La posibilidad de un acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos vuelve a ganar terreno después de meses de tensiones, amenazas arancelarias y negociaciones frustradas. El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que ambos países están cerca de resolver la disputa, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, reconoce una ligera intensificación de los contactos, aunque insiste en que Ottawa no ha modificado sus condiciones. La diferencia entre ambos discursos resulta significativa: Washington transmite la impresión de que el pacto está próximo, pero Canadá advierte de que todavía quedan cuestiones fundamentales por resolver.
El objetivo inmediato es reducir los aranceles estadounidenses que afectan a sectores estratégicos, especialmente el acero y la industria automovilística. Sin embargo, el calendario añade un componente político difícil de ignorar: las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso. La guerra comercial con Canadá ha comenzado a perjudicar a candidatos del propio partido de Trump en estados donde los fabricantes, los agricultores y otras empresas dependen de los intercambios con el país vecino.
El núcleo de las conversaciones son los gravámenes impuestos por Washington al amparo de la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, una normativa que permite aplicar restricciones a las importaciones por motivos de seguridad nacional. Estas medidas incluyen aranceles de hasta el 50 % sobre determinados productos siderúrgicos canadienses y un gravamen del 25 % sobre los automóviles, dentro de un conflicto que también afecta a componentes industriales y a otros bienes. Ante esta situación, ambas administraciones estudian posibles exenciones o reducciones arancelarias con el objetivo de aliviar la presión sobre las empresas que operan a ambos lados de la frontera.
La automoción es uno de los sectores más expuestos. Durante décadas, fabricantes y proveedores han construido cadenas de producción integradas entre Canadá y Estados Unidos: piezas fabricadas en un país pueden cruzar varias veces la frontera antes de que el vehículo esté terminado. Los aranceles encarecen ese proceso, elevan los costes empresariales y complican las decisiones de inversión.
Las negociaciones anteriores parecían encaminadas a ofrecer cierto alivio, pero se rompieron en agosto. Uno de los puntos conflictivos fue el tratamiento de los vehículos medianos y pesados, relevantes para las fábricas canadienses. Después del fracaso, Trump amenazó con elevar al 50 % los aranceles sobre el acero y los automóviles canadienses a partir del 1 de enero de 2027. El resultado es una presión creciente para alcanzar, al menos, un acuerdo sectorial que reduzca los costes más inmediatos. Eso no significa necesariamente que los dos países estén cerca de resolver todas sus diferencias comerciales.
Carney ha reiterado que Canadá está dispuesto a firmar un acuerdo siempre que responda a sus intereses nacionales. El primer ministro explicó que las condiciones presentadas por Washington en agosto cruzaban límites que su Gobierno no estaba dispuesto a aceptar.
"En la medida en que Estados Unidos se acerque a aceptar esos aspectos, habrá mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo", afirmó al describir la compleja relación entre las posiciones de ambos países. Asimismo, insistió en que Ottawa evaluará cualquier propuesta en su conjunto, en lugar de aceptar concesiones aisladas sin conocer previamente sus consecuencias; un mensaje que busca mantener abierta la negociación sin transmitir la idea de que Canadá esté dispuesto a ceder simplemente por la urgencia electoral estadounidense. En definitiva, la postura canadiense consiste en conseguir un alivio arancelario y previsibilidad para sus empresas, pero sin aceptar condiciones que terminen por debilitar sectores industriales fundamentales o coloquen al país en una situación comercial desfavorable.
El ministro canadiense responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, ha mantenido contactos frecuentes con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Según las informaciones disponibles, también ha habido conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aunque las competencias de ambos organismos no son idénticas.
La respuesta exige distinguir entre una mayor actividad diplomática y un pacto prácticamente cerrado. Las fuentes consultadas por medios canadienses describen conversaciones "sustanciales" y más frecuentes, pero reconocen que todavía quedan elementos esenciales pendientes.
Janice Charette, principal negociadora comercial de Canadá, resumió la situación al señalar que las conversaciones se desarrollaban en distintos niveles, pero que aún no se había regresado a una negociación formal y detallada. Su descripción apuntaba a una fase preliminar destinada a determinar si existían condiciones para volver a sentarse a la mesa.
Una fuente del sector industrial canadiense considera que, si se alcanza un acuerdo, este podría cerrarse con rapidez, aunque probablemente tendría un alcance limitado. Al respecto, otras fuentes estiman posible un pacto sobre los aranceles de la Sección 232 antes de las elecciones estadounidenses; sin embargo, ninguna de estas previsiones constituye una confirmación oficial de que el entendimiento esté cerrado. Esta persistente cautela también afecta a la posibilidad de que Washington respete cualquier compromiso futuro. De hecho, al ser preguntado sobre si Trump cumpliría con su firma —tras haber advertido con anterioridad que algunas promesas estadounidenses parecían escritas "a lápiz" y no "con tinta"—, Carney reconoció abiertamente que no podía asegurarlo.
La desconfianza es uno de los principales obstáculos para una relación comercial estable. Aunque ambos Gobiernos logren una reducción de aranceles, las amenazas de nuevas medidas y los cambios de posición pueden seguir condicionando las inversiones empresariales.
El calendario electoral estadounidense constituye uno de los factores que explican la aceleración de los contactos. Las elecciones del 3 de noviembre renovarán la Cámara de Representantes y una parte del Senado, y los republicanos afrontan una contienda en la que el control del Congreso está en juego.
La disputa con Canadá se ha convertido en un problema electoral para algunos candidatos republicanos, especialmente en estados fronterizos y regiones industriales. En Michigan, donde la automoción tiene un peso económico considerable, el candidato republicano al Senado Mike Rogers ha defendido públicamente que Canadá "no es un enemigo" y ha pedido poner fin a la guerra arancelaria.
En Maine, la senadora republicana Susan Collins ha presionado fuertemente para aliviar los gravámenes que afectan a empresas agrícolas y otros negocios. Al respecto, Donald Trump firmó recientemente una orden para retirar determinados aranceles del 50 % a algunos productos agrícolas y forestales canadienses, al mismo tiempo que impuso nuevos gravámenes a otras mercancías. Estas decisiones demuestran claramente que la política comercial no es una cuestión exclusivamente diplomática, ya que sus efectos se trasladan de forma directa a los precios, las cadenas de suministro y la competitividad de las propias empresas estadounidenses.
