El frío extremo de Ushuaia quebró el secreto del Estado Mayor Conjunto y la Casa Rosada. La presencia de ocho Marines de los Estados Unidos en Tierra del Fuego cobró estado público tras la sorpresa de varios pasajeros civiles que se toparon con los uniformes tácticos estadounidenses en la pista comercial del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.
El contingente militar extranjero arribó a la isla el pasado martes 8 de septiembre y extenderá sus actividades operativas junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de la Armada Argentina hasta el martes 22 de este mes.
La llegada de los soldados estadounidense eludió el debate institucional y la aprobación previa en el Congreso de la Nación. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina canalizaron el operativo a través de excepciones del marco regulatorio general.
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Oficialmente, se ampararon en la Ley 25.880, que en su artículo 6 indica: “El Poder Ejecutivo podrá permitir mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación [...] la introducción de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales [...] d) En los casos de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación militar".
No obstante, la propia normativa exige al Ejecutivo notificar formalmente a las comisiones parlamentarias con no menos de 15 días de antelación a su ejecución, algo que el gobierno de Javier Milei nunca hizo.
La situación desató movimientos en el Congreso de la Nación. El jueves 17 de septiembre a las 12:26 PM, la senadora peronista Cristina López ingresó formalmente en la Mesa de Entradas de la Cámara alta una Cuestión de Privilegio.
Dicha acción legislativa no es un trámite menor, sino una herramienta para casos considerados de máxima gravedad mediante la cual un legislador denuncia ante el pleno que se han vulnerado las garantías o la soberanía institucional de la Cámara. Su impacto real es fundamentalmente político: obliga a que la denuncia quede asentada en las actas taquigráficas del Estado y sea girada de urgencia a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su investigación formal.
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La presentación, a la que accedió PERFIL, embiste de forma directa contra el bypass parlamentario. En sus fundamentos, López denunció: "Se profundiza otra preocupación: el 20 de octubre y el 15 de noviembre (NdR. de 2025), con autorización del Gobierno Nacional, llegaron tropas militares de los Estados Unidos para realizar prácticas conjuntas en la ciudad de Ushuaia. La misma situación que está pasando ahora con la presencia de Infantes de la Marina de los Estados Unidos, violando nuestra Constitución, sin autorización del Congreso, como lo establece el artículo 75, inciso 28".
La legisladora fueguina también apuntó contra el giro discursivo de Casa Rosada: "¿Por qué ahora sí hay plata para la Base Naval Integrada de Ushuaia, misma obra que el Gobierno paralizó ni bien asumió? ¿Se creen que somos tontos?"
Ante la imputación, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió de inmediato a la Cuestión de Privilegio presentada: "Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento".
Pocas horas más tarde, durante su intervención en el debate por el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II, la senadora sería aún más dura: ¿El admirador de Margaret Thatcher, de un día para el otro, se convirtió en malvinero, patriota y defensor de la soberanía?". Excepto contados dirigentes, como Juan Grabois, es la tesis unificada del Partido Justicialista (PJ) más duro.
Cuando la presencia de tropas estadounidenses se destapó, el Gobierno nacional ensayó una rápida desactivación dialéctica en el plano digital. El canciller Pablo Quirno salió al cruce en la red social X para intentar licuar la densidad del conflicto afirmando que la actividad “se realiza desde 2017 todos los años”. El libreto defensivo se repitió en la Armada Argentina y arrastró al propio Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego, que originalmente había criticado la cuestión.
En declaraciones exclusivas brindadas a PERFIL, el gobernador Gustavo Melella replicó de forma idéntica la argumentación de Cancillería: "Desde el punto de vista técnico e institucional, estamos hablando de un protocolo de cooperación e intercambio que rige formalmente desde el año 2017. No es una operación militar nueva ni masiva: en este caso puntual involucró a solo 8 efectivos".
