Trump descubrió que los aranceles sí suben los precios

Donald Trump pasó buena parte de su regreso a la Casa Blanca explicando que importar menos, cobrar más aranceles y proteger al productor estadounidense permitiría fortalecer la economía y devolver prosperidad a las familias. Ahora, cuando el precio de la carne de res se encuentra cerca de máximos históricos y el costo de llenar el carrito del supermercado empieza a pesar políticamente a unos meses de las elecciones de medio término, el presidente acaba de hacer exactamente lo contrario: permitirá durante 90 días la entrada de hasta 300 mil toneladas métricas adicionales de carne molida importada con alivio arancelario para aumentar la oferta y tratar de reducir el precio que pagan los consumidores. No está mal rectificar cuando la realidad lo exige. Lo interesante es la lección económica que la rectificación deja: los aranceles pueden proteger a quien produce, pero nunca pueden garantizar que no terminará pagando más quien compra.

Trump asegura incluso que esa carne podrá venderse aproximadamente 25% por debajo de los precios actuales. Está por verse si realmente ocurre. Economistas y representantes de la propia industria advierten que las 300 mil toneladas representan apenas una fracción del enorme mercado estadounidense y dudan que semejante volumen sea suficiente para provocar por sí solo una reducción sustancial en los precios. Pero más allá de que la medida funcione mucho, poco o nada, su significado político resulta extraordinariamente revelador: para abaratar un producto básico, el presidente que ha convertido el arancel en una de las principales herramientas de su política económica necesita ahora reducir precisamente la barrera que encarece su importación.

El problema de la carne estadounidense, por supuesto, no nació con Trump ni puede explicarse exclusivamente por los aranceles. Estados Unidos tiene hoy uno de sus inventarios ganaderos más pequeños en décadas, después de años de sequías que encarecieron pastizales y alimentación, elevados costos de producción y una prolongada reducción del hato. Reconstruirlo llevará tiempo porque una vaca no sale de una línea de ensamble ni puede aumentarse la producción mediante una orden ejecutiva. A ello se sumaron restricciones a la entrada de ganado mexicano por razones sanitarias y cierres o reestructuraciones de plantas procesadoras. La oferta disminuyó mientras la demanda de carne se mantuvo sorprendentemente fuerte, y la consecuencia lógica apareció en las etiquetas del supermercado: precios récord. Reuters señala que los inventarios están en su nivel más bajo en alrededor de 75 años.

Precisamente por eso sería simplista afirmar que Trump provocó por sí mismo el encarecimiento o que basta eliminar un arancel para corregirlo. No es así. Pero también sería absurdo ignorar la contradicción entre el diagnóstico económico que su administración ha defendido durante meses y la solución que ahora propone. Si aumentar importaciones puede ayudar a incrementar oferta y reducir precios, entonces las importaciones no son siempre el enemigo. Y si reducir temporalmente un arancel facilita que esas mercancías entren más baratas, entonces el arancel tampoco es ese impuesto mágico que supuestamente paga exclusivamente el extranjero sin repercutir sobre el mercado estadounidense.

Ese ha sido uno de los problemas centrales de la narrativa comercial de Trump. Durante años explicó a sus seguidores que los aranceles eran una especie de factura enviada a China, Canadá, México, Europa o cualquier otro país exportador. Pero económicamente el mecanismo funciona de otra manera. El impuesto se cobra al importador estadounidense cuando la mercancía entra al país. Después comienza la disputa sobre quién absorbe el costo: el productor extranjero puede reducir parte de su margen; el importador puede aceptar otro porcentaje; una empresa puede compensarlo reduciendo utilidades o buscando proveedores diferentes, y una parte puede terminar trasladándose al precio final. La proporción varía según el producto, la competencia y las condiciones de mercado, pero nunca existió una muralla capaz de impedir que los aranceles llegaran al consumidor.

La ironía consiste en que Trump necesita hacer aquello que durante meses presentó como problema: importar más para abaratar. No porque el comercio exterior sea siempre bueno ni porque todo arancel sea necesariamente equivocado. Hay sectores estratégicos que un país puede decidir proteger por seguridad nacional, empleo, independencia tecnológica o supervivencia industrial, aun aceptando determinados costos. China ha utilizado durante décadas políticas industriales agresivas; Europa protege numerosos sectores y prácticamente todas las grandes economías intervienen de alguna forma en sus mercados. La discusión seria nunca debería reducirse a libre comercio absoluto contra proteccionismo absoluto.

