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Más de un mes después de que los terremotos del 24 de junio devastaran el norte de Venezuela, la cifra confirmada de muertos ha ascendido a 5.546, con 16.740 heridos. La Organización de Naciones Unidas teme que hasta 51.000 personas puedan seguir desaparecidas.

La creciente crisis humanitaria no ha impedido que la administración Trump retenga miles de millones de dólares provenientes de las ventas de petróleo venezolano, con estimaciones que llegan hasta el 96,5 por ciento de los ingresos.

Mientras tropas estadounidenses y venezolanas patrullan las calles para intimidar a trabajadores que carecen de artículos de primera necesidad, el saqueo imperialista se está llevando a cabo a una escala histórica.

La demolición de estructuras dañadas ya ha comenzado en toda la zona afectada, en algunos casos sobre los cuerpos de los fallecidos e incluso mientras las familias continúan excavando en busca de los restos de sus parientes.

José Félix Valera, activista social en La Guaira, declaró a Truthdig que contratistas, en su mayoría estadounidenses, están despejando terrenos donde las familias todavía buscan a sus parientes. “Vi a gente detener la demolición de un edificio, y tres días después encontraron a un joven con vida”, dijo Valera.

La magnitud del desastre es insondable. El gobierno venezolano reporta 190 edificios colapsados y 856 severamente dañados, pero la evaluación de la NASA sitúa la cifra en 58.000 edificios destruidos o dañados.

El Banco Mundial estima daños directos por 19.600 millones de dólares, pero señala que el costo total de la recuperación física —incluida la remoción de escombros y la reconstrucción conforme a estándares modernos— podría alcanzar los 50.000 millones de dólares, cerca de la mitad del PIB total de Venezuela.

Según cifras oficiales, unas 18.000 personas han perdido por completo sus viviendas, y más de 23.000 permanecen en refugios. La agencia de ayuda humanitaria de la ONU proyecta que 1,3 millones de personas requerirán asistencia durante los próximos seis meses.

Las condiciones sobre el terreno se están deteriorando hacia una catástrofe secundaria. El polvo del concreto flota en el aire húmedo, mezclado con el olor de los cadáveres. La basura se acumula en las calles, mientras las familias acampan fuera de edificios declarados demasiado peligrosos para entrar.

Se calcula que deben gestionarse 1,2 millones de toneladas de escombros, buena parte de ellos contaminados con combustibles, aceite de motor, pinturas, solventes y plásticos liberados cuando los edificios colapsaron.

Diego Díaz Martín, de la organización ambientalista Vitalis, advirtió a la AP que las lluvias estacionales podrían provocar deslizamientos de tierra en las laderas debilitadas por el terremoto, mientras que muchas de las zonas afectadas aún no han sido evaluadas.

El acceso al agua potable se dificulta. No existen garantías de que el agua transportada en camiones cisterna haya sido tratada adecuadamente, informa la AP. El agua insegura y el saneamiento inadecuado ya están provocando brotes de enfermedades.

“Los terremotos no causan brotes por sí solos”, declaró el doctor Mauricio Cerpa, epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud. “El riesgo proviene de las condiciones posteriores al desastre”. Agregó que quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, enfrentan un peligro creciente debido al colapso del sistema de salud.

Frente a esta catástrofe en aumento, Washington ha comprometido 386 millones de dólares en ayuda, y Venezuela obtuvo otros 346 millones de dólares en financiamiento de emergencia del FMI. Frente a un costo de recuperación de 50.000 millones de dólares, estas sumas son irrisorias.

Mientras tanto, las sanciones siguen vigentes, 22.000 millones de dólares en activos del Estado venezolano permanecen congelados, y miles de millones más están siendo tomados por el imperialismo estadounidense.