El barco fue escoltado hasta el puerto mexicano de Progreso, donde la Marina de México informó haber encontrado combustible en sus tanques de lastre.

“Alta mar no es un santuario para la ilegalidad”, declaró el comandante de la Guardia Costera, almirante Kevin Lunday. Cuando La Jornada preguntó qué autoridad legal les permitió abordar el barco, no recibió respuesta.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó las incautaciones de “piratería” y escribió que es “ilegal, inmoral y criminal someter a todo un pueblo a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos”.

El 4 de octubre, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) hizo estallar otra pequeña embarcación en el Caribe, matando a cuatro personas. No presentó ninguna prueba más allá de la afirmación de que “información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”. El ataque eleva a por lo menos 235 el número de muertos en la campaña iniciada en septiembre de 2025, que ha involucrado al menos 70 ataques.

La incautación de biodiésel, el abordaje a punta de pistola de un carguero y la reanudación de los ataques contra embarcaciones impulsan los esfuerzos del imperialismo estadounidense para subyugar a todo el hemisferio mediante la fuerza militar, en un momento en que Washington lleva tiempo perdiendo su ventaja competitiva económica frente a los intereses chinos y europeos.

La afirmación de que la campaña contra las embarcaciones combate el narcotráfico ha sido desmentida por los tribunales ecuatorianos. Entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, las fuerzas estadounidenses que operaban conjuntamente con el Gobierno ecuatoriano abordaron ocho barcos pesqueros ecuatorianos en el Pacífico oriental, detuvieron a 160 tripulantes y hundieron las embarcaciones. Más de 140 de los hombres fueron entregados a las autoridades ecuatorianas y 90 están siendo procesados por “asociación ilícita”.

SOUTHCOM calificó los barcos de “estaciones flotantes de reabastecimiento” para la banda Los Choneros. Human Rights Watch entrevistó a 27 personas que describieron palizas, amenazas y presiones para que confesaran.

El 5 de septiembre, un juez de la ciudad portuaria de Manta puso en libertad a 28 de los hombres. Las autoridades estadounidenses no habían entregado combustible ni drogas. Las únicas pruebas eran 48 credenciales de pesca y una tarjeta de identidad, entregadas por personal extranjero sin una cadena de custodia; además, los barcos habían sido hundidos sin autorización del fiscal, destruyendo así la escena. “Veintiocho pescadores en un barco no constituyen una asociación, sino una tripulación”, dijo el juez.

El 7 de octubre, otro juez de Manta absolvió a 32 tripulantes de los barcos Conquista II y María Candelaria. Tenían entre 19 y 64 años y ninguno contaba con antecedentes penales. No se encontraron drogas, armas ni combustible, y los análisis forenses de sus teléfonos solo revelaron fotografías familiares.

Al día siguiente, se suspendió el juicio de otros 46 tripulantes porque los testigos de la acusación no se presentaron.

No se han reportado abordajes desde el 16 de septiembre. Las dos operaciones posteriores, del 19 de septiembre y el 4 de octubre, tuvieron lugar en el Caribe y no dejaron a nadie con vida que pudiera testificar. Ben Saul, relator especial de la ONU, ha determinado que se trata de “asesinatos extrajudiciales en serie” que “plausiblemente constituyen crímenes de lesa humanidad”.

En agosto, SOUTHCOM sustituyó la Operación Lanza del Sur por una Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés), de carácter permanente y comandada por el mayor general de la Infantería de Marina Kevin Jarrard. Esta trabaja con la “Coalición de las Américas contra los Cárteles”, integrada por 18 países.