Trump esquiva a la Justicia: cómo usará el trabajo forzado para imponer sus aranceles

La Casa Blanca ejecuta un viraje estratégico hacia la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para eludir los límites constitucionales a sus aranceles. Tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes generales de emergencia por exceso de atribuciones del Ejecutivo, la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR), liderada por Jamieson Greer, ha diseñado una vía alternativa.

El mecanismo consiste en activar sanciones comerciales contra 60 economías —incluidos aliados clave como la Unión Europea, Canadá y México— bajo el argumento de que no combaten eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La medida contempla aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5%, lo que transforma una aparente agenda de derechos laborales en un blindaje técnico para sostener el proteccionismo de Donald Trump ante previsibles litigios en las cortes.

El Supremo invalidó este año la base legal utilizada por Trump para implantar sus llamados aranceles "recíprocos", al considerar que había excedido las facultades presidenciales previstas en la legislación de emergencia económica. Sin embargo, lejos de abandonar esa estrategia, la Administración ha optado por reconstruirla recurriendo a otras disposiciones de la Ley de Comercio de 1974, diseñadas para responder a prácticas comerciales consideradas desleales.

La diferencia resulta importante. Los aranceles temporales del 10 % actualmente vigentes, aprobados bajo la Sección 122, expiran esta misma semana y solo podrían mantenerse mediante una improbable intervención del Congreso. Para evitar ese vacío legal, Washington pretende apoyarse ahora en la Sección 301, un instrumento que autoriza represalias comerciales tras una investigación formal de la USTR.

La investigación ya está en marcha y gira alrededor de un argumento especialmente sensible: el supuesto uso o la insuficiente persecución del trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro. Según la Administración estadounidense, numerosos países no aplican controles suficientes para impedir la entrada de productos elaborados mediante prácticas laborales abusivas, lo que justificaría nuevas tarifas.

La lista de afectados sería amplia. Incluye a China y varias economías asiáticas, donde históricamente se han documentado severos casos de trabajo forzoso, pero también alcanza a numerosos Estados miembros de la Unión Europea. En este último caso, la acusación no se centra en la existencia de esas prácticas dentro del territorio europeo, sino en la supuesta insuficiencia de los mecanismos comunitarios para impedir la importación de productos fabricados bajo esas condiciones en terceros países.

Los expertos comerciales en Washington coinciden en que usar la agenda del "trabajo forzoso" mediante la Sección 301 es una jugada maestra de control de daños jurídicos. La Sección 301 de 1974 otorga un mandato muy explícito al Ejecutivo para responder ante prácticas comerciales extranjeras "irrazonables o discriminatorias". Al vincularlo con los derechos humanos y el trabajo forzoso, es mucho más difícil que las cortes dictaminen que el presidente abusó de sus funciones.

Además, políticamente, revertir estos aranceles en el futuro será sumamente complejo. Ninguna administración posterior querrá asumir el coste de imagen pública que supondría "eliminar aranceles destinados a combatir la esclavitud moderna o el trabajo forzoso". Y, aunque penalizar el trabajo forzoso suena positivo en el papel, los economistas, analistas y líderes empresariales advierten que su aplicación real generará graves consecuencias negativas.

La investigación propone imponer aranceles sobre el 99% de todas las importaciones que entran a EE UU. Dado que casi ningún producto extranjero queda exento, los importadores transferirán ese coste extra al precio final de los alimentos, la ropa, los automóviles y la tecnología que compran los ciudadanos.

Organizaciones como la National Foreign Trade Council denuncian que esto destruye la planificación empresarial. Las corporaciones están reduciendo la variedad de sus productos y congelando la innovación porque no saben con certeza qué proveedor o componente de su cadena global será sancionado de la noche a la mañana.

Por esto, los países afectados rechazan la acusación y la consideran una mera "excusa proteccionista". Aliados históricos como Canadá o Brasil ya están preparando contramedidas comerciales masivas. Esto no elimina el trabajo esclavo, sino que fragmenta los mercados e inicia guerras comerciales cruzadas que encarecen la economía mundial.

US Trade Representative Jamieson Greer says the administration's investigation into "forced labor" covers 60 countries and 99% of our trade and could result in even more tariffs pic.twitter.com/df8JPZKz3t

Por su parte, los expertos en derechos humanos (como delegados de Human Rights Watch) señalan que sancionar en masa basándose únicamente en el volumen de comercio de un país, en lugar de realizar auditorías reales sobre violaciones de derechos humanos, es contraproducente. El enfoque no está diseñado para salvar vidas o mejorar condiciones laborales en fábricas extranjeras, sino para forzar a las empresas a mudar su producción de vuelta a EE UU.

Si finalmente se aprueba, consolidaría un sistema arancelario mucho más estable que el anterior. Mientras la Sección 122 limita la duración de las medidas, la Sección 301 permite mantenerlas durante años e incluso renovarlas indefinidamente, ofreciendo a la Casa Blanca una herramienta considerablemente más resistente frente a futuros recursos judiciales.

En paralelo, la Administración continúa explorando otras normas casi olvidadas del ordenamiento estadounidense. El reciente anuncio de aranceles del 50 % sobre numerosos productos procedentes de Canadá se ha apoyado en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición prácticamente inédita durante décadas. El mensaje es claro: Washington está dispuesto a rescatar cualquier instrumento legal que permita sostener su estrategia comercial.