Tres sindicatos denuncian falta de medios y reclaman una respuesta institucional mientras Canarias afronta nuevas llegadas de embarcaciones.
La presión migratoria sobre Canarias vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones públicas. Esta vez, la advertencia llega desde las propias organizaciones sindicales de la Policía Nacional, que denuncian una situación de sobrecarga operativa especialmente preocupante en El Hierro.
Los sindicatos JUPOL, SUP y UFP han alertado de las dificultades que afrontan los agentes destinados a atender la llegada de embarcaciones a las islas. Las organizaciones consideran que los recursos disponibles resultan insuficientes para responder con garantías al incremento de la actividad migratoria.
La denuncia se produce después de una nueva jornada de rescates en aguas próximas al archipiélago. Según la información facilitada por Salvamento Marítimo y recogida por EFE, 901 personas llegaron a Canarias en nueve embarcaciones desde la noche del miércoles, con desembarcos en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.
Entre las personas auxiliadas se encontraban al menos 25 menores, mientras los servicios de rescate mantenían activos otros dispositivos para atender embarcaciones localizadas en el Atlántico.
El repunte vuelve a situar el foco sobre una realidad que combina la obligación de prestar asistencia humanitaria con la necesidad de garantizar medios suficientes a los profesionales encargados de los controles policiales y administrativos.
Las tres organizaciones policiales han denunciado lo que consideran una situación de abandono institucional ante el incremento de las llegadas.
Su principal preocupación es la capacidad operativa de los efectivos destinados en El Hierro, una isla con recursos limitados que ha adquirido un papel destacado en la recepción de embarcaciones procedentes de la ruta atlántica.
La llegada de cientos de personas en periodos muy cortos obliga a coordinar operaciones de rescate, atención sanitaria, identificación, seguridad y posterior traslado a los dispositivos de acogida.
Estas actuaciones requieren personal especializado y una organización capaz de adaptarse a situaciones extraordinarias sin comprometer el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
Las denuncias sindicales deben entenderse como advertencias de los representantes de los agentes. Corresponde al Ministerio del Interior aclarar los recursos disponibles, los refuerzos desplegados y las medidas previstas para responder a las necesidades planteadas.
El problema adquiere especial relevancia cuando la presión migratoria se concentra en territorios con una población reducida y una capacidad logística limitada.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había reclamado esta semana una reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para abordar el aumento de las llegadas y sus consecuencias en las islas.
El Gobierno autonómico considera necesario reforzar la coordinación con el Estado ante una situación que afecta especialmente a El Hierro y Lanzarote.
La responsabilidad sobre el control de fronteras y la actuación policial corresponde fundamentalmente a la Administración General del Estado, mientras que otras necesidades derivadas de la acogida y la atención social requieren la participación de diferentes instituciones.
La nueva denuncia sindical incorpora al debate una cuestión concreta: las condiciones en las que trabajan los agentes que deben responder a las emergencias migratorias.
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