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Will Scharf promete «respuesta vigorosa» al comité de Robert García, que abre investigaciones en enero de 2027 con el Departamento de Justicia en el punto de mira. La entrada La Casa Blanca blinda a Scharf ante el nuevo Congreso demócrata: «respuesta vigorosa» al comité de Robert García aparece primero en Moncloa.
Scharf envió una carta a Robert García la semana pasada y advirtió de que el Departamento de Justicia responderá «cada vez» que se intimide a un funcionario. Las nuevas mayorías demócratas toman posesión el 3 de enero de 2027.
El consejero jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, promete «respuesta vigorosa» a las investigaciones demócratas que arrancan el 3 de enero.
La promesa no es una frase suelta. Scharf envió la semana pasada una carta a Robert García, el congresista californiano que a partir del 3 de enero de 2027 presidirá el comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes: el órgano que cita a declarar a los altos cargos del Ejecutivo y les reclama documentos con subpoenas (citaciones con fuerza legal). En la misiva le advirtió de que no intimidara a los funcionarios de la administración con investigaciones.
El detonante fue la noche electoral. Según recoge el Washington Examiner, García pidió entonces al equipo de Donald Trump que se buscara abogados —«lawyer up», en la expresión original—. El mensaje aterrizó en el Ala Oeste como una declaración de guerra.
El domingo, Scharf subió el tono. «El congresista García y otros miembros demócratas del Congreso tienen la intención de amenazar e intimidar a miembros de esta administración, desde el presidente hasta el funcionario más júnior», dijo. «Si ese es el camino que van a tomar, se encontrarán con una respuesta vigorosa de mi oficina y del Departamento de Justicia cada vez».
El episodio que más incomodó al Consejo Jurídico de la Casa Blanca llegó el sábado. García había dicho que la «mezquindad» podía ser un factor a la hora de fiscalizar al Ejecutivo: «Quizá sea porque soy gay, pero la mezquindad es una cosa. No vamos a olvidar estos crímenes». Scharf le contestó con el catecismo constitucional: «La mezquindad no es un propósito válido para ejercer la supervisión bajo nuestra Constitución y bajo nuestras leyes».
García no ha rebobinado. En declaraciones a MSNow, calificó la carta de «amenaza» y anunció que seguirá «investigando agresivamente las graves acusaciones de delito» en torno a «la familia criminal Trump», al Departamento de Seguridad Nacional, al ICE (la agencia federal de inmigración y control de fronteras) y al caso Jeffrey Epstein.
El gobierno dividido no empieza con la primera citación: empieza con la carta que la anticipa y con la televisión que la amplifica.
Para Madrid, el pulso de Washington no es un espectáculo ajeno. Estados Unidos es uno de los principales destinos de la exportación española fuera de la Unión Europea, y cualquier movimiento en la política comercial americana toca de lleno al aceite de oliva, el vino, la maquinaria, y la industria farmacéutica.
A eso se suma la huella empresarial. Iberdrola, Santander, BBVA, Ferrovial, Inditex y Repsol operan en Estados Unidos con filiales sujetas a la ley federal. Si el comité cumple lo que ha anunciado y extiende sus citaciones a «la América corporativa», nada impide que una vista pública acabe apuntando a una filial española.
Hay un tercer frente. El Congreso aprueba cada año el presupuesto federal, incluidos los fondos de defensa y la ayuda exterior: es la palanca con la que el Capitolio condiciona los compromisos de Washington con la OTAN y con Ucrania. Bruselas y Madrid negociarán en 2027 con una Casa Blanca obligada a mirar por el retrovisor.
Desde dentro del sistema, la jugada de Scharf tiene una lógica que va más allá del intercambio de golpes. El Consejo Jurídico —el despacho de abogados del presidente, con rango de departamento— ha dejado de ser un órgano consultivo para funcionar como un despacho de litigación permanente. La estrategia es sencilla: desacreditar el propósito de la investigación antes de que exista la primera citación, porque ante los tribunales el Congreso solo puede reclamar documentos si persigue un «propósito legislativo válido».
El precedente más útil está en la doctrina del Tribunal Supremo. En 2020, en el caso Trump contra Mazars, el alto tribunal estableció que los comités del Congreso no pueden lanzar citaciones indefinidas contra el presidente y deben demostrar necesidad y proporcionalidad. Y en 2008, cuando la Cámara declaró en desacato a la exconsejera jurídica Harriet Miers y al jefe de gabinete de George W. Bush, Joshua Bolten, el Departamento de Justicia nunca presentó cargos. El desacato al Congreso se remite al fiscal general, que responde políticamente ante el presidente.
La coalición que sostiene este pulso es la base de Trump, que lleva una década leyendo cada investigación como una campaña electoral en su contra. Cada citación demócrata alimenta ese relato: el sistema contra el votante. A la Casa Blanca no le hace falta ganar los procesos; le basta con que el calendario judicial no llegue a sentencia antes de 2028.
La incógnita es si la estrategia resiste un año de vistas públicas. El primer termómetro llega en enero: con las nuevas mayorías en el Congreso desde el 3 de enero de 2027, las solicitudes de documentos se esperan en las semanas siguientes. En paralelo, la agenda comercial con la UE —los expedientes de la Sección 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite al presidente imponer aranceles por seguridad nacional sin pasar por el Congreso)— seguirá su curso, con un ojo puesto en el Capitolio. Para España, el efecto práctico es un año de imprevisibilidad: los expedientes que afectan a su exportación se decidirán en un Washington donde conviven dos mayorías.
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