México no puede defender su soberanía con energía prestada

México puede cerrar sus fronteras a una intervención extranjera, rechazar presiones de Washington, levantar la voz en defensa de su independencia y proclamar desde Palacio Nacional que nuestra soberanía no se negocia. Pero hay algo que no puede hacer con discursos: mantener encendidas sus fábricas, funcionando sus industrias y generando electricidad si un día Estados Unidos decide cerrar las válvulas del gas que nos vende. Ésa es una de las contradicciones más peligrosas de nuestro país. Nos enorgullecemos de nuestra independencia energética mientras aproximadamente tres cuartas partes del gas natural que consumimos llegan desde territorio estadounidense. Y ahora que Donald Trump pretende utilizar nuevamente el comercio, las inversiones y los suministros estratégicos como instrumentos de presión, convendría preguntarnos cuánto vale una soberanía cuya infraestructura productiva depende de que nuestro principal socio comercial mantenga abiertos los ductos.

La pregunta dejó de ser exclusivamente económica. En medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, han surgido señalamientos sobre el interés de Trump en ampliar los acuerdos energéticos con empresas estadounidenses y aumentar nuestras compras de gas natural. No se trata simplemente de vendernos más combustible. En una relación bilateral donde el presidente estadounidense ha demostrado disposición a mezclar aranceles, migración, seguridad, inversiones y decisiones políticas, la energía se convierte en una pieza particularmente delicada. Porque una cosa es negociar las condiciones de una compraventa entre países vecinos y otra muy distinta es descubrir que el suministro indispensable para nuestra economía puede formar parte de un paquete de exigencias políticas.

México ha construido durante décadas buena parte de su identidad nacional alrededor de la soberanía energética. La expropiación petrolera de 1938 sigue ocupando un lugar central en nuestra memoria histórica, y con razón. Lázaro Cárdenas tomó una decisión que transformó la relación entre el Estado mexicano, sus recursos naturales y las compañías extranjeras. Aquello significó mucho más que un cambio de propietarios: fue una afirmación de autoridad nacional frente a intereses que habían adquirido un enorme poder sobre una actividad estratégica. Sin embargo, casi noventa años después, convendría reconocer que las condiciones del mundo energético son profundamente distintas y que la independencia no puede medirse únicamente por quién posee las instalaciones o por el nombre de la empresa encargada de operarlas.

El petróleo conserva importancia, pero el gas natural se ha convertido en uno de los combustibles fundamentales para el funcionamiento de la economía contemporánea. Alimenta centrales eléctricas de ciclo combinado, abastece procesos industriales y resulta indispensable para actividades manufactureras cuya competitividad depende de contar con energía suficiente, continua y razonablemente barata. Buena parte de la producción que México presume como muestra de su fortaleza exportadora necesita precisamente ese combustible. Automóviles, autopartes, acero, vidrio, productos químicos, alimentos y numerosas actividades industriales dependen, directa o indirectamente, de una infraestructura energética que no puede interrumpirse sin consecuencias considerables.

Lo paradójico es que México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, fundamentalmente de Estados Unidos. Esa proporción revela una dependencia estructural que se ha profundizado durante años, incluso mientras distintos gobiernos proclamaban sus respectivas estrategias de soberanía energética. Nuestra producción nacional resulta insuficiente frente a una demanda que ha crecido con la expansión industrial y eléctrica. Y cuanto más gas utilizamos para generar electricidad, más importante se vuelve garantizar que ese suministro no dependa excesivamente de decisiones, condiciones climáticas o acontecimientos ocurridos fuera de nuestro territorio.

Sería injusto atribuir toda esta situación a un solo gobierno. La dependencia se construyó durante varias administraciones, bajo distintas políticas y con argumentos que en su momento parecían económicamente razonables. Estados Unidos desarrolló una extraordinaria capacidad de producción de gas, particularmente mediante la explotación de yacimientos no convencionales, y México encontró al otro lado de la frontera un combustible relativamente barato, abundante y geográficamente cercano. Importarlo permitió ampliar la generación eléctrica, abastecer industrias y aprovechar ventajas competitivas que contribuyeron al crecimiento de numerosas regiones del país. Negar esos beneficios sería tan equivocado como ignorar los riesgos que hoy acompañan a esa misma dependencia.

El problema no consiste, por tanto, en comprar gas estadounidense. Tampoco en comerciar intensamente con nuestro vecino. La integración energética puede resultar conveniente para ambas naciones y constituye una realidad difícilmente reversible en el corto plazo. El verdadero problema aparece cuando una parte tan importante de nuestra capacidad productiva depende de un solo proveedor externo y cuando carecemos de suficientes mecanismos para enfrentar una interrupción prolongada. Hay una diferencia fundamental entre aprovechar las ventajas del comercio internacional y colocarse en una situación donde cualquier alteración del suministro puede comprometer actividades esenciales.

