Una política migratoria que prioriza expulsar y deja pendiente integrar
Authored by crojas Image Keila Vílchez B. Viernes, 13 de Noviembre de 2026 La deportación y expulsión de extranjeros en situación irregular se convirtió en una de las principales apuestas del presidente Abelardo de la Espriella en estos primeros 100 días de mandato. La medida está argumentada en combatir la inseguridad; pero poco o casi nada se habla desde este nuevo Gobierno sobre una política de Estado para favorecer la integración de los 2.8 millones de migrantes venezolanos en condición regular que hacen parte de la vida de este país. Desde los primeros meses de su administración, De la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía Nacional intensificar los controles en distintas ciudades del país, con el alegato de identificar a quienes permanecen sin regularizar su situación migratoria y retirar a quienes representan, según el Gobierno, una amenaza para la seguridad y el orden público. Esto comenzó a tomar forma a finales de agosto, en un consejo de seguridad en Barranquilla, cuando el presidente anunció operativos para deportar a los denominados “migrantes ilegales”. Su instrucción fue comenzar por quienes estuvieran cometiendo delitos y luego continuar con aquellos que no tuvieran regularizada su permanencia en Colombia. Infórmese: Centro Democrático vuelve a marcar distancia de la reforma tributaria de De la Espriella Desde ese momento, De la Espriella ha mantenido una misma línea en su mensaje, es decir, quienes tienen sus documentos al día cuentan con garantías, pero no habrá tolerancia frente al ingreso ni a la permanencia irregular en el territorio nacional. De acuerdo con el balance del Gobierno, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se adelantaron 812 deportaciones y expulsiones. De esos procedimientos, 462 fueron justificados por razones de seguridad nacional, alteraciones del orden público, requerimientos de Interpol o solicitudes de otros países. A ese registro se sumaron otras 285 salidas del territorio nacional durante noviembre, en siete operativos, con lo que el acumulado llegó a 1.097 personas. Las actuaciones se han extendido por diferentes ciudades y departamentos, con especial atención en zonas de frontera y principales centros urbanos. Sin embargo, más allá de estas cifras y de los argumentos de seguridad hay un elemento que merece mayor atención, y son las razones por las cuales se implementan dichas medidas. El Gobierno ha relacionado los procedimientos con conductas como hurto, extorsión, tráfico de drogas, porte de armas blancas, riñas e irrespeto a la autoridad. No obstante, en varios casos las actuaciones se apoyan en medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que no equivalen a condenas penales. El abogado migratorio, César González, tras el anuncio presidencial de las deportaciones precisó que el escenario de endurecer la política migratoria en el país va más allá de una decisión política. Él aseguró que el principal reto va a estar en determinar hasta dónde puede llegar el Estado sin convertir una infracción administrativa en un delito que no existe en la legislación colombiana. Integración, una palabra ausente Más allá de los operativos, de las expulsiones y deportaciones, el balance de los primeros 100 días del Gobierno deja otra discusión sobre la mesa para los expertos en asuntos migratorios. ¿Qué lugar ocupa la integración de la población migrante en la política del presidente De la Espriella? Lea: Exportaciones fantasmas habrían vinculado a Arvey Duque a red de lavado de activos en Cúcuta Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que la respuesta está en el propio discurso presidencial. Mediante un seguimiento a las intervenciones públicas del mandatario, evidenció que la migración ha sido abordada principalmente desde una perspectiva de seguridad, sin un pronunciamiento favorable a la integración de quienes llegaron a Colombia con vocación de permanencia. “En las 7 alocuciones, 30 declaraciones y 27 intervenciones en eventos, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado en favor de la integración migratoria”, precisó Rodríguez. Así lo planteó el analista a partir de la revisión que hizo de 64 videos de los 165 publicados por el nuevo Gobierno en el canal oficial de la Presidencia en YouTube. De esa manera identificó dos pronunciamientos específicos del jefe de Estado sobre la migración venezolana irregular. El primero, durante la declaración conjunta con Marco Rubio, cuando defendió una “migración legal, ordenada y segura” y aclaró que su oposición está dirigida a la migración ilegal, no a la migración como fenómeno. El segundo ocurrió el 28 de octubre, luego de un consejo de seguridad en Bogotá, cuando ordenó al director de Migración Colombia “deportar sin dilación a quienes delinquen y tengan anotaciones”. Explicó Rodríguez que en las otras cuatro intervenciones De la Espriella relacionó la migración con problemáticas como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el crimen transnacional y el narcotráfico, además de insistir en la corresponsabilidad internacional. La lectura hecha desde el Observatorio de Venezuela apunta a una ausencia que va más allá de las palabras. Para Rodríguez, el problema es que el Gobierno no ha incorporado en su narrativa el papel que desempeñan los migrantes en la construcción económica y social del país ni ha puesto sobre la mesa una política que reconozca sus necesidades de integración. Y esta conclusión la hace el analista no a la ligera, porque en Colombia a enero del presente años se estimaba que había 2.841.048 ciudadanos venezolanos. El 82% se encontraba en condición migratoria regular, en su mayoría con Permiso por Protección Temporal (PPT). La población venezolana está en todos los departamentos del país, pero la mayoría se concentra en Bogotá, seguida de Antioquia, con el 13,8%; Norte de Santander, con el 11,76% y Atlántico, con el 7%. Le puede interesar: Suspenden suministro de agua al Batallón Santander de Ocaña por deuda de $210 millones Además, la dimensión de la diáspora venezolana en el país se puede dimensionar si nos situamos en las zonas de frontera. Sobre ese particular, Ronal Rodríguez explicó que “el 62,90% de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Santander y el 40,15% de los de Tibú son de nacionalidad venezolana. Se trata de menores que están creciendo, estudiando y construyendo sus proyectos de vida en Colombia”. Esta realidad no puede abordarse únicamente desde los controles migratorios. El investigador también dimensionó el peso demográfico de esta población, porque los venezolanos constituyen la segunda minoría del país y representan el 5,3% de sus habitantes, según las cifras que cita para 2026. Viendo este panorama, hay que pensar que la discusión de la política migratoria no puede ceñirse solo a identificar, detener y expulsar personas, porque en Colombia la migración no son solo cifras, es una realidad que debe traer consigo mecanismos de regularización, acceso a derechos, oportunidades laborales, educación, atención institucional y convivencia. Los primeros 100 días de De la Espriella dejan así una política migratoria con acciones concretas de control y expulsión, pero con pocas señales de una estrategia de integración. Mientras el Gobierno insiste en que la prioridad es la seguridad, millones de venezolanos continúan haciendo parte de la vida cotidiana del país. Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . Recomendados para ti Autor Colprensa Denuncian a Cifras & Conceptos ante el CNE por presuntas irregularidades en encuesta sobre los primeros 100 días de De la Espriella La Opinión No hagan rescate militar: el llamado de María Camila Pantoja para que su liberación sea humanitaria De la Espriella ordena reversar altos salarios de ejecutivos del Fondo Milagro Caso de las frambuesas envenenadas abre otra investigación por una muerte con talio
