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Rozando los 20 grados y con el cielo cubierto, un grupo de tractores se han reunido a partir de las 9 de la mañana de ... la mañana de este sábado en San Miguel de los Reyes para participar en la marcha que se ha iniciado poco después de las 10 de la mañana. Los participantes en la protesta del sector primario se han dirigido hacia las inmediaciones del centro de Valencia, recorriendo la avenida de la Cosntitución hasta llegar al viejo caude del Turia, cruzar por el Pont de Fusta y dirigirse hacia Delegación de Gobierno, en la plaza del Temple.
Los agricultores valencianos han mantenido la convocatoria de manifestación para este sábado. La convocatoria pretende reunir a agricultores, ganaderos, pescadores y autónomos para reclamar precios justos, costes de producción más bajos, reducción de la burocracia y medidas que mejoran la situación del sector primario.
En la Delegación del Gobierno se espera que a los tractores se sumen los manifestantes a pie, y todos juntos se dirijan por la marginal derecha del viejo cauce hacia el Puente de Monteolivete, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde tienen permiso permanecer hasta las 14 horas y guardar un minuto de silencio por el accidente de tren en Toledo que ha motivado la suspensión de la tractorada de Madrid.
El Consell exige al Gobierno central que frene la avalancha de importaciones de cítricos de Sudáfrica
La Unión Nacional del Sector Primario Independiente (UNASPI) impulsa esta convocatoria junto con la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, la Asociación en Defensa del Sector Primario de la comarca Utiel Requena y la Plataforma en defensa dels llauradors i ramaders de l'Horta de València.
La principal reivindicación del sector es la implantación de la denominada «preferencia alimentaria europea». En este sentido, se reclama que las importaciones cumplan las mismas reglas que las producciones locales para evitar la competencia desleal. Los organizadores pretenden hacer hincapié en la necesidad de potenciar la independencia de la producción de alimentos y advierte del riesgo de depender de mercados exteriores. Igualmente, se protesta por el incremento de costes generado por el precio del combustible, fertilizantes y el resto de elementos necesarios para la actividad.
FOTOS | Tractorada en defensa del sector agrícola en Valencia
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Tres furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía, motoristas de la Policía Local de Valencia y agentes a pie abren paso a la manifestación, que ha atravesado el Pont de Fusta para pasar al otro margen del viejo cauce. Chispea en el momento en que el tráfico se ha comenzado a complicar de verdad en los viales paralelos al viejo cauce.
Las dos márgenes del río se han colapsado. Los pitidos resuenan por toda la zona, donde se expande el olor al diésel de los tractores.
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El modelo K-Economics. “En 2026, el 99.5% de las líneas arancelarias para productos coreanos están libres de aranceles para ingresar al mercado peruano, mientras que las restantes (carne de pollo y lácteos) terminarán de desgravarse en 2027″.
Bolivia asiste a una gigantesca farsa fiscalizadora donde el fetichismo del control digital pretende ocultar la entrega material de las fronteras de la república. Mientras el debate de la opinión pública nacional se ahoga en la inmediatez ciega, la economía real del país sufre una caída invisible que se pretende callar con inercia corporativa. El discurso oficial insiste en centrar las alarmas en el desabastecimiento general de diésel, ignorando deliberadamente que tras el sinceramiento de precios impuesto por el Decreto Supremo 5716, la provisión de este carburante a Bs 17,95 por litro (US$ 1.50) se ha, medianamente, regularizado en los surtidores. La verdadera olla de grillos que nadie se atreve a destapar está en lo que sobra: el flujo ininterrumpido de gasolina especial subvencionada y gas licuado de petróleo (GLP) que se desvía ante los ojos del Estado bajo un esquema de complicidad institucionalizada que desborda las aduanas. Reducir este fenómeno a un problema del oriente o a un "hormigueo" de pequeños acopiadores minoristas es una venda de inmadurez analítica. El contrabando de gasolina en Bolivia ha alcanzado una dimensión de organización industrial transnacional que conecta de forma directa el Trópico de Cochabamba, el altiplano de Desaguadero, los pasos fronterizos de Pisiga y Yacuiba, y el eje amazónico de la provincia Vaca Díez. Mantener la gasolina especial congelada artificialmente mediante un subsidio ciego no responde a una política de protección social para las familias bolivianas; responde a una complicidad política cobarde por parte del centralismo para comprar una falsa tregua interna, permitiendo a sabiendas que el beneficio fiscal sea capturado de inmediato por las redes del crimen organizado interno y transfronterizo. sicarios.jpg El destino de este contrabando masivo expone una paradoja destructiva para la seguridad del subcontinente. Millones de litros de gasolina barata extraídos de los surtidores bolivianos cruzan diariamente hacia el Perú y el Brasil para convertirse en el insumo operativo real que abastece la maquinaria pesada de la minería ilegal de oro aluvial que destruye las cuencas amazónicas, y para alimentar los complejos laboratorios de producción y cristalización de pasta base de cocaína controlados por el narcotráfico. Bolivia se ha transformado en el financista involuntario de las economías más destructivas de la región: el Tesoro General de la Nación (TGN) quema los 211,3 millones de dólares inyectados de emergencia por el Fondo Monetario Internacional en la balanza de pagos para comprar combustibles caros en el mercado internacional, solo para revenderlos baratos en las fronteras y subsidiar los costes de las factorías delictivas de los países vecinos. Mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presume la instalación de 1.200 cámaras de monitoreo, las mafias compran "cupos" informáticos liberados internamente en el sistema B-SISA, obligando al ciudadano común de a pie a pagar tarifas criminales en el mercado negro local para sus vehículos y, parte de transporte urbano. Esta perversión logística adquiere tintes de tragedia nacional en un año donde los informes coincidentes del FMI y el Banco Mundial ratifican que Bolivia registrará una contracción económica real de entre el -2,8% y el -3,0% de su Producto Interno Bruto, consolidándonos formalmente como la peor economía de toda América Latina y el Caribe. Sostener este grifo energético transfronterizo es un suicidio fiscal que devora 55 millones de dólares semanales y priva al Banco Central de las divisas que necesita con urgencia para cubrir las obligaciones externas. El llamado a la acción es de emergencia nacional y exige que el Ejecutivo abandone la “simulación fiscalizadora” de inmediato. El orden constitucional obliga a aplicar con la máxima dureza legal el Decreto Supremo 5707 que prorroga el Estado de Excepción hasta el 17 de diciembre de 2026 para militarizar de forma permanente los surtidores en todos los confines aduaneros del país, intervenir las gerencias informáticas regionales e implementar auditorías químicas moleculares inalterables con trazabilidad Blockchain desde las refinerías. Seguir tolerando que el subsidio de los bolivianos mantenga activos los motores de la minería ilegal y el narcotráfico fronterizo es decretar la muerte material de la producción formal y la sumisión definitiva de la república ante el crimen organizado global. Señor Presidente; actúe con firmeza, con los pies en la tierra, antes de que la recesión termine de quebrar el futuro de los bolivianos. Ya tenemos un peor presidente de la historia. ¡No compita por ese lugar!