Este negocio ilegal supera en facturación a muchas de las mayores empresas de Colombia

Un estudio alerta que este fenómeno podría repetirse con los llamados minerales de transición, en los que Colombia tiene gran potencial.

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Medir el desempeño de las empresas evaluado por sus ventas no solo sirve para determinar qué tan grande, dinámico y concentrado es el tejido empresarial del país. También ayuda a identificar cuáles sectores impulsan la economía y cuáles pierden terreno. Así, se tiene muy claro que, con todo y sus problemas recientes, Ecopetrol es la número uno por su elevada facturación e influencia.

Según el más reciente ranking de las 100 mayores empresas de SEMANA, el segundo lugar es para la Organización Terpel –ratificando la relevancia del sector de los combustibles– y el tercero para el Grupo EPM. Después aparecen compañías de distintos sectores. Sin embargo, un estudio reciente de Fedesarrollo y el centro de pensamiento suizo Loom Strategy Centre situaría entre esos elevados niveles de ingresos a una actividad ilegal difícil de cuantificar, pero que mueve enormes sumas, financia delitos y le cuesta al Estado billones de pesos en regalías e impuestos no recaudados.

Se trata de la extracción ilícita de oro que, si fuera una empresa, estaría entre las cinco mayores del país. El estudio estima que sus ingresos brutos en 2025 estuvieron entre 32 y 34 billones de pesos, lo que equivale a 1,9 por ciento del PIB. Esa cifra supera las ventas trimestrales de Ecopetrol en el cuarto trimestre de 2025 (28,8 billones) y se asemeja al valor agregado de la extracción de petróleo y gas natural ese año (2,1 por ciento del PIB). También supera las ventas anuales de gigantes como Avianca, Éxito o D1.

La minería ilegal de oro hoy les genera más ingresos a las organizaciones criminales que el narcotráfico y, de hecho, se estima que en Colombia y Perú las exportaciones de metal precioso ilícito superan a las de cocaína. Los investigadores del estudio, que fue liderado por Nicolás Galarza, asesor global de Loom Strategy Centre, y Jairo García, investigador de Fedesarrollo, explican que, a diferencia de la cocaína, el oro es más fácil de transportar. Un millón de dólares representado en cocaína pesa casi 35 kilos, mientras que el mismo valor en oro equivale a menos de 7 kilos. Además, a diferencia de la droga, su simple posesión no constituye necesariamente prueba de un delito.

Estas características han permitido que los grupos criminales tomen ventaja en la cadena del oro. Colombia no puede repetir ese escenario con otros minerales críticos como el cobre, el niobio y el tantalio —estos dos últimos forman el coltán—, en los que tiene potencial para convertirse en un proveedor relevante ante la creciente demanda mundial asociada con la transición energética, la digitalización y las nuevas tecnologías.

Nicolás Peña Tenjo, investigador de Fedesarrollo y uno de los autores del estudio, advierte que Colombia tiene una ventana de oportunidad de cinco años para aprovechar su potencial en minerales críticos y, al mismo tiempo, combatir la ilegalidad. Esta urgencia responde a tres razones.

La primera es la duración de los proyectos mineros de gran escala. Desde el inicio de la exploración hasta la entrada en operación pueden transcurrir cerca de 10 años, debido a los procesos de prospección, licenciamiento, otorgamiento de títulos, estructuración del proyecto y ejecución de las inversiones necesarias. La segunda razón es que la Unión Europea, Estados Unidos y Japón están buscando nuevos proveedores de minerales críticos y estratégicos para reducir su dependencia de China, y esos contratos habría que firmarlos lo antes posible para que otros países no se los arrebaten a Colombia. Y la tercera razón es que, si no se toman decisiones en términos de fuerza pública, regulatorios, de inversión social y de exploración, con los minerales críticos va a suceder lo mismo que con el oro, porque los ilegales van a llegar primero.

Galarza señala que una de las grandes dificultades de estos minerales, que también se conocen como tierras raras, es que no hay una medición sobre el verdadero potencial del país y eso requiere fortalecer al Servicio Geológico para que pueda hacer el respectivo estudio.

De hecho, se estima que cerca del 90 por ciento de la explotación de minerales críticos es ilegal, dado que no se sabe cuánto hay (en el caso del oro, un estudio de las Naciones Unidas encontró que entre el 70 y el 80 por ciento de la producción es de origen ilícito).

Mayor aún es la contradicción que muestra el estudio de Loom y Fedesarrollo, que identificó que, pese a no haber registros de producción, sí ha habido exportación de minerales raros. “Con datos de aduanas de Buenaventura encontramos exportaciones de coltán a China y Hong Kong en años donde no ha habido producción”, precisa Peña Tenjo.

Una de las posibles explicaciones de esas exportaciones, además de la extracción ilegal, sería el contrabando transfronterizo de minerales críticos de Venezuela. Colombia resultaría atractiva como ruta por su acceso directo a los mercados asiáticos, mientras el país vecino continúa sometido a sanciones y carecería de infraestructura suficiente para comercializar estos productos.

Los autores del estudio aseguran que uno de los problemas con las exportaciones es que no hay articulación entre la Agencia Nacional Minera y las aduanas. De hecho, estas últimas no tienen capacidades ni conocimientos sobre estos minerales, que a simple vista se ven como unas arenas negras.

Precisamente porque se asemejan a la tierra, muchas comunidades desconocen su verdadero valor y prácticamente los regalan, mientras quienes los transportan lo hacen sin mayores controles. “Hoy en Colombia es más difícil movilizar madera que minerales críticos. Para la primera se exige un salvoconducto forestal que certifique su origen legal y que no proviene de la deforestación; para los segundos, basta con decir que se transporta tierra y nadie hace preguntas”, añade Galarza.