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Toda revolución comienza con un ruido que pocos saben escuchar, y la muerte del libre comercio empezó con uno muy concreto: el 2 de abril de 2025, Donald Trump lo llamó “Día de la Liberación” y anunció un arancel del 10 % a las exportaciones hondureñas hacia Estados Unidos.
Léase bien: a Honduras, país que firmó en 2006 un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos precisamente para que sus exportaciones entraran sin arancel, Washington le impuso un arancel de todos modos. El tratado no la protegió. Nunca hizo falta romperlo; bastó con que el socio más poderoso decidiera, unilateralmente, que las reglas ya no le convenían.
El economista Dani Rodrik lo advirtió hace años con su “trilema de la globalización”: ningún país puede tener a la vez soberanía nacional plena, democracia e integración económica global.
Alguien tiene que cargar el sacrificio. Durante veinte años, ese alguien fuimos nosotros.
Los números lo confirman sin necesidad de adjetivos. Nuestro déficit comercial con Estados Unidos pasó de un promedio de 585 millones de dólares anuales, antes del tratado, a 2,780 millones en 2021: un aumento del 475 %. El maíz subsidiado que llega desde Iowa desplazó al maíz hondureño hasta el punto de que nuestra producción de carne cayó y la de granos apenas creció, mientras la población se disparaba de 6.5 a 9.5 millones de habitantes.
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El propio viceministro de Exteriores lo dijo sin rodeos durante la administración Castro: “Honduras es hoy mucho más pobre” de lo que el tratado prometió. Y el sector que sí creció, la maquila, el cual ahora representa el 70 % de nuestras exportaciones a Estados Unidos, es también el más expuesto al nuevo arancel; es el más vulnerable a la próxima decisión que Washington tome sin consultarnos. Sería deshonesto no matizarlo: esa maquila dio empleo a decenas de miles de hondureñas y hondureños que hoy sostienen a su familia con ese salario, aunque sea uno de los más bajos de la cadena. El tratado no fue una estafa completa. Fue, más bien, un préstamo que cobró intereses que nunca terminamos de calcular del todo.
Vale la pena mirar a quienes no jugaron este juego. Vietnam industrializó su economía y multiplicó sus exportaciones sin firmar jamás un tratado de libre comercio integral con Estados Unidos: negoció un acuerdo bilateral limitado en 2001, entró a la Organización Mundial del Comercio en 2007 y, cuando Washington le ofreció el gran tratado transpacífico, fue el propio Trump, en su primer mandato, quien lo retiró de la mesa. Vietnam creció protegiendo secuencialmente su industria, no entregándola de golpe. Nosotros firmamos el tratado completo de una vez -agricultura, servicios, propiedad intelectual-, convencidos de que la apertura total era la única puerta al desarrollo. Nadie nos advirtió que esa puerta se podía cerrar desde el otro lado sin nuestro permiso.
Y aquí duele más la ironía histórica. Honduras fue, entre 1950 y 2000, el granero de Centroamérica: producíamos suficiente maíz, frijol y arroz para alimentarnos y exportar a los vecinos. Hoy somos el mayor importador de granos básicos del istmo, y a la dependencia comercial se le suma una sequía que, en este 2026, ya dejó sin cosecha de subsistencia a buena parte del corredor seco, obligando al Gobierno a comprar arroz brasileño y maíz extranjero mientras nuestros propios campesinos replantan semillas que la tierra reseca vuelve a matar. El tratado nos prometió que no necesitaríamos sembrar; el cielo, ahora, parece darle la razón por las peores causas.
¿Tienen sentido, en un mundo donde el poderoso rompe sus propias reglas cuando le conviene, los tratados que firmamos convencidos de que nos protegerían? ¿O ya perdimos, junto con el maíz y el frijol, la costumbre de preguntarnos si alguna vez estuvo realmente en nuestras manos decir que no?
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