Un simulacro realizado antes de la entrada masiva de julio alimenta las dudas sobre las órdenes dadas a las Fuerzas Armadas y la gestión política de la crisis
La crisis en Ceuta vuelve a plantear una incómoda interrogante para el Gobierno: ¿se había preparado un dispositivo militar para hacer frente a una entrada masiva, pero se optó por no activarlo? Según la información difundida por Periodista Digital, aproximadamente 3.000 militares quedaron acantonados mientras la ciudad se enfrentaba a una situación que, según fuentes militares, podría describirse como un escenario de presión híbrida.
Este tema va más allá de un simple debate táctico. Toca cuestiones como la cadena de mando, el papel fundamental de las Fuerzas Armadas en una frontera tan delicada y las responsabilidades políticas en momentos de emergencia. Cruz Sánchez de Lara ha indicado que el Ejército llevó a cabo un simulacro alrededor de dos semanas antes de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, sin embargo, no se dio la autorización necesaria para intervenir.
Los planes de contingencia del Ministerio de Defensa no se conciben solo para atender una invasión convencional. También abordan situaciones menos evidentes: movimientos masivos de personas, presión organizada en la frontera, ataques contra infraestructuras o acciones diseñadas para crear una crisis política y humanitaria.
Fuentes militares consultadas por El Debate aseguran que el dispositivo contemplaba una intervención inicial de las unidades destinadas de forma permanente en la ciudad. Su misión sería proteger a la ciudadanía, asegurarse de que los puntos estratégicos estuvieran a salvo y contener posibles ingresos mientras los refuerzos llegaban desde la Península o Canarias.
La distinción entre ofrecer apoyo y tomar acción es crucial. La Guardia Civil ostenta el control ordinario de la frontera, mientras que el Ejército puede proporcionar respaldo logístico, vigilancia y garantizar la protección de infraestructuras. No obstante, cualquier acción operativa ante una emergencia de mayor envergadura requiere una autorización política explícita. Según los testimonios disponibles, esa orden nunca llegó.
La controversia crece porque la preparación parece haberse llevado a cabo antes de los hechos. Si efectivamente se realizó un simulacro con este escenario en mente, el Gobierno contaba con pistas suficientes para prever una emergencia de gran escala. La pregunta ahora no solo radica en si el plan existía, sino en quién decidió dejarlo sin usar.
Ceuta tiene una ubicación única. Es territorio español, pero se halla en la costa norteafricana, rodeada por Marruecos y separada de la Península por el Estrecho de Gibraltar. Cualquier crisis que surja allí tiene tanto una dimensión local inminente como una repercusión diplomática de carácter nacional.
La entrada masiva de personas puede sobrepasar los recursos del cuerpo policial sin llegar a ser, por sí sola, una agresión militar. Justamente, esa es la complejidad. El Estado debe salvaguardar la frontera, proteger a los menores y garantizar los derechos fundamentales, al mismo tiempo que evita que una presión organizada logre paralizar la ciudad o amenazar infraestructuras clave.
Los testimonios revelan que algunos mandos solicitaron instrucciones para activar la respuesta terrestre planificada. La falta de autorización habría mantenido al Ejército en una postura de espera, preparado, pero sin capacidad de acción. En términos militares, es una paradoja poco elegante: tener el extintor a mano y discutir si el humo cuenta como incendio.
El Gobierno ha defendido el uso de todos los recursos disponibles y ha vinculado la respuesta a la actuación coordinada de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Moncloa ha calificado la crisis como un ataque a la integridad territorial, aunque esta definición no siempre justifica automáticamente una respuesta militar que permita movilizar al Ejército sin más.
Uno de los principales efectos es la apertura de un debate sobre el control civil en el ámbito de la defensa. En un sistema democrático, le corresponde al poder político decidir cuándo se deben desplegar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta responsabilidad requiere de criterios definidos, coordinación y una explicación minuciosa cuando una amenaza anticipada se presenta.
La oposición podría utilizar este caso para acusar al Gobierno de no proteger adecuadamente a Ceuta y de priorizar los costos diplomáticos por encima de la seguridad. Por su parte, el Ejecutivo probablemente argumentará que un despliegue militar en la frontera habría incrementado la tensión con Marruecos y convertiría una crisis migratoria en un incidente de carácter internacional.
De igual manera, hay una dimensión judicial en juego. Sánchez de Lara ha instado a que se investigue la existencia del plan, el simulacro y las órdenes que se dieron durante la crisis. El reto radica en acceder a documentos confidenciales y diferenciar entre un ejercicio tanto rutinario de preparación como un ensayo específicamente relacionado con una amenaza concreta.
Las respuestas a estas cuestiones definirán si hubo una decisión política discutible, un fallo en la coordinación o una interpretación exagerada de planes que son parte de la preparación habitual de cualquier guarnición fronteriza.
