UGT y CCOO han situado el seguimiento de la huelga general en una horquilla de entre el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha y el 75% en Andalucía y Aragón, según los primeros datos recopilados hasta las siete de la mañana, correspondientes al cierre del turno de noche. Los sindicatos han descrito una incidencia desigual, con mayor implantación en las zonas costeras y menor seguimiento en buena parte del interior.
El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, y el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, han presentado estas cifras en una comparecencia conjunta. Han advertido de que todavía no incluyen sectores como la Administración Pública, la educación, el comercio, el sector financiero y los servicios privados, cuya actividad comienza más tarde.
Ambas organizaciones ofrecerán una nueva actualización a las 12:30 horas, cuando sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, comparezcan en una concentración de piquetes convocada en la plaza de Cibeles de Madrid.
Los representantes sindicales han señalado que la huelga está teniendo una implantación desigual. Según sus datos, el seguimiento es mayor en la cornisa cantábrica, el litoral mediterráneo, Cataluña y Andalucía, especialmente en las zonas costeras, mientras que la incidencia es menor en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Espartero y Martín han vinculado esta diferencia a la situación del mercado de la vivienda y a las dificultades que, según su explicación, soportan los trabajadores en las zonas más tensionadas.
Entre los sectores con mayor seguimiento han destacado la logística, especialmente en los centros de Illescas (Toledo) y Guadalajara, donde han cifrado el paro en torno al 80%. También han señalado una incidencia relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica.
CCOO y UGT han avanzado asimismo una reducción del consumo energético cercana al 10%. Los portavoces sindicales han relacionado este descenso con la menor actividad de la industria electrointensiva y de sectores como el transporte, la agroalimentación y la transformación del acero.
A su juicio, estas cifras reflejan el efecto de la huelga en las actividades industriales que han quedado condicionadas por los servicios mínimos. Los representantes sindicales han valorado positivamente los primeros datos y han afirmado que "si sigue así la evolución de la huelga, esta huelga es un éxito".
Durante la comparecencia, ambos sindicatos han criticado los servicios mínimos establecidos por varias comunidades autónomas. En particular, han señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado medidas cautelarísimas contra los fijados por el Gobierno regional en educación, justicia y transportes, al considerar que eran desproporcionados e impedían el ejercicio del derecho de huelga.
También han informado de incidentes durante las primeras horas de la convocatoria. Según sus datos, varios conductores atropellaron a integrantes de piquetes en Galicia y Burgos, aunque no se produjeron lesiones de gravedad.
Los sindicatos han contabilizado además al menos dos detenidos: un responsable de CCOO del sector del transporte en Mercamadrid y un delegado del metal en Zamudio. Asimismo, han denunciado más de una docena de heridos. Entre ellos figura la secretaria de Juventud Confederal, que habría recibido un golpe en la cabeza en Mercamadrid. También han señalado afectados por el uso de gas pimienta para disolver piquetes en las cocheras de Fuencarral y en Mercamadrid.
🔴La Policía Nacional detiene a un sindicalista y carga contra algunos violentos utilizando el gas pimienta después de que CC.OO y UGT hayan intentando bloquear la entrada a los camiones en Mercamadrid@AntonioMoleon21 pic.twitter.com/ugGgTJ54zF
Los servicios jurídicos de ambas organizaciones estudiarán las imágenes sobre el empleo de este producto por parte de unidades antidisturbios en la Comunidad de Madrid. Los sindicatos consideran que su utilización fue desproporcionada y que vulneró el derecho de información de los piquetes.
Por último, han anunciado que analizarán si las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que calificó a las organizaciones de "basura sindical", pueden ser objeto de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales.