El 38% de los fondos para alimentos destinados a familias afectadas por la sequía se utilizará en logística
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prensalibre
5 de noviembre de 2026

El 38% de los fondos para alimentos destinados a familias afectadas por la sequía se utilizará en logística

La Conred entregó Q500 millones al PMA para comprar raciones de alimentos destinadas a agricultores afectados por la sequía.

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De los Q500 millones que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) entregó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la compra de raciones de alimentos que se entregarán a agricultores que perdieron sus cosechas por la sequía, el 38% se destinará al pago de logística.

Eduardo Aguilar, de la Conred, indicó que Q310 millones de esos fondos son específicamente para la compra de alimentos, mientras que Q190 millones son para cubrir servicios complementarios, como transporte, almacenaje, carga y descarga, seguro de riesgo, entre otros.

Las raciones que comprará el PMA serán para atender a 689 mil 822 familias agricultoras en los 22 departamentos del país. El dato es el techo máximo de beneficiarios, el cual se obtuvo del registro de daños a cultivos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) reporta desde el 1 de julio del 2026.

Durante una citación con el diputado Jairo Flores, el 4 de noviembre, la Conred informó que las entregas comenzarán el próximo 11 de noviembre. Para esa fecha se espera que los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales, departamentales y el nacional hayan validado los registros de la población afectada.

Cada ración tiene un costo de Q745 y contiene 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz. Está pensada para una familia de cinco integrantes.

La Conred prevé repartir una ración por familia cada seis meses, pero los Q500 millones que ya entregó al PMA son solo para cubrir la primera entrega, por lo que deberá gestionar más recursos para la compra de alimentos.

Flores puso en duda la veracidad de los nombres que aparecen en los listados de las familias que recibirán las raciones, debido a que en el país no hay un recuento oficial de agricultores y se deja a discreción de los extensionistas del Maga la identificación de los beneficiarios, lo que abre la puerta al clientelismo.

Ante el cuestionamiento del diputado sobre si la Conred garantiza que los alimentos llegarán a las personas que realmente los necesitan, Aguilar respondió que no y que tampoco puede asegurar que en los listados no se incluya a personas que no sean agricultores o que no hayan perdido sus cosechas por la sequía.

“Cada representante de las distintas instituciones tendrían que estar de acuerdo para poderlos incluir. Por eso, la validación se hace de forma integral, no solo la autoridad (alcalde), no solo el extensionista de Maga, sino somete a la firma de todos los integrantes”, indicó Aguilar, pues en el proceso también participan delegados locales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), del Registro Nacional de las Personas (Renap), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Conred.

El señalamiento sobre el riesgo de que la entrega de raciones se haga de manera clientelar subió de tono cuando representantes de los municipios de Villa Canales, Guatemala, y Guanagazapa, Escuintla, presentaron listados con nombres de agricultores que perdieron sus cosechas y que no han sido incluidos en el registro de beneficiarios.

En la citación también se expuso que hay municipios que están solicitando un número de raciones que sobrepasa el dato demográfico de habitantes, como es el caso de Camotán, Chiquimula, que, según el registro del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene 12 mil 829 familias campesinas, pero la solicitud del COE municipal es por 16 mil 326.

“Esta es la mejor muestra de que todos los programas no están llegando al agricultor, a quienes están en inseguridad alimentaria. Este producto puede llegar a bodegas para ser saqueadas para las campañas (de políticos)”, dijo Flores.

Aguilar indicó que los datos tienen que ser verificados y validados antes de realizar las entregas y que, según el protocolo, se pueden denegar los expedientes por inconsistencias en la información.

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