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Nevaco Global
24 de octubre de 2026

Las defensas intentan evitar in extremis el juicio a la Negra Dominga por la narcomasacre del Saler

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Roberto Vega Daza (izda), en una foto familiar tomada en la mansión donde vivían en Barranquilla.a / Levante-EMV

Las defensas han intentado este viernes 23 de octubre, in extremis, acabar con la causa abierta contra Álvaro Luis Ospino Illera, alias La Negra Dominga, y otros dos acusados por la narcomasacre del Saler, ocurrida en la noche del 27 de febrero de 2024 cuando cayeron ejecutado bajo una lluvia de disparos (14, en total) su archienemigo, Roberto Carlos Vega Daza, alias Beto, último varón vivo del clan Daza de Barranquilla (norte de Colombia), el guardaespaldas de este, Tarit José Salazar López y un conocido del primero, Harold Hugo Jaramillo Rodríguez, que les había hecho esa tarde de chófer por agradar a su mujer, familia lejana de Ospino, y que nunca debió llevarse las dos balas por la espalda que lo mataron.

El juicio contra Ospino, considerado uno de los principales narcos del departamento colombiano de Atlántico, en el norte del país, y considerado por la justicia española presunto autor por inducción, encargo y planificación de esa narcomasacre, debe celebrarse con jurado y está previsto que se señale para finales de este año o principios de 2027.

Por eso, la defensa de La Negra Dominga y las de los otros dos acusados -uno de los considerados ejecutores materiales de la masacre, Víctor Hugo H. M., y una prima de Ospino, Luz Marina M. A., que supuestamente le allanó el terreno y le hizo funciones de logística en ese plan criminal aprovechando que llevaba años viviendo en València, han tratado este jueves de poner palos en las ruedas del procedimiento, en un intento último por evitar la vista oral y lograr la nulidad del procedimiento.

Básicamente, los abogados de los tres acusados, entre ellos los penalistas valencianos Isabel Carricondo y Juan Carlos Navarro, que defienden a Luz Marina M. A., han planteado hasta siete cuestiones previas en la vista celebrada en la mañana de este viernes en la Ciudad de la Justicia, que en realidad recogen planteamientos que ya han sido contestados, buena parte de ellos, no solo por el juez de la plaza 12 de Instrucción del Tribunal de València, sino incluso por la Audiencia Provincial.

Las defensas de Ospino Illera y de Víctor Hugo, en solitario, no solo han aportado a última hora una sentencia de los tribunales de Barranquilla dictada tras el asesinato del sobrino preferido de La Negra, origen de todo lo ocurrido después, incluida esa masacre en la costa valenciana sostienen la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor, sino que han seguido intentando la nulidad con argumentos basados en hechos inciertos.

En cuanto a la sentencia, que ya había sido aportada a la causa por la defensa de Luz Marina en agosto pasado, por lo que su reiteración no era necesaria, han creído necesario incluirla bajo el argumento, incierto, de que su cliente no podía estar buscando venganza por la muerte de su sobrino acabando con la vida de Roberto Carlos, por cuanto este no fue condenado por aquel crimen cometido durante la celebración del 23 cumpleaños de la víctima.

Sin embargo, el propio Ospino admitió en su declaración ante el juez, a preguntas del fiscal, que su sobrino había sido asesinado por Roberto Carlos pero que él jamás había querido tomar represalias contra él o su familia, alegando que era una guerra perdida.

Otra de las cuestiones planteadas en esta vista celebrada este viernes, en el que no ha estado presente ninguno de los acusados, busca la nulidad de la causa alegando que el volcado telefónico de los siete terminales confiscados en la escena del crimen por agentes de la Guardia Civil la misma noche del crimen fue ordenada por el juzgado mediante una providencia, en lugar de hacerlo con un auto motivado.

Se trata de, como mínimo, un error, ya que en el sumario consta un auto en el que el juez concede el volcado y una providencia en la que lo ordena. La diferencia entre ambos documentos judiciales es que el auto es aquel en el que un magistrado decide, con argumentación jurídica, sobre cualquier cuestión procesal motu proprio o a petición de una parte, mientras que la providencia es el escrito en el que se ordena realizar lo decidido de antemano, y no requiere motivación.

Por tanto, el juez hizo correctamente su trabajo: primero decidió que era pertinente y lo justificó, y después ordenó que se hiciera. Así las cosas, todo lo obtenido en esos volcados es absolutamente legal y será una de las bases de la acusación contra Ospino y los otros dos acusados.

Ficha policial antigua de Álvaro Luis Ospina Illera, alias La Negra Dominga. / Levante-EMV

El intento de las defensas no es baladí. El fiscal especial de jurado que lleva la acusación pública pide, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, la misma pena para los tres: prisión permanente revisable, el máximo castigo que prevé la ley en España por asesinato. En este caso, la petición se sustenta en el tercer apartado del artículo del Código Penal que regula ese castigo, el reservado a los que cometan un asesinato en el marco y contexto de una organización o grupo criminal, como es el caso, ya que La Negra Dominga, nacido, curiosamente en otra Valencia, la que da nombre a la capital del estado venezolano de Carabobo, está considerado por las autoridades colombianas como el responsable de uno de los grupos criminales que se disputan tanto la venta callejera como las negociaciones para organizar el tránsito de grandes envíos de cocaína desde los puertos del norte del país a Europa y a Estados Unidos.

En concreto, se le achaca liderar el grupo de los Piloneros y financiar a Los Costeños, una peligrosa mafia mayoritariamente venezolana con la que se habría aliado, según las investigaciones policiales en su país, para exterminar al clan de los Vega después de que Roberto Carlos y su guardaespaldas de aquel momento iniciaran el tiroteo en el que murió su sobrino predilecto y ahijado Jonhatan el 24 de octubre de 2022, durante los fastuosos festejos para celebrar su 23 cumpleaños en una finca bautizada como Mediterrané (como el mar, paradojas de la vida, a cuya orilla sería acribillado Roberto Carlos 16 meses después en esa narcomasacre).

Y no solo eso, policialmente se considera que tiene lazos con la temida organización narcoterrorista de origen venezolano Tren de Aragua, responsable de multitud de asesinatos, extorsiones y asaltos violentos no solo en toda Latinoamérica, sino también en España y en Estados Unidos. En este caso, el de la matanza del Saler, el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València ha acreditado que los dos sicarios trabajaban o habían trabajado para los de Aragua.

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