Justicia de EEUU investiga a Binance: habría permitido a Irán eludir sanciones con bitcoin

La investigación, adelantada por Bloomberg, aún no ha derivado en cargos formales. Binance ya pagó 4.300 millones de dólares en 2023 por fallos de control, el precedente que pesa en este caso.

La Justicia de Estados Unidos investiga si Binance permitió a Irán eludir las sanciones internacionales usando bitcoin. La indagación, adelantada por Bloomberg y atribuida a fuentes conocedoras del expediente, apunta a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y todavía no ha derivado en cargos formales.

Ni el Departamento de Justicia ni la compañía han confirmado públicamente la existencia de la pesquisa. El caso no nace de la nada: se apoya en una operación de decomiso ya en marcha y en una batería de sanciones contra el ecosistema cripto iraní que Washington ha ido cerrando desde el pasado mes de abril.

Binance no tiene sede central y está constituida en las Islas Caimán, pero opera como la mayor puerta de entrada al mercado cripto mundial. Por ahí pasan millones de usuarios, entre ellos muchos españoles que compran y venden monedas sin saber quién está al otro lado de cada operación.

El foco del expediente, según las mismas fuentes citadas por Bloomberg, es si la compañía sabía que estaba dando servicio a entidades vinculadas a Teherán y si esa connivencia fue deliberada. La diferencia jurídica entre ‘no lo sabía’ y ‘miró hacia otro lado’ es enorme: la primera se resuelve con multas y planes de cumplimiento, la segunda abre la puerta a acusaciones penales.

Hace apenas unos días, el propio Departamento de Justicia anunció la incautación y la solicitud de decomiso de 61 millones de dólares en criptomonedas que, según su tesis, procedían de la venta en mercados negros de petróleo iraní sujeto a sanciones. El dinero, siempre según la versión oficial, se blanqueó a través de Binance por parte de entidades chinas.

El problema de fondo no es si Irán usa bitcoin, sino si las grandes plataformas que lo convierten en dinero convencional hicieron la vista gorda mientras les convenía.

En paralelo, el Tesoro estadounidense sumó a su lista de sancionados a BitBank, un exchange iraní (una plataforma de compraventa de criptomonedas), dentro de la operación Economic Outcast, la campaña económica de la Administración Trump contra Teherán y sus colaboradores. La medida no señala a Binance, pero dibuja el perímetro en el que se mueve ahora mismo cualquier empresa que haga negocio con clientes iraníes.

La respuesta corta: porque bitcoin no se puede congelar. A diferencia de las stablecoins (monedas digitales que buscan mantener un valor estable, casi siempre anclado al dólar), la red de Bitcoin no tiene una empresa detrás capaz de bloquear saldos por orden judicial, una característica que la propia comunidad de Bitcoin reivindica frente al dinero emitido por un banco central. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo dejó claro en abril: buena parte del dinero cripto del régimen iraní está congelado, casi todo en USDT de Tether.

El resultado es una carrera de fondo. Irán busca activos que nadie pueda apagar desde una oficina en Washington; Estados Unidos responde persiguiendo los puntos donde ese dinero toca el sistema convencional: exchanges, emisores de monedas estables y proveedores de liquidez.

Ahí entra en juego el papel del exchange como aduana. Un intercambio centralizado es el lugar donde el bitcoin, que circula sin dueño identificable en la red, se convierte en euros o dólares con nombre y apellidos. Es el cuello de botella perfecto para un regulador, y también el punto más delicado para una empresa que mueve miles de millones al año.

El diario británico Financial Times publicó este mismo mes que Irán usa bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges locales, después de que su banco central animara a los ciudadanos a hacer lo necesario para sostener la economía. El país puso además en marcha este año un servicio de seguros respaldado por bitcoin para sus navieras.

Binance ya pagó una vez por fallos de control. En 2023 cerró un acuerdo con las autoridades estadounidenses por el que abonó 4.300 millones de dólares y aceptó salir del mercado estadounidense, tras ser acusada de dejar pasar fondos vinculados a robos virtuales y a financiación del terrorismo. Su fundador, Changpeng Zhao, dimitió tras declararse culpable de violar la normativa contra el blanqueo de capitales. Años después fue indultado por el presidente Trump.

Conviene recordar dos precedentes. El primero, la quiebra de FTX en noviembre de 2022, que mostró, hasta qué punto la opacidad de un exchange puede arrastrar a miles de clientes. El segundo, las sanciones contra el mezclador Tornado Cash, una herramienta que combina transacciones para dificultar su rastreo. Ambos comparten el mismo hilo: la regulación llega donde las cripto tocan la banca.

Ese historial convierte la investigación en algo más serio que un simple informe. Cuando un supervisor ya ha documentado fallos de cumplimiento en una compañía, el siguiente expediente no se juzga solo por los hechos nuevos, sino por el patrón. Y cuesta creer que una empresa de este tamaño no tuviera sistemas para detectarlo.