Un reciente informe revela las dificultades que atraviesa la industria a partir del comercio ilegal, los impuestos y el boom de las importaciones.
Radiografía de una crisis: supermercados enfrentan una presión inédita entre impuestos y competencia desleal
El sector del comercio formal y los supermercados en la Argentina atraviesa un escenario de extrema complejidad económica. Lejos de tratarse de un problema aislado, las grandes cadenas de supermercados y mayoristas lidian de forma simultánea con el peso de la carga fiscal, la expansión del comercio ilegal y el impacto de un récord histórico en las importaciones de bienes de consumo.
Lejos de los privilegios, el sector formal compite en una cancha con asimetrías estructurales que ponen en jaque la sustentabilidad de miles de sucursales en todo el país. Mientras que los comercios legalmente constituidos soportan una pesada estructura impositiva y laboral, el mercado informal opera al margen de estas obligaciones.
Crisis de consumo: la cadena de supermercados Toledo, de Mar del Plata, vendió una sucursal para pagar sueldos
La combinación de una caída en el consumo interno, el encarecimiento de los costos operativos y la competencia desleal se tradujo en un fuerte achique de la red comercial formal:
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Cierres masivos: Entre julio de 2025 y octubre de 2026, las principales cadenas de supermercados y mayoristas acumularon el cierre de al menos 82 sucursales en todo el país, contemplando tanto la reestructuración de grandes marcas como la salida de operadores del sector.
El peso de la carga fiscal en cadena: Un supermercado formal debe afrontar una pesada cascada impositiva que incluye Ingresos Brutos —con alícuotas acumulativas que van desde los proveedores hasta el eslabón final—, sumado a tasas municipales de seguridad e higiene que en algunos distritos alcanzan el 6%.
Agentes de percepción: A diferencia de los canales informales, las grandes superficies actúan como agentes de retención y percepción de tributos extras fijados por municipios, encareciendo aún más el costo final de operar dentro de la formalidad.
El principal reclamo del sector formal apunta a las condiciones desiguales de comercialización frente a actores que eluden las normativas vigentes:
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El impacto del comercio ilegal: Las estimaciones del sector privado señalan que el comercio ilegal mueve unos 32.000 millones de dólares al año —representando un 5,5% del PBI—, lo que genera una pérdida de recaudación fiscal multimillonaria y destruye puestos de trabajo registrados.
El fenómeno "puerta a puerta": Las compras externas a través de plataformas internacionales (como Shein o Temu) bajo el régimen de courier experimentaron un crecimiento exponencial. Mientras que un comercio local paga aranceles, cargas laborales, Ingresos Brutos y tasas municipales, estas importaciones particulares gozan de franquicias simplificadas que solo tributan IVA, generando un desequilibrio directo en rubros como indumentaria, calzado y pequeños electrodomésticos.
La crisis del sector formal no solo afecta a las grandes superficies de supermercados y mayoristas, sino que arrastra a toda la cadena de valor de la economía doméstica:
