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Nevaco Global
25 de octubre de 2026

La postergación de la reforma electoral preocupa a la Justicia

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Hace seis semanas, la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Congreso de la Nación que corríen el riesgo de cruzar un límite temporal clave y violar una regla no escrita, es decir, evitar avanzar con reformas de las reglas de votación en un año electoral. El 8 de septiembre los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas firmaron la Acordada Extraordinaria 155/2026 para recordarle al oficialismo en el Senado y en la Cámara de Diputados que se estaba acortando el tiempo para anular o suspender las PASO o para avanzar en alguna modificación del sistema de votación nacional. En el texto recordaron que habían “reformas significativas con desafíos ciertos de implementación” y también alertaron la relevancia de “la proximidad actual del límite temporal recomendado por las directrices internacionales”.

Aunque el máximo tribunal electoral no tiene previsto la firma de una nueva acordada, las complicaciones que surgen dentro del oficialismo han comenzado a desatar más preocupaciones dentro de todo el sistema electoral. Desde el 8 de septiembre, cuando los camaristas firmaron la advertencia, el ofialismo no ha podido destrabar su proyecto de reforma política y, por sobre todo, no consiguió los votos en el Senado para suspender las PASO. El tema no es menor, porque la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich anticipó que no estaban los votos, pero el jefe de Gabinete Diego Santilli sostiene que hay condiciones para ir a buscarlos. En medio de ese contrapunto, que revela la interna que surca al Gobierno, ahora en el oficialismo empiezan a pensar en continuar las negociaciones y el trámite legislativo en un eventual período de sesiones extraordinarias para poner a prueba un ultimo intento para sacar las PASO del camino. El gesto, que algunos vinculan al voluntarismo de Santlli, genera preocupación sobre un cambio fuera de tiempo que provoque una crisis en la organización del sistema electoral para las presidenciales del año que viene.

Aunque el máximo tribunal electoral no tiene previsto la firma de una nueva acordada, las complicaciones que surgen dentro del oficialismo han comenzado a desatar más preocupaciones dentro de todo el sistema electoral. Desde el 8 de septiembre, cuando los camaristas firmaron la advertencia, el ofialismo no ha podido destrabar su proyecto de reforma política y, por sobre todo, no consiguió los votos en el Senado para suspender las PASO. Bullrich insiste que los votos no estan, pero el jefe de Gabinete Diego Santilli sostiene que hay condiciones para ir a buscarlos. Ahora quedó a cargo de conseguirlos pero los resultados no aparecen. En medio de ese contrapunto, que revela la interna que surca al Gobierno, ahora en el oficialismo empiezan a pensar en continuar las negociaciones y el trámite legislativo en un eventual período de sesiones extraordinarias 2027, para poner a prueba un ultimo intento que saque a las PASO del camino.

El gesto, que algunos vinculan al voluntarismo de Santlli, genera preocupación sobre un cambio fuera de tiempo que provoque una crisis en la organización del sistema electoral para las presidenciales del año que viene.

Según pudo reconstruir PERFIL, si no hay una decisión concreta antes del 31 de diciembre, se puede trastocar la organización de los comicios en un punto muy delicado: la realización de elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Ambos distritos pueden desdoblar sus comicios ejecutivos locales de los nacionales o también los pueden unificar.

Si las reformas que busca el Gobierno quedan empantanadas en la indefinición y se realizan las dos elecciones en el mismo día, la implementación de comicios “concurrentes” podrían originar una crisis a partir del uso de doble instrumento de votación, con dos urnas y una notable complicación para el tiempo de votación, pero también en materia logística para el Correo Argentino y de seguridad para el Comando Nacional Electoral.

