¿Qué tienen en común la venta de instrumentos musicales a escuelas públicas y la construcción y modernización de torres y líneas de electricidad? A primera vista, nada. Sin embargo, detrás de ambos negocios aparecen personajes y empresas que han estado vinculados a investigaciones judiciales y que ahora figuran en contratos que representan cientos de millones de dólares.
La historia se remonta al gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando el Programa de Ayuda Nacional (PAN) adjudicaba contratos a distintas empresas y comenzaban a salir a la luz las investigaciones relacionadas con Odebrecht.
En ambos casos apareció el nombre del empresario Roberto Carretero Napolitano, uno de los tres hermanos panameños incluidos en 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la conocida Lista Clinton. Los otros dos son Ramón y Vicente Carretero Napolitano.
Durante las investigaciones del caso Odebrecht, Roberto y Ramón Carretero fueron vinculados a la sociedad Jiu Shun International Co. Ltd., que recibió millones de dólares procedentes de sociedades relacionadas con la llamada Caja 2 de Odebrecht, utilizada para el pago de sobornos.
Roberto fue investigado por lavado de activos, pero posteriormente obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por los fiscales.
En su declaración ante el Ministerio Público, en 2020, reconoció como suyas varias sociedades, entre ellas Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco) y World Brands International.
El nombre de Iverco también apareció en otro expediente: la compra de instrumentos musicales para escuelas públicas a través del PAN.
En ese proceso se descubrió que las 13 empresas invitadas a participar en la contratación pertenecían a Roberto Carretero, algo que el propio empresario admitió ante los fiscales, aunque sostuvo que no había cometido ningún delito.
Los instrumentos suministrados eran de fabricación china y fueron calificados por peritos del Ministerio de Educación como de pésima calidad.
Tras varios años de proceso judicial, Carretero fue sobreseído por los tribunales.
Otro personaje que conecta ambas historias es el abogado Ewaldo Pitti, antiguo socio de Lictor Reyna, cuyo bufete estuvo relacionado con varias de las empresas mencionadas en las investigaciones.
Pitti ocupó el cargo de director de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025.
Durante ese período, la estatal mantenía importantes contratos con Iverco y su socia venezolana Neminca para obras relacionadas con el sistema de transmisión eléctrica.
El detalle es que Iverco era precisamente una de las sociedades que Roberto Carretero había reconocido como suya en los procesos judiciales de Odebrecht y el PAN.
Una de las principales interrogantes de la investigación surge de dos declaraciones sobre la propiedad de la misma empresa.