Doce países, entre ellos Reino Unido, Francia y Canadá, acuerdan vetar productos de los asentamientos israelíes

El Reino Unido, Francia y Canadá han anunciado este martes su decisión conjunta de vetar la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, además de sancionar a empresas y particulares que contribuyan a su expansión. Se suman así a medidas similares ya aprobadas en el último año por España, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Noruega, con los que ha firmado un comunicado conjunto en el que critican las acciones tomadas por Israel que "ponen en peligro la implantación de la solución de los dos Estados". El comunicado está también rubricado por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia.

Los doce países firmantes "confirman su intención de introducir restricciones nacionales y/o europeas al comercio de bienes procedentes de asentamientos ilegales según el derecho internacional, o que están considerando activamente estas y otras medidas, de conformidad con sus procedimientos nacionales", según el comunicado.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, ha anunciado ante la Cámara de los Comunes esta decisión, que ha provocado el enfado de Israel. "Ha llegado el momento de que Reino Unido deje de limitarse a denunciar la injusticia y el sufrimiento y actúe", ha defendido Miliband al presentar este giro diplomático coordinado con Francia y Canadá. La reacción de Israel no se ha hecho esperar: su ministro de Exteriores, Guideon Saar, ha anunciado el cierre del consulado británico en Jerusalén en represalia por las sanciones impuestas por Londres y otros países occidentales contra los asentamientos israelíes en Cisjordania; además de la destitución de los representantes británicos del Centro Internacional de Apoyo a Gaza, la suspensión de las participación británica en los entrenamientos de fuerzas de la Autoridad Palestina, y la denegación de la entrada a Israel de doce ciudadanos británicos "antisemitas", cuya identidad no ha desvelado.

El paquete anunciado por Miliband va más allá del veto comercial. Londres actuará contra quienes proporcionen servicios de construcción, infraestructuras, financiación o actividades inmobiliarias relacionados con la ampliación de las colonias; prohibirá que se anuncien en el Reino Unido propiedades situadas en ellas e impondrá nuevas sanciones a colonos extremistas que hayan promovido o alentado ataques contra comunidades palestinas.

El Gobierno británico también rechazará cualquier nueva licencia de armas u otras exportaciones que contribuya materialmente a la ocupación, un "doble cerrojo" que se mantendrá mientras esta continúe. La decisión se suma a la suspensión de más de 30 licencias relacionadas con las operaciones del Ejército israelí en Gaza, que seguirá vigente.

La nueva restricción no equivale, sin embargo, a un embargo militar general. Miliband no ha anunciado la suspensión de los ejercicios conjuntos, el intercambio de inteligencia, la cooperación antiterrorista, la ciberseguridad ni los programas científicos y tecnológicos con Israel, y ha asegurado que la relación bilateral de seguridad continuará. Tampoco ha comunicado cambios en la excepción que permite que componentes británicos destinados al programa multinacional del F-35 entren en su fondo internacional de repuestos, salvo cuando se envían directamente a Israel.

El cambio más profundo es, sin embargo, político y jurídico. El Reino Unido pasa a considerar ilegal la ocupación israelí de Cisjordania en su conjunto y no únicamente los asentamientos. Miliband ha sostenido además que en determinadas zonas se está produciendo una "limpieza étnica" de palestinos perpetrada por "colonos terroristas" y ha acusado al Gobierno israelí de haber mirado hacia otro lado y a algunos de sus integrantes de apoyar el desplazamiento forzoso de la población.

Colonos israelíes antes de ocupar viviendas y comercios en la zona palestina de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, ocupada por Israel Getty Images

El ministro ha presentado las medidas como el comienzo de una nueva etapa en la política británica hacia Israel y Palestina. La solución de los dos Estados será, según ha recalcado, el principio que guiará las decisiones de Londres, que ya reconoció al Estado palestino en 2025.

Las restricciones se dirigirán exclusivamente contra los asentamientos y no contra Israel dentro de la Línea Verde, la frontera anterior a la guerra de 1967. Miliband ha asegurado que Reino Unido seguirá manteniendo sus relaciones comerciales y de seguridad con Israel y ha expresado su rechazo a un boicot general contra el país y al movimiento internacional de boicot, desinversiones y sanciones, conocido como BDS.

El veto a las importaciones y el nuevo régimen sancionador requerirán legislación y tardarán entre seis y nueve meses en entrar plenamente en vigor. Su repercusión sobre la economía israelí será, al menos inicialmente, muy reducida. Reino Unido e Israel intercambiaron bienes y servicios por unos 6.000 millones de libras en 2025, mientras que no existe una cifra oficial separada para los productos fabricados en los asentamientos.

Como referencia, todas las importaciones británicas de fruta y verdura israelíes - incluidas las producidas dentro de la Línea Verde - sumaron 108 millones de libras. El perjuicio puede ser importante para determinados productores de las colonias, pero será prácticamente imperceptible para el conjunto de Israel.

El elemento potencialmente más relevante no es, por tanto, el veto a los productos agrícolas, sino la posibilidad de sancionar a las empresas que financien, aseguren, construyan o presten tecnología e infraestructuras para la expansión de los asentamientos. Su alcance dependerá de las futuras designaciones y de si otros mercados, especialmente la Unión Europea, terminan adoptando restricciones equivalentes.

Francia y Canadá han anunciado este mismo martes que también prohibirán la entrada de productos fabricados en los asentamientos. París iniciará ahora el procedimiento nacional, aunque todavía debe precisar las modalidades y el calendario. Los tres países han coordinado la iniciativa para aumentar la presión sobre Israel ante el avance de las colonias y la incapacidad de la Unión Europea para alcanzar una posición común.

Reino Unido, Francia y Canadá se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado medidas semejantes o han iniciado su tramitación. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se han comprometido a respaldar nuevas actuaciones, pero todavía no han anunciado prohibiciones nacionales equivalentes.