El acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU., entre grandes promesas e incógnitas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, durante una reunión en Caracas, Venezuela.

Caracas, Venezuela. El histórico acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, pese a los beneficios prometidos, es visto con cautela por expertos no solo por las incógnitas que existen una semana después de su anuncio, sino por los retos en infraestructura en el país suramericano y ante futuros cambios políticos.

Además, advierten sobre los riesgos que acarrea su ejecución por parte de una sola compañía, dirigida por un cuestionado empresario.

El convenio, que contempla la explotación de una quinta parte de los más de 303.000 millones de barriles que Venezuela tiene en reservas, las mayores del mundo, fue anunciado el 28 de agosto por las autoridades venezolanas -cuya legitimidad es cuestionada por parte de un sector de la oposición- y por la Administración estadounidense.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo incrementará "considerablemente" la producción petrolera de su país, hoy en 1,2 millones de barriles por día (bpd), menos de la mitad del crudo que extraía en 1998, un año antes de la llegada del chavismo.

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El mandatario estadounidense, Donald Trump, prometió que se duplicarán las reservas petroleras de su país, reducidas por la guerra contra Irán a un nivel no visto desde 1983.

Rodríguez dijo el miércoles junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que espera que el convenio también beneficie a los ciudadanos del país norteamericano.

Para el economista Asdrúbal Oliveros, se trata de "un convenio de una escala extraordinaria", pero "precisamente por esa magnitud" considera "prematuro evaluar el acuerdo como si ya fuese una realidad".

"Hasta ahora conocemos anuncios y algunos términos generales, pero no tenemos suficientes detalles sobre la arquitectura contractual, las garantías, el régimen fiscal y los compromisos efectivos de inversión. Además, hay una diferencia enorme entre tener derechos sobre reservas y convertir esas reservas en producción, exportaciones y flujo fiscal", declaró a EFE.

El proyecto tiene una vigencia de 25 años y consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de bpd, según Rodríguez.

Además, se prevé una inversión de más de 100.000 millones de dólares, lo que, de momento, significa una "aspiración muy ambiciosa, no capital ya comprometido y desembolsado", aclaró Oliveros.

"Venezuela necesita esa escala de inversión para recuperar su industria, pero movilizarla exige seguridad jurídica, infraestructura, servicios petroleros, talento y, sobre todo, confianza de inversionistas que deben comprometer capital durante décadas", señaló.

Oliveros advierte sobre un "riesgo muy elevado" si el acuerdo dependiera "fundamentalmente del entendimiento político entre ambos Gobiernos".

"Estamos hablando de inversiones cuya recuperación puede tomar décadas, mientras los ciclos políticos son mucho más cortos. De hecho, que el acuerdo contemple concesiones de hasta 100 años hace todavía más importante que exista un marco jurídico e institucional capaz de trascender a los Gobiernos actuales", puntualizó.