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19 de octubre de 2026

Entre EEUU y China: la estrategia dual de América Latina – Por Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la estrategia para América Latina y el Caribe (ALC) de EEUU pasó de la teoría a la práctica, una teoría articulada en torno a la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN, diciembre de 2025) y del Corolario Trump de la Doctrina Monroe. La Estrategia de Defensa Nacional (EDN, enero de 2026) del Departamento de Defensa ratificó lo expuesto en la ESN: prioridad de las fronteras interiores (Homeland Security) y del llamado Hemisferio Occidental.

La estrategia diseñada en 2025 se puso en práctica al año siguiente, previo ensayo de la operación Lanza del Sur para combatir al narcoterrorismo. En Venezuela la Operación Resolución Absoluta (3 de enero) extrajo a Nicolás Maduro y sometió al gobierno de Delcy Rodríguez a su tutela. Tras meses de presión y amenazas de anexión del Canal de Panamá, el 30 de enero se logró que el Tribunal Supremo panameño anulara la concesión a la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar los puertos de Cristóbal, en la vertiente atlántica, y Balboa, en la pacífica, próximos a las desembocaduras del Canal.

EEUU pasó a controlar las mayores reservas de crudo del mundo y expulsó a su máximo rival de una ruta interoceánica crucial. Su valor estratégico aumentó con la Guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. El objetivo geopolítico de EEUU no es expulsar a China de América Latina sino impedir que controle materias primas estratégicas e infraestructuras críticas. La idea está incluida en el Corolario Trump-Monroe y en la ESN: “Negaremos a los competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas… o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”.

La relación con ALC está guiada por la idea de hegemonía. Washington marca la agenda y la estrategia, no desde la igualdad sino desde la superioridad plasmada en el Corolario Trump-Monroe. La superioridad se basa en el poder militar y en el hecho de ser el principal socio comercial de México y América Central y el mayor inversor extranjero, situación que se mantiene en lo que llevamos de siglo. Aunque China gana peso en logística, minería y automoción, su predominio se asienta en dos sectores destacados: energía e infraestructura digital, y se manifiesta de forma heterogénea en cuatro planos: (a) alianza con los países sudamericanos, junto a la comunión ideológica plasmada en el Escudo de las Américas; (b) adhesión incondicional de los países de América Central y el Caribe, con sintonía con Honduras y El Salvador en materia migratoria, colaboración con Guatemala en infraestructuras y aceptación panameña de la estrategia del Canal; (c) presión a la dictadura cubana y, en menor medida, a la nicaragüense; y (d) tensión con Brasil y México. De ahí que el reto de ALC sea gestionar las tensiones derivadas de sus vínculos con EEUU y China. La solución es dual.

En el bienio 2024-2026, América Latina, salvo México y Brasil, y en menor medida Uruguay, se ha alineado con EEUU. Desde 2024, en las ocho elecciones realizadas han triunfado candidatos pro-Trump.

Las dos victorias más vinculadas a Trump fueron las de Honduras y Colombia. Trump respaldó personalmente a Nasry Asfura y amenazó con retirar la ayuda a Honduras si éste no ganaba. Finalmente venció por menos de un punto a Salvador Nasralla. En Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldado por Trump, ganó por menos de un punto. En 2025 la victoria de Javier Milei en las legislativas se debió al swap del Tesoro estadounidense de 20.000 millones de dólares y a las declaraciones de Trump condicionando la ayuda financiera al triunfo mileista. Keiko Fujimori, en Perú, pese a no recibir ningún gesto de respaldo electoral, en cuanto asumió el cargo adoptó dos decisiones favorables a la Casa Blanca: nombrar canciller a Carlos Espá –cercano a EEUU– y romper relaciones con Irán.

La reciente gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú permitió escenificar esta alianza ideológica y militar. El viaje reforzó los vínculos con gobiernos próximos a Trump y se centró en China y en el combate al crimen organizado. En lo referente al desafío chino, al llegar a Perú, Rubio insistió en la idea subyacente sobre Pekín: “Los proyectos respaldados por el Partido Comunista chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”. En Colombia, Rubio anunció una “época dorada” con Colombia, una etapa de cooperación sin precedentes. Dos memorandos de entendimiento expresaron la voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Estas iniciativas se unen a la promesa de apoyo financiero a Bogotá por 1.000 millones de dólares.

La gira también estuvo marcada por el esfuerzo en transmitir la idea de que todos afrontan los mismos problemas de seguridad (redes y grupos criminales). Por ello, posteriormente se anunció el deseo de redirigir los fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero, destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, hacia estos tres países y Panamá. Si en Perú oficializó su ingreso al Escudo de las Américas, en Ecuador, tras definirlo como uno de sus principales aliados regionales, designó al grupo narco Los Tiguerones como organización terrorista. Rubio premiaba el cumplimiento por Ecuador de diversas condiciones favorables a Washington, como acuerdos migratorios y cooperación para operaciones contra organizaciones criminales. Simultáneamente, se firmó con la República Dominicana un pacto sobre explotación de tierras raras. Finalmente, el Departamento de Estado anunció un acuerdo con Bolivia sobre seguridad.

La apariencia de una región aliada con EEUU convive con otra que, pese a la proximidad con Trump, no desea romper con China, algo inviable económica y comercialmente. Washington tampoco lo busca o promueve. La Administración tiene un triple objetivo: (a) control de materias primas estratégicas; (b) control sobre infraestructuras críticas; y (c) lucha contra los cárteles y la migración. Por eso, resulta prioritario frenar la presencia china en sectores económicos y de defensa estratégicos y preservar la influencia política. Como señala el Corolario: “Queremos un hemisferio… que apoye cadenas de suministro cruciales y asegure nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”. EEUU no se opone a la relación económico-comercial con China, no tendría cómo, siempre que no amenace su seguridad y su influencia en terrenos como tecnologías o infraestructuras estratégicas.

La rivalidad entre EEUU y China ha entrado en una fase de pugna por el control de las cadenas de suministro, tecnologías críticas e infraestructura. El subsecretario de Defensa, Elbridge Colby, llamó a sus socios regionales a proteger sus activos críticos como “su contribución para garantizar una paz duradera… Lo único que les pedimos es que trabajen con nosotros para impedir que cualquier actor pueda reclamar y explotar recursos clave”. Los países con activos estratégicos –minerales críticos, puertos, infraestructura digital– merecen la atención de Washington, como se ha visto en 2026.

La operación Resolución Absoluta no sólo provocó la detención de Maduro, sino que también sometió a Venezuela y a su petróleo a la tutela de Washington. El 6 de enero se anunció la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo no sancionado y el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que iban a vender el crudo almacenado y luego, de forma indefinida, hacer que la producción fuera saliendo al mercado.

Tras el acuerdo bilateral de fines de agosto, las empresas estadounidenses podrán explotar la mayor parte de las reservas, hasta 65.000 millones de barriles, más del 21% de las reservas venezolanas. Según Trump, esto supone duplicar las reservas estimadas, 46.400 millones de barriles a fines de 2023, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense y reduciría el precio de la gasolina, incrementado por la Guerra de Irán.

Panamá canceló oficialmente las concesiones portuarias que durante más de dos décadas estuvieron en manos de PPC, una filial de CK Hutchison. Un fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucionales las concesiones de las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, operadas por PPC. Tras la decisión judicial, el Estado asumió el control, incluidas grúas, vehículos y sistemas informáticos, estableció un esquema de operación transitoria durante 18 meses y convocó una nueva licitación.

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