El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló en Canarias un 3,4% interanual el pasado junio, según confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje se traduce en cuatro meses consecutivos perdiendo poder de compra. Con un repunte mensual del 0,6% y un acumulado anual del 2,1%, el ahorro de los hogares canarios se devalúa constantemente.
El transporte anota la subida más drástica de todas las categorías, costando un 8,3% más que hace un año. Detrás de este castigo no solo late la dependencia internacional del crudo. La fragilidad logística se suma a las barreras burocráticas y fiscales que limitan la competencia real.
Figuras impositivas y aduaneras como el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) operan en la práctica como un arancel encubierto. Al frenar la libre entrada de bienes y proteger de forma artificial a ciertos sectores, el mercado insular se estrecha. Al final, es el consumidor quien asume en su bolsillo el sobrecoste de cada flete y cada mercancía que entra por los puertos.
El otro gran foco de inflación golpea directamente al motor económico del archipiélago. Los restaurantes y servicios de alojamiento registran un alza del 5,2%. La lectura superficial de la administración suele apuntar a la fuerte demanda turística, pero la realidad a pie de caja es muy distinta. El tejido empresarial se ve forzado a repercutir un incremento inasumible de sus gastos operativos.
Las subidas decretadas de los costes laborales, las cotizaciones sociales y una factura energética inflexible estrechan los márgenes de los negocios. Para sobrevivir, el empresario tiene que subir los precios. Es una amenaza para la competitividad turística de Canarias frente a destinos internacionales que no sufren esta misma presión regulatoria.
Mientras el IPC a nivel nacional se congeló en junio en el 3,2%, Canarias acelera por encima de la media y lidera el encarecimiento mensual en España (+0,2%), compartiendo el dudoso honor de encabezar la pérdida de riqueza junto a autonomías como Madrid, Cantabria o Baleares. Ni siquiera el crecimiento más moderado en gastos básicos como la alimentación (+1,5%) o las telecomunicaciones (+1,2%) logra maquillar el agujero contable de las familias.
La inflación en las islas ha dejado de ser un sobresalto coyuntural para enquistarse como un problema estructural. La inercia de un gasto público elevado estimula una demanda que devalúa la moneda. Sin medidas serias que pasen por abrir el mercado a la competencia y reducir el hachazo fiscal sobre ciudadanos y pymes, este impuesto silencioso seguirá castigando a las rentas medias canarias.