La verdadera pregunta es quién paga la protección y cuánto cuesta.

Si Estados Unidos decide proteger a sus ganaderos limitando competencia externa, puede favorecer los precios que recibe el productor doméstico, especialmente cuando existe escasez. Pero el consumidor pagará más. Si abre el mercado para aumentar rápidamente la oferta y tratar de reducir precios, puede beneficiar a quien compra mientras presiona los ingresos del ranchero estadounidense. No existe una solución sin consecuencias. Ésa es justamente la tensión que ahora está descubriendo políticamente la administración Trump.

Los ganaderos no tardaron en reaccionar. La National Cattlemen’s Beef Association y otras agrupaciones advirtieron que inundar temporalmente el mercado con producto extranjero puede perjudicar precisamente a los productores nacionales que necesitan buenos precios para reconstruir el hato. Algunos senadores republicanos de estados ganaderos también objetaron la decisión. Su argumento merece atención: si los productores estadounidenses reciben una señal de que cada vez que el precio suba Washington responderá facilitando importaciones, podrían tener menos incentivos para realizar las inversiones necesarias para aumentar la producción doméstica en el largo plazo. La solución inmediata para el consumidor puede complicar la solución estructural para el productor.

Ahí aparece otra contradicción política. Trump ha construido una parte importante de su base precisamente entre agricultores, ganaderos y comunidades rurales a las que prometió defender contra competencia extranjera. Ahora algunos de esos mismos sectores observan cómo el gobierno sacrifica temporalmente protección comercial porque otro grupo electoral mucho mayor —los consumidores— está molesto con los precios. La Casa Blanca tiene que escoger entre dos promesas difíciles de cumplir simultáneamente: proteger al productor estadounidense frente a importaciones baratas y abaratar rápidamente aquello que compra el ciudadano.

En realidad, esa es una contradicción que ningún presidente puede eliminar mediante discurso. Todos queremos pagar menos por aquello que compramos y recibir más por aquello que vendemos. El ganadero quiere un precio alto por su ganado; el consumidor quiere carne barata. El trabajador quiere salarios elevados; la empresa quiere costos competitivos. El propietario quiere que su casa gane valor; el joven que busca comprarla quiere vivienda económica. Gobernar consiste precisamente en administrar esos intereses contrapuestos, no en fingir que todos pueden maximizarse simultáneamente.

Trump ganó buena parte de su apoyo electoral prometiendo reducir el costo de vida. Recordó una y otra vez cuánto costaban alimentos, gasolina y vivienda durante administraciones anteriores y enseñó a los estadounidenses a comparar el recibo del supermercado. Ese discurso fue políticamente muy eficaz. El problema es que ahora gobierna él y la comparación continúa. El ciudadano que pagaba determinado precio por una libra de carne no deja de mirar la etiqueta porque el presidente le explique que dentro de cinco años habrá más fábricas o mejores acuerdos comerciales.

El precio de la carne posee además una característica políticamente peligrosa: todo mundo lo entiende. Para debatir el déficit fiscal hacen falta cifras gigantescas; para explicar la balanza comercial se requieren porcentajes; para discutir productividad hay que entrar en indicadores económicos. Un bistec no necesita explicación. Está delante del consumidor, con una etiqueta y un precio. Y cuando la carne molida, los cortes y las hamburguesas se encarecen, el ciudadano lo descubre cada semana.

Por eso esta decisión no puede separarse de una preocupación mucho mayor de la Casa Blanca: la asequibilidad. Las elecciones de medio término se acercan y la inflación, aun cuando haya disminuido respecto de sus peores momentos, continúa siendo una experiencia cotidiana para millones de familias. Ya vimos recientemente señales de menor dinamismo en el consumo y un deterioro de la confianza. Trump sabe perfectamente que puede ganar discusiones comerciales contra otros gobiernos y perder simultáneamente la discusión económica dentro de las cocinas estadounidenses.

En ese sentido, su decisión es pragmática. Si existe una posibilidad razonable de aumentar oferta y aliviar precios mediante importaciones adicionales, tiene sentido intentarlo. El problema no es que contradiga un dogma; un gobernante inteligente debe estar dispuesto a modificar políticas cuando la realidad cambia. Lo que debería cambiar también es la explicación simplista según la cual los aranceles siempre enriquecen a Estados Unidos y siempre son pagados por los demás.