Más de un millón de euros en la nueva Oficina Emplea de Almadén, que saldrá próximamente a licitación

Se trasladará a la calle Antonio Blázquez y la ejecución de las obras tienen un plazo previsto de 12 meses

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de más de un millón de euros para la construcción de la nueva Oficina Emplea de Almadén, que se trasladará a la calle Antonio Blázquez desde su actual ubicación en la calle Mayor. La actuación, que saldrá próximamente a licitación, contempla un plazo de ejecución de 12 meses una vez adjudicadas las obras.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado de este acuerdo al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que también se ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que encara ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que pueda ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha este año.

En relación con la nueva Oficina Emplea de Almadén, Patricia Franco ha explicado que la inversión aprobada permitirá el traslado de las instalaciones a la calle Antonio Blázquez. “Una vez aprobada su inversión, sacaremos a licitación esta actuación para que, cuando se resuelva y se adjudique, den inicio unas obras que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses”, ha señalado.

El Consejo de Gobierno ha tomado también en consideración el Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, una norma que establece un nuevo marco de tramitación preferente, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para aquellos proyectos de inversión que sean declarados estratégicos en Castilla-La Mancha.

“La nueva Ley tiene como objetivo crear un marco de tramitación preferente de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las inversiones empresariales que sean declaradas estratégicas en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco, que ha explicado que la declaración atenderá a criterios como el crecimiento económico, la generación de empleo, la creación de riqueza, la competitividad, la sostenibilidad, la economía social y la cohesión territorial.

El Anteproyecto está estructurado en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria que afecta a la Ley de Proyectos Prioritarios, tres disposiciones finales y un anexo.

La norma contempla un amplio abanico de sectores y actividades susceptibles de obtener la declaración de inversión empresarial estratégica, desde la industria hasta la agricultura, la energía y el agua, la construcción, el comercio, la logística, la hostelería, la producción audiovisual o los servicios sociales, entre otros.

También establece los umbrales mínimos de inversión y empleo en función del tamaño de los municipios. Así, en localidades de más de 30.000 habitantes se exigirán al menos 30 empleos directos y una inversión de 10 millones de euros; en municipios de entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 empleos y 7,5 millones de inversión; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 empleos y cinco millones; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 empleos y tres millones; y en localidades de hasta 5.000 habitantes, cinco empleos y un millón de euros de inversión.

La normativa prevé además que el Consejo de Gobierno pueda declarar excepcionalmente estratégico un proyecto que no alcance esos umbrales cuando presente un impacto relevante para la región. Entre los criterios que podrán tenerse en cuenta figuran su carácter innovador, la generación o ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad, la creación o mantenimiento de empleo significativo o un avance tecnológico relevante para la industrialización regional.

Patricia Franco ha destacado asimismo dos novedades de la futura Ley: la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que ampliarán las actuales Unidades de Acompañamiento Empresarial, y la creación de la Comisión de Valoración de Inversiones Empresariales Estratégicas de Castilla-La Mancha.

Esta Comisión estará presidida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y contará con representantes de los departamentos del Ejecutivo autonómico implicados en la atracción empresarial, además de una vocalía vinculada a la Consejería competente en el ámbito de la actividad que se tramite como estratégica.

La declaración de inversión empresarial estratégica permitirá a los proyectos, tanto de capital regional como nacional o internacional, beneficiarse de una tramitación administrativa preferente, reducción de plazos y acceso prioritario a programas de ayudas y a las declaraciones de interés regional. Las solicitudes, a petición de los propios proyectos, se resolverán en un plazo de tres meses.

Por otro lado, Patricia Franco ha informado al Consejo de Gobierno de la próxima convocatoria de la Modalidad I de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, dirigida a personas ocupadas y dotada con 10 millones de euros.

La convocatoria, prevista para la próxima semana, permitirá alcanzar a cerca de 10.000 personas mediante acciones de formación orientadas a la mejora y actualización de sus competencias profesionales.