Estas serían las condiciones que Colombia podría negociar con el FMI para acceder a nuevos recursos

Analistas anticipan metas sobre déficit, deuda, gasto e ingresos, mientras que una línea de liquidez precautoria aparece entre las alternativas más probables.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Como suelen decir los economistas, “no hay almuerzo gratis”. El regreso de Colombia a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría abrirle al país el acceso a financiación más barata, pero vendría acompañado de duros compromisos para corregir el deterioro de las finanzas públicas.

Aunque todavía no se conocen el instrumento, el monto ni las condiciones que eventualmente pactarían las partes, las recomendaciones que el propio Fondo ha hecho a Colombia y las opiniones de analistas permiten anticipar cuáles serían los principales puntos de discusión.

El FMI confirmó esta semana que espera recibir en Washington una delegación del Ministerio de Hacienda para continuar las conversaciones. El organismo destacó el compromiso manifestado por el actual Gobierno con la disciplina fiscal y señaló que medidas creíbles para reducir los desequilibrios podrían bajar los costos de financiación y recuperar la confianza de los inversionistas.

El primer punto del acuerdo sería, precisamente, un programa de ajuste fiscal con metas cuantitativas y verificables dirigido a reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda pública. El precedente que podría servir de referencia es el acuerdo multianual que Colombia tuvo con el Fondo en 1999.

De hecho, el organismo ya dejó una hoja de ruta bastante concreta para el país. En su última revisión del artículo IV, recomendó que Colombia ejecute un ajuste estructural equivalente a por lo menos 3,2 por ciento del PIB entre 2026 y 2028, mediante una combinación de mayores ingresos y reducción del gasto. El objetivo es que el país pueda retornar a la regla fiscal en 2028.

Ese ajuste probablemente sería uno de los puntos centrales de cualquier negociación.

Por el lado de los ingresos, el Fondo ha planteado medidas equivalentes a cerca de 1 por ciento del PIB. Entre ellas están reducir exenciones de IVA y los beneficios para importaciones de bajo valor, aumentar impuestos a las apuestas en línea, mantener o elevar sobretasas sobre petróleo y carbón, y aumentar los impuestos al carbono.

Por el lado del gasto, las recomendaciones son todavía mayores: ajustes equivalentes a 2,2 por ciento del PIB hacia 2028. El menú planteado por el organismo incluye eliminar subsidios a los combustibles, llevar el gasto en nómina pública hacia niveles históricos, racionalizar transferencias corrientes, reducir algunos subsidios en salud y mejorar la eficiencia de la contratación pública.

Estas medidas no constituyen todavía las condiciones de un acuerdo. Son recomendaciones realizadas por el equipo técnico del FMI en 2025, pero sirven como referencia de los asuntos que podrían aparecer en la negociación.

Giovanny Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, considera que el Fondo probablemente insistiría en tres frentes: recortes que no comprometan la inversión, una reforma tributaria capaz de financiar gastos adicionales y el cumplimiento de la regla fiscal. “Probablemente será la principal condición que pondrá el FMI para cualquier desembolso de crédito”, señaló.

Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda, también anticipa compromisos sobre los ingresos. Según explicó, Colombia tiene tarifas tributarias elevadas, pero recauda alrededor del 16 por ciento del PIB, por factores como informalidad, evasión y exenciones. Por eso considera posible que una negociación incluya medidas dirigidas a cerrar beneficios tributarios, combatir la evasión e incluso revisar aspectos del IVA.

La segunda gran pregunta es cuál sería el instrumento. Colombia tuvo una línea de crédito flexible (LCF), que fue cancelada por el anterior Gobierno y que es un mecanismo reservado para economías que el FMI considera con fundamentos y marcos de política “muy sólidos”. Su principal ventaja es que no establece condiciones posteriores al desembolso, pues funciona como una tarjeta de crédito, dado que los requisitos se evalúan antes de aprobarla y luego se puede gastar en lo que se requiera.

Sin embargo, recuperar ese instrumento podría ser difícil. En su evaluación de 2025, el FMI advirtió que el deterioro fiscal y la suspensión temporal de la regla fiscal habían debilitado considerablemente el marco de política frente a la evaluación realizada cuando Colombia solicitó la LCF en 2024.