Ya conocemos algunas consecuencias. En febrero de 2021, una tormenta invernal extraordinaria en Texas afectó la producción y distribución de gas natural, provocó restricciones de suministro y contribuyó a interrupciones eléctricas en distintas regiones mexicanas. Aquella crisis demostró que no hace falta una decisión política deliberada para que nuestra dependencia se convierta en vulnerabilidad. Basta una emergencia climática, una falla en la infraestructura o una alteración importante del mercado. Más recientemente, problemas técnicos y trabajos de mantenimiento en gasoductos estadounidenses volvieron a obligar a nuestras autoridades energéticas a instrumentar medidas para evitar afectaciones mayores. La experiencia debería ser suficientemente aleccionadora.

Ahora imaginemos un escenario distinto. No una tormenta ni una avería, sino una controversia política grave entre ambos gobiernos que coincidiera con restricciones de suministro, aumentos extraordinarios de precios o exigencias comerciales difíciles de aceptar. Nadie necesita afirmar que Trump haya decidido cerrar los gasoductos para comprender el riesgo. Basta reconocer que una dependencia de semejante magnitud reduce nuestras alternativas y, por tanto, puede limitar nuestro margen de negociación. En las relaciones internacionales, el poder no siempre se ejerce mediante amenazas explícitas. También se manifiesta cuando una parte sabe que la otra dispone de pocas opciones para satisfacer necesidades indispensables.

Conviene recordar además que Trump ha demostrado una particular inclinación a vincular asuntos que tradicionalmente podían negociarse por separado. Los aranceles dejan de ser instrumentos exclusivamente comerciales cuando se utilizan para exigir decisiones migratorias o de seguridad. Las inversiones dejan de discutirse solamente por su rentabilidad cuando aparecen asociadas a condiciones políticas. Y los suministros energéticos pueden adquirir una dimensión estratégica adicional cuando forman parte de una negociación sobre el conjunto de la relación bilateral. México tiene que comprender esa lógica sin caer en alarmismos, pero también sin ingenuidad.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse a repetir que el petróleo y la electricidad pertenecen a la nación. El verdadero ejercicio de la soberanía energética exige capacidad de producir, transportar, almacenar y distribuir la energía que necesitamos. Exige también diversificar fuentes de abastecimiento, aumentar la eficiencia del consumo, desarrollar infraestructura y establecer condiciones que permitan inversiones suficientes. De poco sirve que una empresa sea formalmente propiedad del Estado si carece de recursos, tecnología o capacidad para proporcionar oportunamente aquello que el país demanda.

Eso no significa renunciar a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad. Ambas instituciones cumplen funciones estratégicas que deben preservarse y fortalecerse. Pero fortalecerlas no equivale a protegerlas de cualquier evaluación crítica ni a suponer que pueden resolver solas todas las necesidades energéticas del país. Una empresa pública se fortalece cuando mejora su eficiencia, reduce pérdidas, moderniza instalaciones, invierte productivamente y ofrece resultados verificables. No cuando su importancia histórica se utiliza para justificar indefinidamente deficiencias operativas o decisiones financieras que terminan trasladando costos a toda la sociedad.

Tampoco debería convertirse la participación privada en una discusión ideológica interminable. Lo relevante es establecer con claridad qué actividades deben permanecer bajo control estatal, cuáles pueden beneficiarse de asociaciones y bajo qué condiciones resulta conveniente atraer capital, tecnología y experiencia especializada. La inversión privada no constituye por sí misma una amenaza a la soberanía, como tampoco garantiza automáticamente eficiencia o beneficios sociales. Todo depende de las reglas, la regulación, los contratos, la competencia, la transparencia y la capacidad del Estado para orientar el desarrollo energético conforme al interés nacional.

México necesita superar esa falsa alternativa entre monopolio estatal e irrestricta apertura privada. Hay numerosos modelos posibles de colaboración, y corresponde evaluar cuáles ofrecen mejores resultados sin comprometer funciones estratégicas ni entregar decisiones fundamentales sobre el abastecimiento nacional. La discusión debe centrarse en producir más energía, reducir vulnerabilidades, garantizar precios competitivos y ofrecer certidumbre a quienes invierten y trabajan en el país. Lo demás puede resultar políticamente atractivo, pero no necesariamente enciende una sola turbina.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido expresamente el tamaño de nuestra dependencia del gas estadounidense y ha planteado una estrategia para reducirla. Su gobierno anunció proyectos para ampliar y modernizar gasoductos, fortalecer la producción nacional y desarrollar fuentes renovables de electricidad. Es positivo que el problema se reconozca y que existan planes de inversión. Pero también conviene recordar que México ha conocido demasiados anuncios energéticos cuyos resultados quedaron por debajo de las expectativas. Esta vez será indispensable establecer metas comprobables, presupuestos realistas, calendarios de ejecución y mecanismos de evaluación que permitan distinguir entre proyectos efectivamente realizados y compromisos que permanecen sobre el papel.