Hoy a las 4 de la tarde se espera que el Congreso mexicano entre al análisis de la propuesta de la Presidenta Sheinbaum para cambiar la fecha de la elección del Poder Judicial al 4 de junio de 2028. Se prevé que analicen y aprueben modificaciones a la boleta electoral que simplifiquen el proceso de votación e incentiven que más ciudadanos participen.
Estarían con este proceso definiendo el rumbo para que en 2028 se elijan 4 magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito; 385 jueces de Distrito y en los Poderes Judiciales locales: 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 entidades federativas.
Aunque la intención principal de esta reforma es ganar tiempo y reducir presión para la organización del proceso al concurrir todo en 2027, expertos y consejeros electorales reconocen que es muy necesario que, ya abierta la discusión, los legisladores se dieran el tiempo de analizar el cúmulo de propuestas del que hizo el INE desde inicio de año para darle funcionalidad y certidumbre al proceso electoral, como la apertura a financiamiento de candidatos, mejorar el escrutinio y cómputo de los votos o definir el uso de los acordeones que se volvieron todo un tema de discusión y cuestionamiento para los resultados del proceso de 2025, entre otras cosas. Aunque parece difícil por escasez de tiempo, ojalá se atrevan a revisar de una vez todo lo que evidenció ser un problema, así como las propuestas pendientes y no simplemente “pateen el bote”.
Otro tema que también deberían analizar con máximo cuidado en este periodo extraordinario, es la propuesta presidencial para evitar que haya candidatos con vínculos con la delincuencia organizada, todo en el contexto de la polémica abierta por la solicitud del gobierno de Estados Unidos de detener y extraditar a una decena de políticos mexicanos.
La propuesta presidencial plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, la cual revisaría perfiles de aspirantes federales, locales e independientes antes de su registro formal, para encontrar "riesgos razonables" vinculados con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y situación financiera, con un equipo de especialistas de la FGR, CNI, UIF y CNBV, pero la entrega de información por partidos y aspirantes sería voluntaria, con consentimiento de las personas evaluadas, pero del resultado de todo esto, la comisión no podría bloquear candidaturas, solo comunicaría alertas y los partidos decidirían si mantienen o retiran postulaciones. O sea, suena bien, pero surge la duda potente ¿quién garantizaría que dicha comisión actuara íntegramente? Ahí radican las dudas sobre cualquier opinión que emitan. Estaría por verse si realmente se empeñan en hacer de esto una aduana confiable y útil para la sociedad, no solo para la fuerza política dominante, que es como hoy se percibe.
Escollo adicional plantó ya la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, quien señaló que la iniciativa no sustituye ni disminuye la responsabilidad de los partidos en la selección de sus candidatas o candidatos y sostuvo que la función del INE no es validar la integridad de candidaturas. ¿Entonces no les gusta la propuesta presidencial? ¿No la ven necesaria ni útil? ¿Importará eso a los legisladores? ¿Podrían simplemente sumar a esas instancias investigadoras a través de acuerdos de colaboración con las facultades existentes? ¿Será que eso confirma que el interés de fondo es bajar los decibeles al caso Rocha Moya?
