La empresa avanza: en 50 años ha crecido en productividad pero suspende en innovación con profundas desigualdades geográficas

Cada vez más compañías optan por integrarse en proyectos financiados o cofinanciados por administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos o fondos europeos.

Las empresas españolas en estos últimos 50 años se ha expandido aumentado su capacidad para moverse al mercado internacional, además de que ha conseguido aumentar su producción. Toda una serie de hitos que se celebran en el informe «50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)», que ha sido elaborado de forma conjunta por el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España, haciendo una radiografía de cómo ha evolucionado la sociedad y la economía en el país durante medio siglo.

No obstante, pese a un panorama general positivo, en el caso de las empresas se adolecen de una innovación insuficiente que además ahonda en las desigualdades entre provincias del país. En palabras del presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet en la presentación de este informe: «España va bien pero podría ir mejor, porque la política actual no es pro empresa».

Los datos recogidos en el estudio muestran una transformación profunda del tejido productivo español desde mediados de los años setenta. La economía se ha vuelto progresivamente más abierta al exterior, las empresas han aumentado su capacidad productiva y han mejorado sus niveles de eficiencia. Uno de los cambios más significativos ha sido la internacionalización.

Si a comienzos de siglo apenas unas pocas provincias registraban exportaciones superiores al 20% de su PIB, en la actualidad numerosas provincias superan ampliamente ese umbral, reflejando el creciente peso de los mercados internacionales en la actividad empresarial española. Esta evolución ha estado acompañada por un incremento sostenido del número de empresas exportadoras y por una mayor diversificación de destinos comerciales.

El fenómeno se observa especialmente en algunas provincias con una marcada orientación industrial. Álava encabeza la clasificación nacional con exportaciones equivalentes al 80,1% de su PIB, seguida por Huelva, con un 65,9%, y Pontevedra, con un 64,8%. Además, provincias tradicionalmente alejadas de los grandes polos exportadores han protagonizado algunos de los mayores avances en las últimas dos décadas. Segovia registra una tasa de crecimiento anual acumulada de las exportaciones del 8,6% entre 2000 y 2023, seguida por Teruel (7,9%) y Cuenca (6,9%).

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Junto a la expansión exterior, el informe destaca la mejora de la productividad empresarial como otro de los grandes logros de este periodo. La productividad, medida a través del valor añadido bruto por hora trabajada, ha aumentado de forma generalizada gracias a la modernización de los procesos productivos y a la creciente competencia internacional. Mientras que en el año 2000 las provincias españolas se movían en una horquilla de entre 17 y 31 euros por hora trabajada, en 2021 territorios como Tarragona, Álava, Madrid o Bizkaia superaban ya los 35 euros por hora, consolidándose como algunos de los principales motores productivos del país.

Sin embargo, el apartado dedicado a la innovación introduce importantes matices a esta evolución positiva. Aunque la inversión en investigación y desarrollo ha aumentado en términos absolutos durante las últimas décadas, el esfuerzo innovador empresarial sigue siendo una de las principales debilidades estructurales de la economía española. El informe recoge que el gasto empresarial en I+D representaba el 1,9% del PIB en 1981, mientras que en 2021 esta cifra se había reducido al 1,4%. En otras palabras, la economía española produce más, exporta más y es más productiva que hace cuarenta años, pero la inversión en innovación no ha crecido al mismo ritmo que el conjunto de la actividad económica.

Las diferencias territoriales son especialmente acusadas. Provincias como Gipuzkoa (2,4% del PIB), Tarragona (2,3%), Lleida (2%), Madrid (2%) o Salamanca (2%) concentran algunos de los mayores niveles de inversión empresarial en I+D, mientras que otras como Soria, Cáceres o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apenas alcanzan el 0,3%. Esta brecha refleja el peso que siguen teniendo la especialización industrial y el tamaño empresarial a la hora de impulsar actividades innovadoras.

No obstante, el informe también revela una aparente paradoja. Aunque la intensidad innovadora empresarial se mantiene por debajo de lo deseable, las empresas han aumentado su protagonismo dentro de los presupuestos de investigación en numerosas provincias. En 2021 la inversión privada representaba el 96,7% del gasto total en I+D en Tarragona, el 95,2% en Gipuzkoa, el 94,9% en Barcelona y el 94,2% en Salamanca. Además, territorios como Cáceres, Badajoz, Salamanca o Teruel figuran entre aquellos donde más ha crecido la participación empresarial en las actividades de investigación durante las últimas décadas.

Esta evolución apunta a un cambio en la forma de innovar más que a una renuncia a la innovación. En un tejido productivo dominado por pequeñas y medianas empresas, asumir proyectos de investigación de manera individual implica elevados costes, largos plazos de retorno y una importante incertidumbre. Por ello, cada vez más compañías optan por integrarse en proyectos financiados o cofinanciados por administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos o fondos europeos, donde los riesgos económicos se comparten y las barreras de entrada son menores.

El resultado es un modelo en el que la empresa participa cada vez más en la investigación, pero en el que la innovación sigue dependiendo en gran medida de ecosistemas de colaboración y apoyo institucional, lo que limita la capacidad de generar un esfuerzo innovador privado comparable al de las economías europeas más avanzadas. De ahí que, pese a los avances en productividad e internacionalización, la innovación continúe apareciendo como una de las asignaturas pendientes de la empresa española medio siglo después.