El aceite de oliva, uno de los productos más emblemáticos de la dieta mediterránea, atraviesa un giro inesperado que ha sacudido a todo el sector agroalimentario. Tras los precios récord alcanzados en 2023, cuando el litro de virgen extra llegó a rondar los 10 euros en supermercados, el mercado ha virado con fuerza hasta situarse en torno a los 6 euros. Este cambio brusco no solo ha sorprendido al consumidor, sino que ha abierto una profunda brecha entre productores, envasadores y organizaciones agrarias, que discrepan radicalmente sobre las causas del hundimiento de los precios.
La situación actual está generando un clima de desconfianza que va más allá de lo económico: toca la estructura misma de la cadena alimentaria y reaviva el debate sobre quién fija realmente el valor de un producto estratégico para la economía española.
El contraste con la crisis de hace apenas tres años es evidente. Entonces, la sequía y la caída de la producción dispararon los precios del aceite de oliva. Ahora, sin embargo, el escenario se ha invertido: el producto se ha abaratado con rapidez mientras los productores denuncian que no cubren costes.
Organizaciones como COAG sostienen al diario EL PAÍS que el sector olivarero ha dejado de ingresar más de 1.000 millones de euros desde el inicio de la campaña actual. Su denuncia se centra en que el precio en origen ha caído por debajo del umbral de rentabilidad, situado en torno a los 5 euros por litro en el olivar tradicional, el más extendido en España.
Desde el campo, las críticas apuntan directamente a la distribución y a los grandes operadores. Francisco Elvira, responsable del olivar de COAG en Andalucía, habla de una posible “estrategia especulativa” basada en extender la idea de una futura cosecha abundante, lo que presionaría artificialmente los precios a la baja.
En cambio, desde la industria envasadora, representada por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores (Anierac), se defiende que el mercado responde a su lógica habitual. Su director general, Primitivo Fernández, insiste en que las expectativas de producción condicionan los precios y que el sector debe actuar con prudencia en un contexto de alta volatilidad.
El comportamiento del mercado añade complejidad al escenario. Según datos del sector, en los primeros meses de la campaña se han comercializado cerca de 980.000 toneladas de aceite, lo que supone aproximadamente el 76% de la producción total.
Este nivel de salida de producto contrasta con la caída de precios en origen, lo que ha intensificado la preocupación entre cooperativas y organizaciones agrarias. Para muchos productores, esta combinación no encaja con una situación de exceso de oferta real, lo que alimenta la sospecha de dinámicas de mercado distorsionadas o incluso de anticipaciones erróneas sobre la próxima cosecha.
El malestar del sector agrario ha reabierto el debate sobre la eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria. Organizaciones como UPA en Andalucía reclaman su aplicación efectiva para garantizar que los precios cubran, al menos, los costes de producción.
Jesús Cózar, responsable de UPA en Andalucía, advierte de que vender por debajo de costes compromete la viabilidad del olivar tradicional, una estructura agraria clave en regiones como Andalucía. El mensaje es claro: sin mecanismos de equilibrio, el productor queda atrapado en un mercado que no controla.
La tensión no se limita a los precios. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha cuestionado la fiabilidad de los datos de comercialización que maneja la AICA y ha solicitado una revisión del Sistema de Información de Mercados Oleícolas (SIMO). El objetivo es aclarar discrepancias entre las cifras oficiales y la percepción del sector productor.
Además, algunas organizaciones agrarias han alertado sobre la posible entrada de aceite de origen tunecino fuera de los canales de control habituales, lo que, según COAG, podría estar alterando la trazabilidad y el equilibrio del mercado europeo. Esta denuncia ha reabierto el debate sobre los mecanismos de salvaguardia comunitarios y el control de importaciones.
Más allá de las cifras, el conflicto deja una sensación de incertidumbre estructural. El presidente de la IGP Aceite de Jaén, José Gilabert, advierte de que vender por debajo de costes no solo pone en riesgo la rentabilidad inmediata, sino también la supervivencia del olivar tradicional, una forma de cultivo profundamente arraigada en el territorio.
En este contexto, el aceite de oliva se ha convertido en algo más que un producto: es el reflejo de un sistema en tensión, donde la confianza entre eslabones de la cadena se erosiona y donde el equilibrio entre precio justo, rentabilidad y acceso al consumidor sigue sin resolverse. @mundiario
