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La economía de Canarias vive instalada en una peligrosa dualidad. Los despachos oficiales celebran a diario las cifras macroeconómicas, impulsadas por un motor que se niega a griparse. Sin embargo, un análisis detallado de los distintos sectores productivos revela la profunda fragilidad de nuestro tejido empresarial. Más allá de los servicios, el panorama resulta desolador.
Los últimos registros del Instituto Canario de Estadística exponen esta enorme brecha. El turismo sigue pulverizando sus propios registros de ingresos y visitantes. Funciona. Funciona porque compite cada día en un mercado abierto, se adapta a la demanda global y ofrece un valor real y contrastable a sus clientes. Pero esta innegable fortaleza actúa como un velo que maquilla el hundimiento paralelo de la industria y la tecnología.
Durante el segundo trimestre de este año 2026, las compras al exterior de productos industriales de alta tecnología se han desplomado más de un diecinueve por ciento. El Archipiélago importa menos bienes de equipo y paraliza su inversión en sectores vitales como el informático, el aeronáutico o el farmacéutico. Al mismo tiempo, el valor total de las exportaciones industriales retrocede en una proporción idéntica.
Esta contracción comercial no responde a un simple bache coyuntural, sino al síntoma claro de un proceso de descapitalización. El progreso material de una sociedad no surge de trabajar más horas físicas, sino de incorporar tecnología para hacer ese trabajo más eficiente. Cuando las empresas dejan de renovar su maquinaria, asfixiadas por la incertidumbre o los altos costes, la economía consume su propio capital. Sin nueva inversión, se hipoteca el crecimiento futuro y se da la espalda a la modernización.
El problema de fondo aflora con toda su crudeza al cruzar esta caída tecnológica con los datos del mercado laboral. El sector turístico representa en la actualidad cerca del 38 por ciento del Producto Interior Bruto regional, pero necesita absorber a más del 42 por ciento de la población ocupada para sostener esa producción. Hablamos de un sector altamente intensivo en mano de obra. Genera decenas de miles de puestos de trabajo, sostiene el consumo interno y aporta la única certidumbre que las administraciones públicas son incapaces de ofrecer a las familias canarias.
Por el contrario, el sector industrial apenas aporta el 6 por ciento del PIB autonómico y da cobijo a escasamente un 4 por ciento de los ocupados de las Islas. Una auténtica minoría de trabajadores. La lectura superficial de estos porcentajes oculta el verdadero drama de nuestra economía. Si calculamos el valor añadido que genera cada sector y lo dividimos entre el número de personas que emplea, la conclusión es demoledora. La productividad por trabajador en la industria supera de largo a la del sector servicios.
El empleado industrial y tecnológico dispone de un volumen mucho mayor de capital acumulado a su disposición. Opera con tecnología avanzada, maquinaria de alto coste y procesos enormemente optimizados. Esa inversión previa, que hoy vemos retroceder en las aduanas, es la que permite multiplicar el valor económico de su tiempo y, por consiguiente, la única que garantiza salarios elevados a largo plazo. Al destruir el tejido industrial y frenar la importación tecnológica, Canarias no solo pierde empresas. Pierde su empleo de mayor calidad.
Condenar a la industria a la irrelevancia frente al gigante turístico supone perpetuar un modelo dependiente y de salarios estancados. La riqueza de una región no crece por decreto ley, sino mediante el ahorro y la inversión. Cuando un emprendedor decide no importar equipos de alta tecnología hacia Canarias, lo hace porque el entorno simplemente no compensa el riesgo. La asfixia fiscal, la interminable maraña regulatoria y los sobrecostes derivados de la lejanía, que los instrumentos actuales del Régimen Económico y Fiscal (REF) no terminan de neutralizar para el capital tecnológico, levantan un muro infranqueable frente a la iniciativa privada.
El discurso político insiste legislatura tras legislatura en la urgencia de cambiar el modelo productivo. Prometen la diversificación económica desde los despachos y los boletines oficiales. Sin embargo, el resultado siempre es el contrario. La diversificación nunca nace de la planificación centralizada del gobierno de turno, sino de un ecosistema libre que permita a los individuos explorar nuevas vías de rentabilidad sin ser castigados de antemano.
El turismo sostiene hoy el edificio económico de las Islas. Penalizar a este sector mediante nuevas tasas, moratorias o limitaciones, como sugieren algunas voces, solo aceleraría el colapso general. La única vía real para equilibrar la balanza pasa por liberar al resto de la economía de las trabas burocráticas que impiden su desarrollo. Si aspiramos a tener una industria sólida y puestos de trabajo productivos, el primer paso consiste en dejar que el mercado respire. De lo contrario, Canarias seguirá viendo cómo el siglo XXI y la innovación tecnológica pasan de largo.
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