Islandia decide en las urnas si resucita su idilio con la UE bajo el fantasma de la inseguridad

La respuesta, sin embargo, llega en un momento en el que las razones que impulsaron el primer intento de ingreso han cambiado profundamente. Los últimos datos disponibles dibujan una carrera muy ajustada. Las estimaciones de la radiotelevisión pública islandesa apuntaban inicialmente a una ventaja del ‘sí’ de alrededor del 53 %, pero en la recta final el respaldo habría descendido hasta aproximadamente el 51 %. La elevada proporción de indecisos impide anticipar con seguridad el desenlace.

La consulta tampoco supone una decisión definitiva sobre la entrada en la UE. Si gana el ‘sí’, Reikiavik solo reabrirá las negociaciones y los islandeses tendrán que pronunciarse de nuevo sobre el eventual acuerdo final de adhesión.

El interés europeo por el referéndum es considerable. La UE lleva años sin incorporar nuevos Estados miembros. La última adhesión fue la de Croacia, en 2013, y desde entonces el proyecto europeo ha tenido que afrontar el Brexit, el crecimiento del euroescepticismo y un proceso de ampliación hacia los Balcanes Occidentales y Ucrania mucho más complejo. Islandia representa, en ese contexto, un posible miembro ejemplar.

Es un país pequeño, rico y estrechamente vinculado al mercado europeo. Ya forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen, por lo que sus ciudadanos disfrutan de buena parte de las ventajas asociadas a la integración económica y a la libre circulación. La adhesión no supondría, por tanto, una ruptura radical con la relación existente entre Reikiavik y Bruselas.

Para la UE, además, un eventual regreso de Islandia al proceso de adhesión ofrecería una imagen de continuidad del proyecto europeo en un momento especialmente delicado. Pero el Gobierno islandés ha pedido a Bruselas que mantenga cierta “discreción” y no convierta su apoyo en un munición de campaña. La primera ministra, la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, sabe que una intervención demasiado visible de las instituciones comunitarias podría alimentar precisamente la campaña del ‘no’.

La economía fue determinante cuando Islandia llamó por primera vez a las puertas de la UE. En 2008, el colapso de su sistema financiero llevó al país al borde de una crisis de enormes dimensiones. Un año después, Reikiavik solicitó formalmente abrir negociaciones de adhesión. Pero la recuperación económica modificó las prioridades. El miedo a perder soberanía y, sobre todo, la resistencia a aceptar determinadas condiciones europeas terminaron imponiéndose.

Ahora el contexto vuelve a ser distinto. Islandia se encuentra en una posición estratégica en el Atlántico Norte, entre Norteamérica y Europa y cerca de las rutas marítimas que adquieren cada vez mayor importancia en el Ártico. La amenaza planteada por Donald Trump de hacerse con Groenlandia ha introducido, además, una nueva variable en el debate sobre la seguridad de los países del norte. Aunque Islandia es miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y mantiene un acuerdo de defensa con EE UU, no dispone de un ejército permanente convencional.

En este escenario, la relación con la UE ha adquirido una dimensión que hace quince años apenas estaba presente: la seguridad europea y la posición geopolítica de Islandia. A principios de año, Reikiavik y Bruselas reforzaron precisamente su cooperación en materia de seguridad y defensa. El debate sobre la adhesión ya no gira exclusivamente alrededor de los aranceles, la moneda o las normas comunitarias. También incorpora la transformación del equilibrio estratégico del Atlántico Norte.

Pero hay una cuestión capaz de decidir cualquier eventual negociación: la pesca. Para Islandia no es simplemente una actividad económica, sino que forma parte de su identidad nacional y de la defensa de su soberanía. El país controla actualmente una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas alrededor de sus costas. Sus aguas son varias veces mayores que el territorio terrestre de la isla y concentran recursos esenciales para la economía nacional.

La pesca representa alrededor del 7 % del PIB y sostiene buena parte de la actividad de las comunidades costeras. El sector teme que una eventual integración en la UE implique aceptar cuotas comunitarias y compartir parte de la capacidad de decisión sobre los recursos marinos.

No es una discusión nueva, precisamente pesca y agricultura quedaron fuera de los capítulos que llegaron a abrirse durante la anterior ronda negociadora. De los 33 capítulos de negociación, Islandia llegó a abrir 27 antes de congelar el proceso. Los dos asuntos más sensibles quedaron pendientes.

Una eventual adhesión dependería en gran medida de las condiciones que Reikiavik consiga negociar. Los partidarios de retomar el proceso sostienen que la membresía plena permitiría atraer inversiones y ofrecer mayor estabilidad económica en un momento en el que Islandia continúa afrontando presiones inflacionistas. Los detractores temen, por el contrario, que el precio sea demasiado elevado en términos de soberanía y capacidad de decisión, especialmente sobre los recursos pesqueros.

La cuestión de la caza de ballenas añade otro elemento delicado. Islandia mantiene, junto con Noruega y Japón, una posición singular en la defensa de la caza comercial de cetáceos. El pasado junio, después de dos años de interrupción, dos barcos islandeses retomaron esta actividad. Una futura adhesión obligaría a encajar también esta práctica en el marco normativo europeo y medioambiental.

El resultado de este sábado tendrá, por tanto, un efecto limitado pero políticamente determinante. Un ‘sí’ no convertiría automáticamente a Islandia en miembro de la UE. Abriría un proceso negociador que podría prolongarse durante meses o años y que terminaría, en cualquier caso, sometido a una nueva consulta popular. Un ‘no’, en cambio, cerraría por ahora la posibilidad de recuperar aquel proceso.

La paradoja es que Islandia se encuentra hoy mucho más integrada en Europa que cuando decidió solicitar su adhesión. Forma parte del mercado único y de Schengen, comparte buena parte de las reglas económicas comunitarias y mantiene una estrecha cooperación con Bruselas. La cuestión que los islandeses afrontan ahora es si esas relaciones son suficientes o si el nuevo tablero internacional aconseja dar el paso adicional hacia la membresía plena del club comunitario. @mundiario