El nuevo director de la ANH apoyado por el Minminas se estrenó con un devastador informe sobre el gas en Colombia

Pablo Yesid Fajardo quien no lleva más de 4 meses en el cargo al que llegó por Edwin Palma, no pudo ocultar la cruda realidad que se agrava con el totazo de Canacol

Fue al nuevo director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, Pablo Yesid Fajardo, a quien le tocó aceptar abiertamente la situación crítica que vive Colombia en materia de reserva de gas.  En su informe reconoce que Colombia posee hoy menos de la mitad del gas que tenía hace ocho años en el 2018, un desplome acumulado del 54.6%.

Este resultado se agudizó en el gobierno Petro por la decisión de no firmar nuevos contratos  a la que se suma el declive natural de los campos maduros y a un ritmo exploratorio insuficiente para reponer el consumo. En 2025, la ANH reportó una incorporación total anual negativa de -58 Gpc, una cifra que contrasta drásticamente con los 42 Gpc incorporados en 2024 y con el promedio histórico de la última década, que se situaba en 146 Gpc anuales.

El dato más crítico del reporte indica que las reservas probadas de gas natural pasaron de 2.064 gigapies cúbicos (Gpc) en 2024 a 1.717 Gpc en 2025. Esta reducción de 347 Gpc equivale a una caída del 16.8% en apenas un año, consolidándose como la mayor disminución anual registrada en la historia del país, superando las contracciones del 16.4% en 2019 y del 15.8% en 2023.

La producción nacional también sufrió un retroceso significativo: en 2025 se comercializaron 290 Gpc, es decir, 61 Gpc menos que en 2024 (una reducción del 17.4%) y 95 Gpc por debajo del promedio de la última década (385 Gpc anuales). Este agotamiento continuo ha afectado gravemente la oferta interna e incrementado la dependencia de las importaciones, las cuales ya representan más del 30 % del gas requerido para satisfacer la demanda del país. Del total de las reservas probadas actuales, el 88% (1.505 Gpc) corresponde a Ecopetrol, mientras que el 12% restante (212 Gpc) pertenece a otras compañías.

Se desploman las reservas probadas de gas natural un 17%: la mayor caída en la historia de ColombiaLas reservas probadas de gas natural se ubicaron en 1.717 gigapiés cúbicos (Gpc), lo que representa una disminución de 16,8% frente a las reservas reportadas en 2024, que… pic.twitter.com/5d4emKroVo

La crisis del sector se profundizó este 25 de junio tras confirmarse que un Tribunal de Canadá aprobó la solicitud de Canacol Energy para cancelar los 19 contratos de suministro de gas natural que mantenía vigentes con diversas empresas en Colombia. La compañía, que se consolidaba como el principal productor independiente del país con fuerte presencia en la costa norte (registrando un promedio de 129 millones de pies cúbicos por día en 2025 y una cuota de mercado del 10.2% ), tomó esta decisión arrastrada por una profunda crisis financiera.

Esta coyuntura económica comenzó a gestarse a finales de 2023 por la caída en sus niveles de extracción y un aumento en las cuentas por pagar, estallando oficialmente en diciembre de 2025. La cancelación de estos compromisos, que está pendiente por aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades, impacta de forma directa a distribuidores de la región Caribe y a grandes industrias que dependen estrictamente de este recurso para su operación diaria.

Frente al complejo panorama de abastecimiento, las esperanzas de soberanía energética a mediano plazo se concentran en el Mar Caribe. La compañía brasileña Petrobras trabaja actualmente en sociedad con Ecopetrol en el desarrollo del megayacimiento Sirius (anteriormente conocido como Uchuva), ubicado a unos 30 kilómetros mar adentro desde Santa Marta.

Las proyecciones apuntan a que este bloque comience a producir gas en el año 2030, teniendo programada su decisión final de inversión para finales de 2027. De confirmarse las estimaciones técnicas y ejecutarse las inversiones requeridas, este yacimiento tendría el potencial de duplicar las reservas actuales de Colombia y garantizar la autosuficiencia energética del país por un periodo estimado de 20 años. Sin embargo, el proyecto enfrenta importantes retos de gestión social, ya que su licenciamiento ambiental requiere la realización de más de 1.500 reuniones con 120 comunidades étnicas y locales.

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