Identifican seis retos para ejecutar las nuevas leyes de puertos y APP en Guatemala

Guatemala cerró una etapa de reformas legales en materia de infraestructura y ahora enfrenta desafíos distintos: convertir las nuevas reglas en organismos capaces de operar proyectos que puedan ejecutarse y generar condiciones que permitan atraer inversión al país.

En este contexto, la mesa técnica de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene realizó una visita de tres días a República Dominicana para conocer la experiencia de este país en puertos, zonas francas y alianzas público-privadas.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explica que República Dominicana ofrece lecciones sobre cómo combinar distintas herramientas para atraer capital hacia la infraestructura “a través de contratos de pagos por disponibilidad, alianzas público-privadas e inversiones privadas en puertos, aeropuertos y carreteras”.

Señaló que ese país del Caribe ha priorizado la participación privada y ha fortalecido, al mismo tiempo, su capacidad institucional. También destacó el desarrollo de servicios logísticos, parques industriales y zonas francas como parte de ese modelo. A su criterio, estas experiencias pueden servir de referencia para que Guatemala implemente las nuevas leyes de infraestructura y aumente su capacidad productiva.

Así, a partir de esta experiencia, Fundesa identificó seis retos para Guatemala en la etapa de ejecución. Estos abarcan desde ordenar, titular y valorar los activos que administrará la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN) hasta estructurar su primera generación de proyectos.

Uno de los primeros retos es poner en funcionamiento la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN). Para Fundesa, su creación no debería limitarse a integrar un directorio y emitir un reglamento, sino que requeriría conocer con precisión qué bienes administrará, cuál es su situación jurídica y cuál es su valor.

Entre las experiencias observadas está la de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), que conserva la propiedad estatal de los activos y otorga concesiones a largo plazo. Para adoptar este esquema, se requiere sanear las finanzas y avanzar en la titulación de más del 60% de los terrenos portuarios.

El segundo reto identificado por Fundesa es generar las condiciones que permitan a Guatemala competir por capital portuario internacional. República Dominicana demostró la importancia de la participación de operadores internacionales mediante concesiones a largo plazo, como DP World, en Puerto Caucedo, que opera bajo una concesión de 50 años y tiene nuevas inversiones por US$700 millones.

El documento señala que, mientras avanzan proyectos de mayor alcance, Guatemala necesita adoptar medidas para mejorar la eficiencia a corto plazo. Por ejemplo, la ampliación de Puerto Quetzal no estará operativa antes del período del 2027 al 2030.

La aprobación de una ley no garantiza que los proyectos lleguen a ejecutarse. En ese país, la Ley 47-20 se promulgó en el 2020 y, tras cinco años de consultas, en enero se creó la DGAPP, que funciona como un órgano especializado.

En Guatemala, el reto está en fortalecer la capacidad técnica para estructurar los proyectos y evitar que los procesos se prolonguen. Entre las medidas planteadas se establecen plazos máximos y vinculantes para las etapas de estructuración, evaluación y adjudicación, así como estándares comunes para evaluar el valor por dinero, los riesgos y los pasivos contingentes.

Guatemala puede aprender mucho de República Dominicana sobre implementación de las leyes de infraestructura aprobadashttps://t.co/msEm5CbfgI

El régimen dominicano se posiciona como generador de divisas para el país, no solo por la modernización de los puertos, sino también por su proximidad, una aduana previsible, energía confiable, talento técnico y parques que compiten entre sí por atraer inquilinos.

Para Guatemala, vincular las zonas francas y las ZDEEP con la agenda portuaria y aduanera contribuiría a crear un parque logístico ágil y de valor agregado que permita atraer inversión y facilitar la producción y la exportación.

Fundesa plantea crear un banco de proyectos de infraestructura como un bien público, con una metodología pública que pueda aplicarse tanto a APP como a fideicomisos y proyectos financiados con presupuesto público.