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ETA paró de matar hace ya 15 años. El 20 de octubre 2011 llegó un comunicado a los diarios Gara y Berria (afines al terrorismo) donde la banda anunciaba el fin de la lucha armada cuatro décadas después. Sin embargo, el tiempo no ha borrado la huella de sangre que dejó en Andalucía, ni ha reparado el dolor. La memoria dicta que solo dos de los asesinos siguen en prisión por ahora y que hay dos atentados sin resolver. ETA mató por primera vez un 14 de octubre de 1983. Aquella tarde, Alfredo Jorge Suar estaba en su consulta de El Puerto de Santa María (Cádiz). Un hombre con una boina entró para ser atendido y salieron juntos a los 20 minutos. Era un secuestro. Esa misma noche, dos celadores de la Residencia Sanitaria de Cádiz lo hallaron muerto en un coche con un tiro en la cabeza y otro en la columna. El médico, que escapó de la dictadura de Videla en Argentina, fue el primer asesinado por ETA en la región. Los terroristas se lo llevaron y lo mataron. La banda aprovechó el comunicado para reivindicar su muerte para amenazar también a todos los funcionarios de prisiones. Suar había atendido en la prisión de El Puerto a más de 40 etarras sin mirar sus delitos, pero eso no le salvó la vida. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, volvió a denunciar este año que el asesinato está impune porque el caso se archivó sin condenas en 1985. Aquella amenaza en el comunicado se cobró la vida de Conrada Muñoz en Montillana (Granada). Un paquete bomba dirigido a su hijo, que era funcionario de prisiones, la mató el 11 de agosto de 1989. Por aquel crimen fueron condenados Henri Parot, Francisco Múgica y José María Arregui. A Parot le concedió el tercer grado de semilibertad el mes pasado. Los otros dos están libres. José María Arregui recibió un tercer grado también acordado por el Gobierno vasco en junio de 2024. Y en esa ofensiva contra las prisiones, la cárcel de Sevilla sufrió el atentado más sangriento de ETA en Andalucía. El 28 de junio de 1991 un paquete bomba mató al funcionario Manuel Pérez Ortega , a los presos Donato Calzado y Jesús Sánchez , así como al visitante de la cárcel Edmundo Pérez . La explosión dejó más de 30 heridos. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo denunció en el aniversario de este año que la causa judicial se cerró por última vez en octubre de 2015. Nunca se pudo acreditar quiénes mandaron aquel paquete bomba desde Valladolid para el director de la prisión. No llegó a recibirlo, puesto que su peso levantó sospechas. Ocho kilos de explosivo en un contenedor mataron al sargento de Ingenieros del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón Díaz-González en la avenida Carlos III de Córdoba. Estaba allí para esperar el microbús militar que recogía a los efectivos para llevarlos al cuartel. Un matrimonio y dos militares más resultaron heridos. Por la noche, la policía desactivó dos coches-bomba más en esta ciudad. ETA reivindicó el atentado. Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa y Asier Ormazábal fueron condenados por el asesinato. La masacre que ETA quería provocar tenía la firma de José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'. Los tres primeros están el libertad. Según los datos de la AVT a Maite Pedrosa le concedieron la libertad condicional el año pasado, mientras Azurmendi esta en la calle por cumplir condena y Ormazábal salió tras cumplir 16 de los 352 años a los que fue condenado. Su recibimiento con honores en Hernani ahondó en el dolor de sus víctimas. Por su parte, Kantauri, uno de los jefes más sanguinarios de ETA, al que se achaca la orden de matar al socialista Fernando Múgica, ya ha tenido su primer permiso penitenciario acordado por el Gobierno vasco. Y eso mientras aguarda a los juicios por su presunta participación en los asesinatos de Gregorio Ordoñez y Miguel Ángel Blanco. Se le atribuye también la orden de secuestrar a Ortega Lara y Cosme Delclaux, así como de mandar el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García en Sevilla. La Audiencia Nacional condenó a Kantauri a 56 años de prisión al considerar probado que, desde finales de 1994, era el jefe de los llamados «comandos ilegales» de ETA y responsable de todos sus actos criminales, entre otros los del llamado «comando Andalucía». Así, se le achaca entregar las pistolas para el asesinato de Jiménez-Becerril. Sale a diario de prisión. La sentencia recoge que esa logística posibilitó que la madrugada del 30 de enero de 1998 los dos sevillanos fueran asesinados. Dos etarras vieron a la víctima en un bar con otras personas, observaron cómo poco después salía en compañía de una mujer, que resultó ser su esposa. Les siguieron por las calles, hasta que José Luis Barrios 'Txetxu' y Mikel Azurmendi les dieron muerte antes de llegar a su domicilio. El etarra que mató a Alberto Jiménez-Becerril y a Ascensión García tomo posesión como diputado en Navarra durante la tregua de 1999Aquella noche el sorteo a suertes para ver quién disparaba lo ganó Barrios, sobre quien el observatorio de la AVT recoge que el Gobierno vasco le concedió el tercer grado en 2024. Antes, en 1999 llegó a ser parlamentario foral en Navarra por la izquierda abertzale. No importó su condena a 60 años por estos asesinatos. El bochorno salpicó la tregua que la banda terrorista había decretado en 1998. El mismo comando, que también formaba Maite Pedrosa tenía pensado asesinar a la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, así como a la de Málaga, Celia Villalobos. No los llevaron a efecto. Tampoco pudieron llevar a cabo otro asesinato en Nerja y, por miedo a que los coches tuvieran alarma, abortaron dos bombas destinadas a dos concejales de Rincón de la Victoria. Sin embargo, a quien sí mató ETA fue al concejal de Málaga José María Martín Carpena . Andalucía sufrió la ruptura de la tregua de septiembre de 1998 a noviembre de 1999 con la reorganización del «comando Andalucía». El primer golpe fue en Málaga. A las 21.40 de la noche del sábado del 15 de julio de 2000, mientras cogía el coche frente a su domicilio para dirigirse al Pregón de la Biznaga, Martín Carpena fue asesinado delante de su mujer y de su hija. Cuando la familia iba a subir al coche, Igor Solana, que llevaba más de una hora esperando su salida, disparó seis veces, cuatro alcanzaron al político, uno de ellos en la nuca, que le provocó la muerte en el acto. Una vez cometido el asesinato, el terrorista escapó en otro vehículo donde le estaba esperando Harriet Iragi. La tregua de 1998 a 1999 sirvió para reorganizar el «comando Andalucía» para intentar aterrorizar a regiónMartín Carpena no llevaba escolta porque nunca fue amenazado. Su asesino, Igor Solana, sigue en prisión porque se suspendió su semilibertad en 2024. 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