Ayuda que sí entra: un puente desde EEUU hacia los hogares cubanos

En Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respondió a una pregunta sobre advertencias de Naciones Unidas en torno a la escasez de combustible y electricidad en Cuba. Su respuesta fue frontal: si la isla es un desastre humanitario, lo es porque su gobierno y su modelo económico no funcionan, no porque Washington impida la entrada de ayuda. Recalcó que Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares en asistencia humanitaria y que “nadie está impidiendo que esa ayuda entre”.

El intercambio, en plena gira regional del jefe de la diplomacia estadounidense, y en un momento de apagones prolongados y crisis multisistémica en la isla, reabrió un debate que suele quedar obnubilado por la retórica del “bloqueo”: cuánta comida, efectivo, medicinas y equipos de energía llegan de hecho desde territorio estadounidense al pueblo cubano.

La pregunta a Rubio hace tabula rasa de lo que sucedía antes de las órdenes ejecutivas dictadas en 2026 por Trump sobre Cuba. El país caribeño arrastra décadas de colapso eléctrico, caída de la producción agropecuaria e importación de entre el 70 y el 80 por ciento de los alimentos que consume. El propio Rubio atribuyó el deterioro energético al fin del petróleo venezolano regalado y a décadas de desinversión, y recordó que los apagones existían incluso cuando La Habana revendía el 60 % del crudo que recibía de Venezuela. Frente a esa narrativa, el gobierno cubano cifra en más de 8.000 millones de dólares los perjuicios anuales del embargo. Lo que rara vez entra en esa ecuación es el mapa concreto de los canales legales, comerciales y familiares que, pese a las sanciones, mantienen un puente material de ayuda entre Estados Unidos y la isla.

La pieza más visible de la ayuda oficial de EEUU es el paquete de 100 millones de dólares anunciado por Washington para alimentos, artículos de higiene y otros suministros, canalizado fuera de las arcas estatales. Unos 60 millones se gestionan a través de la Iglesia católica y Cáritas Cuba; los 40 restantes, por otras organizaciones independientes.

En julio de 2026 salió de Miami el primer vuelo de ese programa, con módulos de comida e higiene para cientos de familias. En septiembre, Cáritas comenzó a recibir cargamentos en Santa Clara para distribuirlos en las localidades de Rancho Veloz y Quemado de Güines.

Antes, en enero, ya habían llegado envíos por el huracán Melissa, valorados en unos 3 millones de dólares, también por vías eclesiásticas. Rubio insiste en que el régimen no impide esa entrada; La Habana, a su vez, aceptó la distribución siempre que no pase por canales que considere políticos.

Esa asistencia extraordinaria se suma a un régimen legal mucho más antiguo y menos publicitado: la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones) de 2000, conocida como TSRA o TSREEA. La ley, firmada por Bill Clinton, autorizó la venta comercial directa de alimentos y productos agrícolas estadounidenses a Cuba, a cambio de condiciones exigidas por los congresistas cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart como el pago en efectivo por adelantado o financiamiento de terceros países, y sin crédito estadounidense.

(TSRA también autorizó la venta de medicamentos, insumos y equipos médicos, pero estos siguen regulados por la Cuban Democracy Act, o Ley Torricelli de 1992, que requiere estudiar las licencias caso por caso y que se pueda verificar que el producto se usará para el fin declarado, no para torturas o abusos, ni para uso biotecnológico o para reexportarlo, y solo en beneficio del pueblo cubano. Esa verificación no se aplica a las donaciones humanitarias de medicinas a Organizaciones No Gubernamentales)

Antes del paso del huracán Michelle por Cuba en noviembre de 2001 Fidel Castro había dicho que no compraría “ni un gramo de arroz ni una aspirina” a EE.UU. mientras existieran las restricciones del embargo (en especial la prohibición de financiamiento). Pero después de Michelle propuso, “por una sola vez y con carácter excepcional”, comprar alimentos y medicinas al contado para reponer reservas.

En la práctica, desde diciembre de 2001 Cuba compra pollo, cerdo, arroz, lácteos, huevos y otros rubros en Estados Unidos. No es “ayuda” en sentido estricto: es comercio legal al amparo de una excepción expresa al embargo, pero subrayó un consenso acerca de que la comida y las medicinas no deberían ser instrumentos de la política exterior.

Los números del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (USCTEC por sus siglas en inglés) la fuente más citada desde la década del 2000 sobre las ventas de alimentos a la isla, desmienten el “por una sola vez” de Castro. Las exportaciones agroalimentarias autorizadas por la TSRA superaron los 8.000 millones de dólares acumulados desde 2001. En 2025 alcanzaron unos 490,1 millones, el tercer mayor valor anual desde que empezaron los envíos. El pollo congelado —cuartos de pierna, muslos, carne— suele concentrar más de la mitad de la factura. En 2025, solo las aves y derivados rondaron los 298 millones de dólares. En mayo de 2026 las ventas agroalimentarias mensuales subieron 13,2 por ciento interanual, hasta 42,19 millones e incluyeron huevos frescos y azúcar de caña.

El comercio total, no solo el agrícola, se ha disparado. Según datos del Census Bureau recopilados por el propio USCTEC y por medios independientes, entre enero y julio de 2026 ─dentro del marco del endurecimiento de las sanciones─ Estados Unidos exportó a Cuba mercancías por unos 674 millones de dólares, un 61,8 por ciento más que en el mismo período de 2025. Julio solo registró 148,9 millones, un récord mensual.

Además de comida, entran combustibles autorizados para el sector privado, vehículos, motocicletas, paneles solares y electrodomésticos. Sucede que estas ventas fueron autorizadas desde 2022 por el BIS (Bureau of Industry and Security). Una parte creciente de las importaciones cubanas ya no pasa solo por Alimport, el monopolio estatal de compras, sino por mipymes cubanas (micro, pequeñas y medianas empresas) abastecidas desde Miami, Hialeah y Doral.

Ese cambio de destinatario es decisivo. Desde que La Habana autorizó las mipymes, empresas del sur de la Florida exportan no solo pollo a granel para el Estado, sino café tostado, jugos, pastas, aceite, yogurt, huevos, ropa, piezas eléctricas y hasta vehículos para el mercado privado.

El USCTEC estima que las exportaciones destinadas al sector privado reemergente superan ya cientos de millones acumulados, con un salto fuerte en automóviles desde 2022.